Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de 'Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos' (ed. UOC)

Con las elecciones generales del 20-D el cambio político ha salido reforzado. El continuismo de la austeridad y el autoritarismo se ha debilitado. Se ha agotado el sistema bipartito de alternancia ‘turnista’ de los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE. La ‘vieja’ clase política gobernante, gestora de una política antisocial y alejada de las demandas ciudadanas, tiene menor representatividad. La derecha (incluido con el apoyo de Ciudadanos) no tiene mayoría absoluta, pero el PSOE sigue bajando. Se han consolidado Podemos y sus aliados y se ha producido un reequilibrio de las fuerzas políticas en favor del cambio.

Ha culminado una fase del cambio institucional, con una amplia representación alternativa, iniciada en los ámbitos municipales y autonómicos. Supone la quiebra del cierre político, el autoritarismo y el inmovilismo ante las demandas populares de justicia social y más democracia. Es la expresión de un largo proceso de movilización cívica y de rechazo social de la ciudadanía indignada frente a las políticas regresivas, el déficit democrático de las grandes instituciones, la corrupción y la prepotencia del poder establecido.

No obstante, el panorama es complejo. Existen riesgos de bloqueo y restauración del viejo orden político y económico, pero también oportunidades para avanzar en una opción de progreso. Se abre una pugna entre continuismo (PP) y cambio (Podemos), pasando por fórmulas intermedias de continuismo renovado, con la persistencia de similares políticas de fondo, junto con cambios superficiales y limitados en algunas áreas: regeneradoras (Ciudadanos) y sociales (PSOE). Cada uno de los tres tipos de propuestas, por sí solos, no ha reunido apoyos parlamentarios suficientes. La pugna por la hegemonía de quién va a pilotar los cambios y de qué tipo y profundidad está abierta. Y, ante la dificultad para conseguir acuerdos equilibrados y justos, quizá se vuelvan a convocar nuevas elecciones generales, con la pretensión de cada actor (y el miedo a no conseguirlo) de mejorar resultados y hegemonizar la gobernabilidad.

Las dificultades para el mantenimiento de la misma estrategia regresiva, política y económica, son evidentes, dado el cuestionamiento de su legitimidad social. Los llamamientos del PP a la gobernabilidad y la estabilidad esconden y sirven a sus intereses de mantener y restaurar el poder de la derecha y, con ligeras concesiones, neutralizar cualquier cambio significativo, de políticas y de estructura de poder. La inestabilidad institucional de sus gestores gubernamentales es positiva, ya que impone la necesidad de correcciones sustanciales. La mayoría ciudadana apuesta por superar esa fase. Ante la crisis sistémica (socioeconómica, institucional y de valores) la tendencia sociopolítica dominante y ascendente es la del cambio.

Gana el cambio frente al continuismo

Veamos algunos datos, bajo el prisma del eje continuismo-cambio, para interpretar el complejo panorama creado y los desafíos transformadores para la próxima etapa.

Desde las últimas elecciones generales del año 2011, el PP, con 123 diputados, ha perdido 63 escaños y más de 3,5 millones de votos, aunque todavía conserva 7,2 millones (28,7%). Su justificación de la política de recortes sociales y autoritarismo no ha tenido suficiente credibilidad ciudadana. No ha podido esconder la realidad de desigualdad social, paro masivo, empobrecimiento, precarización del empleo, pérdida de derechos sociales y democráticos, corrupción e inmovilismo institucional. Esa estrategia está desacreditada socialmente. Ahora solo busca un acompañamiento de Ciudadanos y PSOE, que le permita continuar en el poder, consolidando la hegemonía institucional y la estrategia liberal-conservadora, con una pequeña renovación cosmética, el refuerzo del bipartidismo agotado y la neutralización del cambio. Su discurso sobre la estabilidad y la responsabilidad de Estado, forma parte de la nueva precampaña electoral.

El PSOE, con 5,5 millones de sufragios (22,0%) ha descendido 1,5 millones, a los que hay que añadir los más de cuatro millones desafectos en aquellas elecciones respecto de las anteriores del año 2008; o sea, en total ha perdido unos 5,5 millones, la mitad de su anterior electorado, quedándose en 90 diputados, la menor cifra de toda la democracia. Su fracaso respecto de la confianza ciudadana y la hegemonía política del campo progresista se profundiza. Les lleva a una crisis de su discurso, su estrategia y su liderazgo. Todo ello ha estado paliado parcialmente, hasta ahora, con el mayor poder institucional socialista adquirido en las elecciones autonómicas precisamente con el apoyo de Podemos (y de Ciudadanos en Andalucía), como medio para desalojar a la derecha.

Pero, desde la soberbia política y el aferramiento al poder, su dirección no soporta el reconocimiento de ese declive y menos sus causas, su alejamiento de la ciudadanía progresista por una política gubernamental antisocial y poco democrática. No admite la realidad de una representatividad similar a la de Podemos, que con su remontada le ha superado en sitios y sectores relevantes (superación iniciada en los ayuntamientos del cambio). El bloqueo de la élite socialista por el miedo a ese estatus disminuido y reequilibrado con Podemos, sus compromisos con los poderosos y su vacío estratégico, sin autocrítica colectiva ni rectificación global, no le permite salir bien de esta encrucijada, solo posible con una opción real de progreso.

Ciudadanos ha obtenido 3,5 millones (13,9%) y 40 diputados. Unos resultados meritorios, pero lejos de sus mejores expectativas. Su inicial perfil regenerador se ha completado con posiciones neoliberales (generalización de la precariedad del empleo a través del contrato único o su apuesta por el copago sanitario) y reaccionarias (su ultra-centralismo en materia territorial, su intervencionismo militar o su poca sensibilidad feminista). Su propuesta de cambio sensato ha quedado reducida a aspectos de renovación política, positivos pero limitados casi solo al recambio de la élite política de derechas. También ha reflejado, y lo ha notado la opinión pública, el continuismo e inmovilismo, con su vínculo con el establishment financiero y europeo y la preferencia por el PP, en otras cuestiones socioeconómicas y políticas fundamentales. En particular, su atractivo inicial para mucha gente joven ha quedado neutralizado, a pesar del apoyo económico y mediático. Así, respecto de las expectativas anteriores, no ha conseguido consolidar el voto progresista proveniente del PSOE (en competencia con Podemos). Y es difícil que crezca mucho más.

Podemos (junto con sus aliados, particularmente los de Catalunya, Galicia y Comunidad Valenciana donde se ha presentado en plataformas más amplias) ha alcanzado 5,2 millones de votos (20,7%) y 69 diputados. Es la primera fuerza en Catalunya y País Vasco y segunda, habiendo superado al PSOE, en varias provincias y comunidades autónomas. Supone nuevos desafíos para avanzar en el cambio, tratados en otro momento.

Por último, IU-Unidad Popular (sin contar su participación en las candidaturas unitarias de Galicia y Catalunya) no llega al millón de votos (3,7%), pierde casi EL 40% y, derivado de la falta de proporcionalidad de la ley electoral, se queda con solo dos diputados. Su discurso no ha encontrado suficiente eco popular y se ve abocado a repensar su estrategia política y de confluencia con Podemos. Habrá que volver sobre ello. En todo caso, es de destacar que la suma de ambos electorados es superior al voto al Partido Socialista.

En resumen, entre ambos partidos gobernantes, la pérdida de votos, desde su respectivo declive, llega a más de nueve millones; apenas mantienen la mitad de sus votantes, habiendo disminuido treinta puntos porcentuales desde la época anterior. El sistema de partidos políticos ha cambiado y la consolidación de las fuerzas emergentes es evidente. Contra todos los pronósticos oficialistas, van a permanecer, habiendo alcanzado cerca de nueve millones de votos. La vieja dicotomía derecha-izquierda (hegemonizada por el PSOE) pierde sentido y la realidad se va articulando en tres tipos de dinámicas y bloques en torno al eje continuismo –PP- (del poder establecido y la estrategia liberal-conservadora y autoritaria) y cambio –Podemos…- (demandas populares, giro social y democratización), con propuestas intermedias –Ciudadanos y PSOE- (social-liberales) de continuismo renovado o cambio limitado, con fuerte inclinación de sus élites hacia la recomposición de la primera opción y gran parte de sus bases sociales al diálogo y colaboración con la segunda.

Declive y dilema del Partido Socialista

El dilema mayor para hacer frente a su declive se le abre al PSOE. Su discurso no ha tenido suficiente credibilidad popular. Ha fracasado en su intento de aparecer como la única alternativa a la derecha con una referencia retórica de ‘izquierda’ con la que neutralizar y subordinar a Podemos y su electorado. Se enfrenta a una doble realidad y orientación. Por un lado, avalar el consenso liberal-conservador-socialdemócrata de políticas europeas, económicas, institucionales y territoriales, sin oponerse firmemente a un gobierno de las derechas. Por otro lado, negociar con Podemos y sus aliados el rechazo a esa dinámica, garantizar un avance social y democrático y apostar por un gobierno de progreso.

Las dos opciones tienen sus riesgos para ellos, pero de distinto carácter y con implicaciones muy diferentes: colaboración ‘responsable’ con la derecha a costa de menor legitimidad ciudadana, o confrontación y tensión con el poder establecido con apuesta por el avance social y democrático. La inercia de su aparato y sus compromisos con los poderosos le presionan hacia la primera opción, con la retórica de la gobernabilidad o la responsabilidad de Estado, sin suficiente sensibilidad social, democrática y de reconocimiento de la diversidad nacional. La necesidad de recuperar credibilidad social, con autonomía de la derecha y un perfil diferenciado, le condicionan hacia la segunda, de cambio, aunque a costa de la confrontación con las derechas y un necesario, dificultoso y poco probable giro progresivo en sus políticas y sus alianzas estatales.

El difícil aunque posible equilibrio para un acuerdo de progreso, debería contar con Podemos (e IU-UP) y, además, con ERC (y PNV y CC). Junto con una reorientación de la política social, económica e institucional, se hace evidente la necesidad de un tratamiento democrático de la cuestión territorial, abriendo el camino a una consulta popular en Cataluña. Tras el avance del desafío independentista la presión de los poderes fácticos para un acuerdo básico o gran coalición (PP, C´s y PSOE) será fortísima. Es lo que manifiestan los barones socialistas. Pero no es del todo descartable la tendencia contraria de reconsideración de algunos sectores socialistas, que pudiese abrir a medio plazo un compromiso democrático en una consulta negociada, en el marco de un acuerdo social y de progreso en España. Pero hoy las principales familias socialistas, desde Susana Díaz hasta Pedro Sánchez, rechazan esa opción de decidir democráticamente (tal como el propio PSC ha defendido hasta hace poco) a la que tienen verdadero vértigo por la presión del establishment.

Por tanto, de momento, el descarte socialista de ambas opciones, continuidad y permisividad con un Gobierno hegemonizado por el PP o implicación auténtica en el cambio sustancial con acuerdos de progreso, contribuye a prolongar la incertidumbre e inestabilidad de una solución gubernamental. De mantenerse la indecisión socialista, abocaría a nuevas elecciones generales. Es la tercera opción que su dirección también evalúa por sus riesgos de mayor descenso electoral. Su miedo es que, en vez de constituir una ocasión de recuperación de su protagonismo y su poder, les lleve incluso a quedar más alejados del PP y por detrás de Podemos y sus aliados (más si se resuelve bien la confluencia de IU-UP). Es decir, esta opción les puede llevar a una situación peor, respecto de alguna de las dos anteriores (que volverían a estar presentes).

La retórica superficial y crispada de la dirección socialista contra la derecha y, particularmente, su actitud y su discurso anti-Podemos no les ha dado los resultados hegemonistas y prepotentes esperados. Puede que tampoco los dé en la nueva campaña electoral si se reafirman en él, más allá de cortocircuitar un acuerdo de progreso. Se cuestionaría todavía más su papel, hasta hace poco preponderante, en el sistema institucional y agudizaría la crisis de sus liderazgos (el actual de Pedro Sánchez o el nuevo de Susana Díaz). Es el marco de la convocatoria de su Congreso. Todo ello les lleva a la tensión entre los dos grandes grupos de poder interno que, sin grandes diferencias estratégicas, pugnan por qué retórica y qué líderes pueden frenar su deterioro electoral y recuperar su ansiada hegemonía en el campo progresista y el poder institucional.

No obstante, sin el replanteamiento de su estrategia global, que solo apuntan algunos sectores de su base afiliada, se verían abocados al mismo callejón sin salida que durante los últimos cinco años: La confianza en la recuperación de su credibilidad social a través, fundamentalmente, de cambios retóricos y de comunicación y de nuevos liderazgos personales pero con la incapacidad manifiesta de su aparato de avanzar nuevas políticas alternativas a los graves problemas socioeconómicos e institucionales, con una profundización democrática.

En ese contexto, antes o después de las (parece) inmediatas elecciones generales, se puede reproducir el reiterado y probable fracaso del liderazgo socialista, sea el de Pedro Sánchez o el de Susana Díaz. Este simple recambio, con su personalismo, su apego al poder establecido y su sectarismo anti-Podemos, prolongaría el bloqueo hacia acuerdos de progreso que necesita la sociedad española. Ese freno a la tendencia de cambio y de apoyo a la responsabilidad de Estado y la gobernabilidad con la derecha, le puede asegurar algunas prebendas institucionales pero abundaría en el declive de su legitimidad pública. Condenaría al partido socialista a un mayor deterioro de su representatividad social. Dejaría de ser también funcional para dirigir la gestión institucional.

Queda lejana la hipótesis más querida por la actual dirección del PSOE de la inicial hegemonía socialista (francesa o italiana) de carácter social-liberal y respetando el consenso europeo de la austeridad (flexible) y la gestión autoritaria; desecha la solución portuguesa de alianzas con su izquierda (en un equilibrio más favorable para ellos que aquí) y el cuestionamiento a la austeridad, así como el giro crítico del laborismo británico; se resiste a la política de consenso explícito con la derecha (con los resultados nefastos del PASOK griego por su gestión del austericidio), aunque algunos, como Felipe González, confían en la experiencia más amable del SPD alemán en coalición y subordinación con Merkel. La socialdemocracia europea tiene un problema de orientación y determinación para construir una Europa más social, justa y democrática. Además, el PSOE, para realizar una política real de cambio, debe tener en cuenta la especificidad de nuestra realidad socioeconómica e institucional, los equilibrios de las nuevas fuerzas políticas (Podemos) y su plurinacionalidad, así como la persistencia de una amplia ciudadanía crítica. Cosa que no contempla en su último emplazamiento poco convincente, se supone que a Ciudadanos y Podemos, y descartado por ambos.

No obstante, parece que no hay estrategias firmes y creíbles con suficiente peso en el interior del PSOE. Sus propuestas son superficiales, de imagen y retórica, que ni siquiera esconden la fuerte pugna interna por la conservación de parcelas de poder institucional, desde un posibilismo alicorto. De no dar una fuerte reorientación, hoy inexistente, la dirección socialista demostraría su incapacidad para liderar la modernización y la democratización que España, sus estructuras económicas y políticas, necesitan. Afirmaría su alejamiento de las fuerzas sociales más dinámicas de la sociedad española, los jóvenes, los sectores urbanos, incluido los más ilustrados, y la ciudadanía activa. Así, solo cabe que sigan en su declive, pegados a la derecha y a su inercia en las estrategias globales, a sectores envejecidos y del ámbito rural con reticencias al cambio, combinado con momentos, lugares y aspectos en que acompañen la iniciativa de las fuerzas alternativas y de progreso para avanzar en el camino de un cambio sustancial en España, que les permita mantener cierta legitimidad entre la gente progresista. Pero, sería insuficiente para evitar su declive y encabezar el cambio sustancial que este país necesita.