El 18 de febrero de 1895 el marqués de Queensberry entró en el club de caballeros Albermale, en Londres, y dejó en la portería una nota para "Oscar Wilde, que presume de sodomita". El aristócrata era un escocés irascible y excéntrico que ha pasado a la historia como creador de las reglas del boxeo. Era también el padre del descerebrado lord Alfred Douglas, a la sazón amante de Wilde. Cuando el escritor recogió el mensaje dos semanas después se sintió públicamente insultado. Teniendo en cuenta que en esos momentos la práctica de la sodomía era un delito incluido en el código penal británico, decidió demandar al noble por libelo. Acudió para ello a un abogado que lo primero que le preguntó es si la acusación era cierta. Pese a ser abiertamente homosexual, Wilde contestó sin dudarlo que no. Dos días después se presentó una demanda y Queensberry fue detenido.

El juicio por libelo empezó a las pocas semanas… pero no salió como pensaba el autor teatral. Wilde era en aquel momento el escritor británico más famoso y el mejor conectado, pero su fama -y su ingenio inigualable- no fueron suficientes para contrarrestar su enorme torpeza jurídica. Ese proceso no ha pasado a la historia como el juicio contra Queensberry; se estudia en las facultades de derecho como el juicio contra Óscar Wilde. Y terminó con el escritor cumpliendo durante varios años una pena de trabajos forzados en la cárcel de Reading, de donde solo salió para exiliarse y morir como una persona absolutamente hundida.

La explicación está en una tradicional institución jurídica a la que los juristas se suelen referir en latín como exceptio veritatis. Algo tan antiguo y tan de cajón que ya se reconocía en la Atenas clásica. Significa simplemente que el acusado de imputar a alguien un hecho puede librarse de la acusación si demuestra que lo que dijo es veraz. Eso implica, en la práctica, que cualquier proceso por difamación, calumnias o similar puede fácilmente volverse contra quien lo inicia. La parte acusada tiene derecho a presentar pruebas de que lo que dijo es cierto.

En los asuntos realmente mediáticos, esto significa que aunque uno sea inocente a veces no conviene denunciar a quien lo acusa en falso. El marqués de Queensberry presentó pruebas falsas y testimonios pagados para demostrar la actividad sexual entre su hijo y Wilde y coló. Aunque eso no suceda, a veces el ruido mediático que conlleva un juicio de estas características hace que la opinión pública no sepa bien quién es el realmente acusado y el daño a la reputación puede resultar irrecuperable.

Todo esto viene a cuento de que estos días el cantante Julio Iglesias ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias o calumnias contra la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, supuestamente por haberlo llamado en público ‘abusador sexual’.

El caso se remonta a una investigación periodística de Univisión y ElDiario.es que sacó a la luz los testimonios de dos antiguas empleadas del cantante, Rebeca y Laura, que denunciaban continuos abusos sexuales y físicos, actividades de control obsesivas y horarios laborales inhumanos. A raíz de ello, una asociación de defensa de las mujeres interpuso ante la fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por los supuestos delitos de abusos y trata de personas para trabajos forzados o servidumbre. En principio, uno diría que los indicios eran más que suficientes para, al menos, iniciar una investigación. Desde luego, muchos más indicios que en los casos políticos recientes más sonados sobre personas del entorno del presidente del Gobierno. Además de los impactantes testimonios de estas dos mujeres consta también una investigación abierta de oficio contra el cantante por irregularidades en los visados de sus trabajadoras dominicanas. La fiscalía, sin embargo, se quitó el tema de encima alegando que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre hechos eventualmente cometidos en la República Dominicana, aunque su autor tenga nacionalidad española. Es una conclusión discutible, pero fundada jurídicamente. Así que los tribunales españoles siguen sin haberse pronunciado sobre el tema. Entretanto, Julio Iglesias disfruta de la presunción de inocencia ante cualquier tribunal.

Eso no significa que esté prohibido que la Vicepresidenta Díaz exprese su convencimiento de que el cantante es un abusador. Significa simplemente, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que si Díaz lo dice tiene que tener indicios suficientes para ello. Y ahí es donde entra la torpeza (o la sinceridad) de un cantante que parece estar emulando a Óscar Wilde. Si finalmente se interpone la querella, lo primero que razonablemente hará la acusada será pedir que se escuche a las dos mujeres que públicamente denunciaron los abusos. Así, lo que la fiscalía ha intentado evitar se convertiría en realidad gracias a la iniciativa del famoso intérprete musical. Si sigue adelante, muy posiblemente los tribunales españoles oirán a las mujeres a las que hasta ahora no se ha querido que oigan.

Es imposible saber cómo acabará jurídicamente el tema. No es descartable que al final le den la razón a Julio Iglesias y condenen a una multa a Díaz. En todo caso, para llegar a eso tendríamos antes un interesante debate nacional sobre los testimonios de estas mujeres que parecen sentirse genuinamente víctimas de un maltrato y aportan detalladísimos datos sobre unas condiciones basadas en su explotación física. En general, el proceso versaría sobre si puede denominarse abuso la manera en que numerosas trabajadoras jóvenes y vulnerables son contratadas para atender al cantante en su mansión dominicana. Si el antiguo ídolo musical tiene tan claro todo lo que ha hecho, debe seguir adelante. La transparencia sobre el comportamiento de quienes se ofrecen en público como modelo social es siempre de agradecer.

Óscar Wilde pecó de orgulloso. Se sabía poderoso y aunque era culpable (en términos jurídicos) del delito de acostarse con hombres creía que nunca se iba a poder demostrar. Julio Iglesias ahora puede estar abriendo la caja de los truenos. A estas alturas, si finalmente no presenta su querella muchos pensarán que es porque tiene algo que ocultar. Si sigue adelante, asistiremos a un juicio sobre esas prácticas que, vistas desde fuera y sin prejuzgar el asunto, resultan como mínimo chocantes. Visto que él mismo estudió derecho de joven parece lícito pensar que al denunciar a la líder de Sumar lo que ha querido realmente (además de ayudar a sus amigos conservadores) es abrir una vía para que dos mujeres que denuncian abusos sexuales puedan ser escuchadas por los tribunales españoles. Que no tenga duda de que las mujeres españolas le agradecerán esa aportación postrera a los derechos de las víctimas.