Una jueza de Madrid ha decidido enviar a juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal. El caso lleva ya coleando más de tres años, desde que Hacienda descubrió en una inspección que presuntamente había utilizado diversas tretas para evitar tributar por las ganancias de unos negocios realizados durante la pandemia. Tras aflorar el fraude, su abogado intentó llegar a un pacto con la fiscalía por el que, a cambio de reconocer el delito, se le condenara solo a ocho meses de cárcel y una multa millonaria, pero no hubo acuerdo.

Tras la decisión de abrir juicio oral, el jefe de gabinete de la presidenta publicó un mensaje en redes sociales insinuando que se trata de una persecución política. El cerebro político de Isabel Díaz Ayuso dice que  la jueza que ha decidido es “la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido” y la acusa directamente de corrupta.

Llama la atención que un altísimo cargo del Partido Popular se permita un ataque de tanta entidad contra un miembro del poder judicial, visto que todos los demás líderes conservadores insisten en decir que en España no hay lawfare y que nuestro poder judicial actúa siempre con imparcialidad.

A primera vista, puede parecer que desde el principal partido de la oposición, se viene a insistir en la idea de la politización de nuestra justicia y se extienden las sombras de sospecha sobre decisiones que no estarían justificadas por la estricta aplicación de la ley sino  por motivaciones políticas.

Sin embargo, esa puede ser una lectura equivocada. En realidad, Miguel Ángel Rodríguez no hace esas acusaciones porque cree que efectivamente la jueza está actuando a las órdenes del Partido Socialista. Su objetivo es superior: deslegitimar las acusaciones de la izquierda en las que se denuncia que a algunos jueces españoles no les cuesta retorcer la ley para perjudicar al Gobierno de coalición.

El jefe de gabinete no tiene ya miedo a quemarse y se presenta en público como un hooligan, criticando con descaro a la jueza en un caso en el que no hay ninguna apariencia de lawfare. Y lo hace para crear en la opinión pública la sensación de que las críticas a los jueces son siempre meros berrinches de malos perdedores, tanto de un bando como de otro.

Efectivamente, en cualquier juicio, la parte perdedora suele considerar que el juez está equivocado o directamente vendido. Como les pasa a los niños en la escuela, todos tendemos a pensar que cuando no nos dan la razón es porque nos tienen manía. Atribuir motivaciones políticas a los jueces que resuelven casos mediáticos resulta especialmente tentador y ahora se quiere transmitir que si lo hacen desde un bando y el otro es señal de que nuestros jueces son efectivamente neutrales.

Desgraciadamente, no es así. En España existe lawfare, aunque no toda decisión injusta de un juez es lawfare. Ni siquiera toda actuación ideológica de un juez puede llamarse así. El lawfare es la manipulación de la justicia para alterar los resultados electorales dictando resoluciones que obedecen a intereses políticos y despreciando la ley.

En nuestro país, antes que eso tenemos un problema de falta de imparcialidad. La mayoría de decisiones ideológicas de nuestros jueces, no responde tanto a una estrategia política deliberada, como a su incapacidad de liberarse de su sesgo político que les lleva a entender el mundo conforme a su ideología.

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Todos vivimos cada vez más encerrados en burbujas ideológicas. Preferimos leer y oír solo aquello que refuerza nuestras creencias previas y le restamos credibilidad a lo que las ponga en riesgo. Y en vez de interpretar el mundo conforme a los nuevos datos que conocemos, reinterpretamos esos datos, incluso torciendo la realidad, para adaptarlos al marco mental que tenemos ya construido. 

Cuando de aplicar las normas jurídicas se trata, los jueces deberían evitar ese modo de actuar y adoptar una cierta imparcialidad. Esa es su principal obligación como servidores públicos. No es tan importante que conozcan todo el derecho vigente como que lo apliquen liberándose antes de sus pasiones y su visión del mundo. Sin embargo, nuestra judicatura, formada exclusivamente con el estudio memorístico, es incapaz de hacer esa operación y muy a menudo dicta resoluciones ideológicas. Pero no siempre son lawfare. La mayor parte de las veces es simple mala práctica, porque tenemos jueces muy malos en esa tarea de la imparcialidad.

Por otro lado, hay casos en los que ni siquiera cabe hablar de sospecha de lawfare, so pena de reducir la categoría a una mera queja de mal estudiante. Son asuntos en los que no cabe reprochar a los jueces ningún espacio de discrecionalidad: no se han saltado las normas vigentes ni su interpretación habitual, de modo que es imposible atribuir ninguna intención política a decisiones que son de cajón.

Es lo que sucede en los casos claros de corrupción. Lo que pasó con la Gürtel, pero también con las actuales investigaciones contra Ábalos, Koldo, Cerdán y sus acciones delictivas al amparo del Partido Socialista, por ejemplo. Cuando la fiscalía y los cuerpos policiales competentes encuentran evidencias claras de corrupción, el hecho de que los implicados tengan cargos públicos no significa que los asuntos se tramiten por motivaciones políticas, con independencia de que haya actuaciones concretas más o menos discutibles.

En el caso de González Amador, resulta difícil acusar a los jueces de falta de objetividad, tratándose de un procedimiento que parte de unas graves irregularidades detectadas por Hacienda y en el que la propia defensa del acusado estaba dispuesta a llegar a un pacto y reconocer el delito. No se puede descartar de antemano que alguno de los escasos jueces de simpatías políticas de izquierda, pueda llegar a abusar de su posición para perjudicar al Partido Popular. Un simple cálculo de probabilidades hace pensar que si eso ocurriera sería inmediatamente neutralizado por alguno de los jueces superiores pertenecientes a esa inmensa mayoría ideológicamente conservadora. En esta ocasión, ni siquiera hay que indagar en ello, porque el asunto parece suficientemente evidente.

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Cuando en la primera campaña electoral de Donald Trump se acuñó la expresión fake news para las informaciones falseadas deliberadamente creadas para perjudicar a sus adversarios, él no tardó en adueñarse de ella y utilizarla para referirse a cualquier dato real y contrastado que le perjudicara. De ese modo, consiguió que se volviera irrelevante. Si todos los políticos llaman bulos a cualquier hecho que no les convenga, deja de ser útil hablar de bulos. Miguel Ángel Rodríguez está intentando lo mismo con la politización de la justicia. Crea confusión, llama a todo lawfare e intenta conseguir que pierda sentido denunciar la extrema politización y la extendida falta de imparcialidad de nuestros jueces. Frente a ello, es importante mantener la sutileza en el debate público y no entrar en el juego de considerar vendidos a todos los jueces que no nos dan la razón.