Cuando los científicos nos alertan de las consecuencias para el planeta del consumo humano a escala global y de los impactos y riesgos, potenciales y reales, de toda índole, que tiene, es difícil poder seguir viviendo “sin mirar hacia arriba”.

La comida es, sin duda, un relevante elemento cultural y de cohesión social. A todos nos gusta comer bien y disfrutar de la sobremesa rodeados de nuestros familiares y amigos. Sin embargo, una de las principales causas antropogénicas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidades el impacto que tiene la explotación de animales y de los espacios naturales para el consumo alimentario.

De antemano, pido disculpas al lector por la marea de datos ofrecida, que puede resultar abrumadora, pero creo que merece la pena hacer un esfuerzo para poder vislumbrar la magnitud y la complejidad de la cuestión que se pretende exponer, con algo de profundidad, aún a riesgo de resultar tediosa.

Comencemos con el majestuoso elefante blanco en la habitación llamada Tierra: la población humana mundial alcanza ya los 8.300 millones, con previsión de rebasar los 10.000 millones en 2080. Es más que evidente que proveer de alimentos a una población tal es un auténtico desafío para un planeta finito y con los recursos naturales ya esquilmados hace tiempo.

Las estimaciones de Naciones Unidas son irrefutables: los seres humanos y los animales criados para servir como alimento, en términos de biomasa, suponen el 96% de todos los mamíferos de la tierra y las aves de corral representan ya el 70% de todas las aves vivas. Alimentar al ser humano y a los animales domésticos tiene un impacto real en la calidad del aire, del agua y de la tierra que los seres vivos necesitamos para vivir.

Por incómodos que nos resulten los datos, la realidad es la que es. Por eso ya estamos en fase de acción urgente. Desde hace mucho tenemos el conocimiento científico necesario para saber qué está pasando y cómo se debe actuar. Como ciudadanos tenemos el deber de esperar que nuestros dirigentes pongan en marcha políticas públicas para afrontar estos desafíos que están sobre la mesa y plantearles la cuestión crucial: ¿estamos decididos a continuar devorando el planeta o vamos a ponerle ya remedio?

Los indicadores manejados por Naciones Unidas refieren que el 12% de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) proceden de la ganadería. Concluyen que, tomando, por ejemplo 2015 como año de referencia, solo ese año se produjeron 810 millones de toneladas de leche, 78 millones de toneladas de huevos y 330 millones de toneladas de carne. Por supuesto, nada de ello se repartió equitativamente entre la población mundial. Más bien al contrario, la sequía, los incendios forestales, los fenómenos atmosféricos adversos y la escasez de cosechas como consecuencia del calentamiento global, hacen que la situación no haga más que empeorar.

Las posibles soluciones para afrontar esta crisis del sistema alimentario, en un contexto de emergencia climática, pasan, según un informe de la Comisión Europea publicado este 26 de septiembre, por transitar hacia un modelo de consumo y una producción alimentaria basados en plantas y en proteína vegetal; por mejorar las prácticas actuales de producción agrícola y ganadera, y por reducir el desperdicio de alimentos.

Todo lo apuntado por los expertos parece de bastante sentido común, pero no acabamos de ver que se ponga en práctica. Más bien parece que los pasos que se dan van en sentido contrario.

Lo cierto es que no hay tiempo que perder. Se deben buscar, financiar e implementar ya aquellas medidas que están fuertemente respaldadas por el consenso científico mundial y por los organismos oficiales correspondientes.

Pero en esta necesaria transición alimentaria, como en otras, no podemos seguir silenciando y dejando caer a los eslabones más débiles. Se debe poner nombre a lo que subyace tras los macrodatos, se debe poner en consideración a los billones de individuos cuyas vidas querían ser vividas. Billones de seres sintientes, emocionalmente complejos, cuyas existencias no han tenido ninguna posibilidad de prosperar en este mundo desde que nacieron hasta que pasaron a ser trocitos de comida en el tenedor de alguien.

A nadie se le escapa que estamos ante un problema de grandes dimensiones e implicaciones complejas que debería estar en el foco de las agendas políticas mundiales, pero no es menos cierto que tenemos al alcance alternativas de proteína vegetal para ir reduciendo el consumo de carne. Y no, no exige un gran esfuerzo ni hay que alimentarse a base de ultraprocesados. Con algo tan simple como, por ejemplo, recurrir a las legumbres y a los frutos secos de toda la vida, ya haremos una gran diferencia. Llenemos nuestros platos de colores y sabores vibrantes con frutas y verduras frescas. Saquemos a todas esas inocentes criaturas de ellos y así estaremos mejorando nuestra salud, reduciendo el maltrato animal, los incendios, la deforestación, la desertificación, la defaunación, y todas las derivadas indeseables asociadas a los modelos productivos basados en la explotación animal y el capitalismo salvaje.

Parece una receta sencilla pero, mientras hacemos un llamamiento desesperado a la acción individual, irremediablemente se ha de continuar con las exigencias a nuestros gobernantes, responsables últimos de las políticas públicas y de las medidas concretas que no se están tomando. Porque, por desgracia, hasta el momento la cosa no va mucho más allá de lucir un pin en la solapa que simboliza el compromiso con la Agenda 2030 mientras, al mismo tiempo, alabar las bondades del “chuletón imbatible” ¿Se puede ser más hipócrita? Sí, créanme que se puede.

Y es que mientras el planeta agoniza y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que los Estados miembros no pueden impedir que los fabricantes de alimentos realizados con proteínas vegetales utilicen etiquetas como carne, filete, salchicha o hamburguesa vegetal, el Grupo Parlamentario Socialista presentó, a finales de septiembre, una Proposición no de Ley (PNL) en la que, haciendo suya la agenda del lobby cárnico español, y enmascarándola como una medida de protección al consumidor, insta al Parlamento a prohibir esos términos, utilizados comúnmente por el sector cárnico, en los productos sustitutivos de origen vegetal porque no contienen (afortunadamente) en sus ingredientes restos de músculos, grasa, sangre o vísceras de algún animal muerto.

Poderoso caballero es don Dinero y no es de extrañar la ofensiva del sector cárnico español, que ya nos tiene acostumbrados a que, por un lado, ocultan lo que de verdad ocurre en las granjas y, por otro, promocionan grandes publirreportajes repletos de animales “felices” y caras famosas que nos recuerdan que comer cadáveres es sinónimo de libertad. Pero, fuera del foco mediático, parecen estar llevando a cabo una soterrada ofensiva legal, de incidencia legislativa y de lobby político, para frenar el avance de estas alternativas éticas y sostenibles, tal y como ya está sucediendo en otros países. Todo ello podría explicar, por ejemplo, el motivo de por qué en 2024 todavía en la mayoría de las universidades españolas se siguen sin implantar los menús vegetarianos y veganos, o ni si quiera existir como opción.

Lamento no ser optimista, pero el Gobierno de España, el que dirige la acción política del país, no parece estar decidido a dar los pasos apuntados por Naciones Unidas y demás organismos internacionales autorizados, es decir, ni con la firmeza ni con la determinación necesaria para resistir a las presiones de todos estos poderosos sectores económicos.

Todo parece indicar que están yendo en la dirección contraria. Aquella que nos lleva más aún hacia el abismo, incentivando el aumento de la natalidad humana, apostando por continuar con el modelo productivo alimentario que nos ha traído hasta aquí, criminalizando y persiguiendo a los activistas climáticos como a terroristas y entregando premios - y aplausos- a la sostenibilidad de las empresas cárnicas.

Pero no se preocupen en exceso, que todo va bien mientras no les den guisante por casquería.