El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que comprará la Casa Orsola a su propietario, Albert Ollé, para evitar el desahucio de los vecinos. Sin duda, es una buena noticia para los inquilinos del inmueble del Ensanche barcelonés, que después de años de angustia, parece que podrán quedarse en sus hogares. La adquisición es una hábil jugada del gobierno municipal de Jaume Collboni, que veía cómo el edificio se convertía en un símbolo de la emergencia residencial. A las protestas en la calle —que lograron detener los dos primeros intentos de desahucio — se sumaron referencias a la lucha de la Casa Orsola en la gala de los Premios Gaudí y el salto a la prensa estatal. Collboni no podía permitirse que se consolidase un foco de protestas en el centro de la ciudad, que pusiera en peligro la pax socialista en la que confía para llegar sin sobresaltos hasta las elecciones de 2027.

Lo que no está tan claro, sin embargo, es hasta qué punto la compra es una gran noticia para el derecho a la vivienda en Barcelona y Cataluña. El consistorio gastará más de 9 millones de euros, un desembolso que el Sindicat de Llogaters ha denunciado como un "rescate a un especulador con dinero público", que no se ha negociado ni con los inquilinos ni con el Sindicato. No es la primera vez que el Ayuntamiento adquiere un edificio para poner freno a la especulación. De hecho, durante los dos gobiernos de Ada Colau, el consistorio compró 51 inmuebles con este fin.

El problema es que hay muchas más Casas Orsola y el Ayuntamiento no puede comprarlas todas. En Barcelona, más de 4.700 edificios son de propiedad única, según un informe del Instituto Metrópoli. El 30% están en el Ensanche, uno de los distritos más amenazados por la especulación. Una presa suculenta para los fondos de inversión, que pueden comprar un inmueble entero, no renovar los alquileres, rehabilitar la finca y subir los precios. Una de las vías más habituales es sustituir los alquileres de larga duración por contratos temporales, el principal agujero en la regulación de la Ley de Vivienda de 2023.

En diciembre, PSC y comunes pactaron un primer paso para restringir el alquiler temporal en Barcelona, pero es difícil saber cuándo se hará realidad. Poco después, los mismos partidos acordaron en el Parlamento catalán multar a los propietarios que esquiven los límites de la Ley de Vivienda, superando los límites de precios o utilizando el subterfugio de los contratos temporales. Son herramientas que pretenden resolver el vacío dejado por la Ley de Vivienda, pero solo una reforma de la norma pondría fin a los fraudes.

Otra vía para luchar contra la especulación es multiplicar el parque de vivienda protegida, que en España no llega al 2 % del total, cuando la media europea supera el 9 %. Es el resultado de décadas de políticas de vivienda guiadas por aquella famosa frase del ministro franquista José Luis Arrese, que quería "una España de propietarios, no de proletarios": millones de viviendas públicas han terminado vendidas en el mercado libre, alimentando la especulación inmobiliaria.

Resulta razonable pedir a los promotores privados, que tanto dinero han ganado con el negocio inmobiliario, que se unan a las administraciones en el esfuerzo de aumentar ese ridículo 2 %. Este es el objetivo de la medida que, en Barcelona, obliga a destinar el 30 % de las nuevas promociones a vivienda social. Es curioso que el mismo Collboni que compra la Casa Orsola quiera rebajar la reserva del 30 %. La modificación de la norma propuesta por el gobierno municipal supondría renunciar a más de 18.000 viviendas protegidas, según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), que considera que la reserva de vivienda asequible es "un dique de contención que desincentiva las prácticas especulativas e impide desalojos masivos de inquilinos".

La compra de la Casa Orsola es una excepción. Para resolver la crisis de vivienda, lo más importante son las normas.