Cuando tu casa vale más sin ti dentro

La imagen es difícil de olvidar. Una mujer de 87 años sale en camilla de la casa en la que ha vivido durante 71 años. Fuera hay centenares de personas. Dentro quedan prácticamente todos los recuerdos de una vida. Maricarmen llegó a aquel piso en 1956. Allí vivió con sus padres, allí fueron pasando los años y allí pensaba, con bastante lógica, terminar sus días. Pero un día su casa dejó de ser solamente su casa, porque para otros pasó a ser una inversión. Y cuando eso ocurre, cuando el hogar de alguien entra en una hoja de cálculo, la vida empieza a hablar un idioma y el dinero otro. La empresa propietaria pretendía llevar un alquiler que rondaba los 500 euros hasta los 2.650 mensuales, mientras ella cobra una pensión de unos 1.350. No hace falta darle demasiadas vueltas, porque las cuentas, directamente, no cuadran. Una escritora anónima (o quienquiera que fuera) llegó incluso a ofrecerse a pagar la diferencia, mes a mes, con el objetivo de evitar el desahucio. Si el problema hubiera sido simplemente cobrar el alquiler, ahí podría haber terminado todo. Pero no terminó. La querían fuera igualmente. Porque esto nunca ha ido solo de cuánto paga Maricarmen, sino de cuánto puede valer esa vivienda sin Maricarmen dentro. Nada de esto bastó. El pasado miércoles la desahuciaron, salió en camilla y acabó en el hospital.

A veces utilizamos palabras que suavizan demasiado las cosas. Hablamos de “lanzamientos”, de “activos inmobiliarios”, de “rentabilidades”, de “actualización de rentas”, de “oportunidades de inversión”. Parece que estemos jugando a un juego de mesa donde las personas fueran simplemente piezas intercambiables en un tablero. Pero detrás de cada una de esas expresiones puede haber algo tan sencillo como una señora que lleva siete décadas durmiendo en la misma habitación. Y esto es precisamente lo que hace tan incómodo el caso de Maricarmen. Porque este caso particular desnuda el funcionamiento del sistema hasta hacerlo casi grotesco. Aquí no había una inquilina que hubiera decidido dejar de pagar ni peligrosísimos okupas. Incluso, como decía anteriormente, había gente dispuesta a pagar la diferencia hasta los 2.650€. Entonces, llegados a este punto, creo que es importante hacerse una pregunta muy básica: ¿para qué sirve exactamente una economía si es capaz de considerar perfectamente racional sacar de su casa a una mujer de 87 años que ha pagado el alquiler durante toda una vida?

Se ha discutido estos días sobre si la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen es o no un “fondo buitre”. La propia compañía, que se presenta como una pyme y como plataforma de inversión inmobiliaria, ha llegado a emprender acciones contra el Sindicato de Inquilinas por utilizar ese término. A mí la discusión semántica me interesa bastante menos que lo que ocurre materialmente. Podemos llamarlo fondo, sociedad inmobiliaria, vehículo de inversión o Pepito Pérez S.L. (que me perdonen Pepito Pérez y su S.L., si existen). Pero lo que verdaderamente importa aquí es el modelo. Un modelo que se basa en comprar vivienda como activo, extraer de ella la máxima rentabilidad posible y venderla cuando convenga. Si una vivienda puede alquilarse por 2.500 euros, mantener un contrato de 500 supone renunciar a 2.000 cada mes. Desde la lógica financiera, la conclusión es evidente. Desde la lógica de una sociedad decente, quizá debería serlo también. Pero en sentido contrario. Porque una casa no es un paquete de acciones. No puedes separar limpiamente su precio de quien vive dentro. Por eso cuando dejamos la vivienda únicamente en manos de las reglas de rentabilidad terminamos descubriendo que el mercado puede hacer cosas muy eficientes y profundamente indecentes al mismo tiempo.

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Público / EFE

El caso de Maricarmen ha prendido porque millones de personas reconocen algo propio en él. No porque todas vayan a ser desahuciadas mañana, sino porque cada vez más gente sabe qué significa que tu vida dependa de las decisiones económicas de alguien que jamás has visto. Que se termine el contrato. Que llegue un burofax. Que el piso cambie de propietario. Que el alquiler suba 300 euros. Que tengas que dejar el barrio donde has vivido siempre porque sencillamente ya no puedes pagar un alquiler. Después nos preguntamos por qué miles de personas salen a la calle, por qué aparecen acampadas o por qué la vivienda se está convirtiendo en el gran conflicto político de nuestro tiempo. No creo que haya demasiado misterio. Tampoco vamos, a estas alturas del partido, a hacernos los gilipollas, ¿verdad? Durante años hemos repetido que la vivienda es un derecho mientras construimos un mercado donde cada metro cuadrado debía producir la mayor rentabilidad posible. Las dos cosas podían convivir mientras los precios fueran soportables. Pero, cuando dejan de serlo, toca elegir qué protegemos primero.

Por eso la respuesta no puede ser pedir sensibilidad a los propietarios ni confiar en que los inversores tengan buen corazón. Una sociedad no puede organizar derechos fundamentales alrededor de la bondad particular de quien tenga en ese momento las escrituras. Las reglas están precisamente para decidir qué cosas permitimos hacer con aquello que formalmente nos pertenece. Ponemos límites a la contaminación de una fábrica, aunque sea privada. Prohibimos vender determinados productos, aunque haya alguien dispuesto a comprarlos. Regulamos horarios, salarios, contratos o despidos porque hace mucho que entendimos que la propiedad y el mercado no son poderes absolutos. Con la vivienda, sin embargo, seguimos actuando como si cualquier límite fuera una anomalía y la aniquilación de la sacrosanta oferta. Y quizá la anomalía sea aceptar que una persona pueda vivir 71 años en una casa, cumplir con sus obligaciones, hacerse anciana allí y descubrir al final que todo eso pesa menos que la rentabilidad potencial del inmueble.

Y por eso importa lo que ocurra hoy en el Consejo de Ministros. El Gobierno lleva meses preparando un real decreto-ley de vivienda que pretende reforzar la protección frente a los desahucios, dar más estabilidad a los contratos, regular el alquiler de temporada y de habitaciones y dificultar algunas de las vías por las que hoy se dispara el precio de los alquileres. El texto todavía se está negociando y necesitará después apoyos en el Congreso, pero sería absurdo que todo lo ocurrido con Maricarmen no tuviera consecuencias directas en la acción legislativa. Porque las soluciones existen y van desde proteger a quien vive en una vivienda frente a operaciones puramente especulativas, hasta impedir que terminar un contrato se convierta automáticamente en una expulsión. Además, creo que va siendo hora de asumir que, cuando chocan el derecho de alguien a seguir viviendo en su casa y la posibilidad de otro de aumentar todavía más su rentabilidad, el Estado no tiene por qué declararse neutral.

Maricarmen dijo desde el hospital que quería que el problema de los fondos buitre terminara de una vez por todas. Puede haber a quien esto le suene radical, pero creo que, por suerte, a cada vez más gente empieza a parecerle bastante más radical considerar normal que una mujer de 87 años salga en camilla de la casa en la que ha pasado prácticamente toda su vida. Y, para más inri, que después haya quien llame a eso “funcionamiento ordinario del mercado”. Al final, una sociedad también se define por las cosas que decide que no están en venta.