Pablo Casado lleva toda la legislatura sin aceptar al Gobierno de la nación democráticamente elegido, tachándolo de ilegítimo. Al mismo tiempo, ataca directamente la línea de flotación de la separación de poderes bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como también la del Tribunal Constitucional y ahora, el de Cuentas. Niega el derecho a opinar a la CEOE o la Conferencia Episcopal y mancilla acuerdos institucionales de homenaje a las víctimas del terrorismo... pero los golpistas, según él, son otros.

A pesar de haber cosechado los peores resultados en la historia de su formación, el líder del Partido Popular (PP) está haciendo cuanto está en su mano para entorpecer el normal funcionamiento de la nación... de su patria, que le gustaría decir a él. Su nivel de deslealtad con España ha llegado a tal punto que, pese a que tanto desde la Unión Europea (UE), la OCDE y el FMI avalan las políticas de nuestro Gobierno y aplauden las perspectivas económicas del país, Casado se dedica a descalificar estas mismas políticas viajando por Europa o en artículos de opinión en medios internacionales, tratando así de boicotear, entre otras, la cantidad de Fondos Europeos con los que ayudar a la economía española.

En lugar de contribuir a resolver el problema territorial al que España lleva años enfrentándose y del que Catalunya tan sólo es la punta del iceberg, Casado hace cuanto es posible por volar cualquier puente de diálogo, llegando a haber hecho la vida imposible al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o a criticar a su querida Conferencia Episcopal, deslegitimándolos para opinar sobre esta cuestión. Ver fotografías imposibles gobernando el PP, como es la del rey cenando con el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona hacen sudar frío a Casado, que en lugar de desear que los efectos de los indultos sean positivos, reza porque agraven la situación política de España.

En este contexto, a Casado le urge una convocatoria urgente de elecciones generales. Restan dos años para la nueva cita electoral y sabe que a medida que se controle la pandemia y los indicadores económicos mejoren, más insostenible será su antipatriotismo y, por emplear su misma ligereza en el uso del lenguaje, su velado golpe de Estado. Y como no se va a producir tal adelanto electoral, sobrevuela una nueva moción de censura.

El problema con dicha moción es que no salen los números. La derecha es minoría y la convoquen los fascistas para sacar los colores a Casado y obligarle a aplaudir el discurso extremista, o la convoque el propio PP, con el apoyo del reclama-migajas de Ciudadanos, es imposible que salga adelante. Tan sólo serviría seguir intentando hacer perder el tiempo a un gobierno que avanza en su gestión, que aunque se ha tenido que enfrentar al mayor reto sanitario de nuestra democracia, ha conseguido avances sociales sin precendentes, desde una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); al Ingreso Mínimo Vital (IMV); acuerdos inéditos entre gobierno, patronal y sindicatos; cerco a la explotación con inspecciones de trabajo, incluso, en el campo; la ley de eutanasia, la ley trans...

Las mociones de censura se conciben contra quien gobierna, pero la actuación del PP y Casado como máximo representante de la oposición es tan pobre, desleal y antipatriótica que debería podérsele hacer la moción a esta agrupación. Las actuaciones -y digo 'actuaciones' y no 'acciones'- del PP son tan esperpénticas, llegando a introducir los indultos en un debate sobre la salud mental que, por ser desleal lo es hasta con su hinchada, a la que deja en ridículo. O Pablo Casado se pone las pilas, más aún con Isabel Díaz Ayuso catapultada por Aznar, o va camino de ser el Antonio Hernández Mancha del siglo XXI, ya sabe, aquel presidente de Alianza Popular (germen del PP) entre 1987 y 1989 cuyo fiasco en una moción de censura contra el PSOE fue el inicio de su declive político.