Caso Adolfo Suárez: por qué la reparación social y política es posible y muy necesaria

La pregunta más repetida a lo largo de los últimos días a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresiones sexuales ha sido: "¿Por qué ha tardado más de cuatro décadas en contarlo? " "¿Por qué ahora?".

La  respuesta de Ariadna (nombre ficticio) supone toda una lección sobre las dificultades que enfrentan las víctimas de violencias sexuales a la hora de denunciarlas. "Las víctimas hablamos cuando podemos, no cuando queremos". El silencio de esta víctima no es nuevo, sino la norma, y forma parte de la construcción social de lo que el feminismo nombra como "cultura de la violación", una construcción de mitos que normalizan y minimizan las violencias sexuales hacia las mujeres. Todo un sistema social de impunidad que ha permanecido inmutable en el tiempo, como recuerda la experta Bárbara Tardón. Un silencio más incisivo cuando los agresores son hombres poderosos, reconocidos socialmente por su supuesta estatura moral y considerados, como es el caso de Suárez, como un prócer salvador de la patria.

La inmensa mayoría de las víctimas de violencia sexual sufren durante años, décadas, o incluso toda su vida las consecuencias de los abusos y violaciones que han vivido. Y lo hacen en un silencio impuesto que las quiebra, las aparta, las empobrece, destruye su dignidad y las mantiene en un limbo social. Esto desgranó Ariadna en las ocho páginas de su denuncia ante la Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional el pasado 9 de diciembre, 43 años después de su primer encuentro con Suárez. Ella tenía entonces 17 años. Él, 50.

Era plenamente consciente de que el recorrido judicial de su denuncia sería corto o ninguno. Los hechos están prescritos y Suárez falleció hace más de una década. Pero lo hizo sabiendo, también, que hacer públicos los hechos que marcaron su vida desde que era una niña, sería el primer paso para exponer su verdad y el único camino hacia la reparación.

Los tiempos y los métodos de la justicia no coinciden en muchas ocasiones con los de las víctimas. Lo saben bien los denunciantes de pederastia en la Iglesia, que han visto cómo sus denuncias decaían porque los hechos habían prescrito en el momento de denunciarlos o los sacerdotes abusadores habían muerto. Pero mientras en los casos de pederastia en la Iglesia pocos creen que se trate de historias inventadas, fruto de afán de notoriedad o de otros intereses espurios, no sucede los mismo en el caso de las mujeres que denuncian las agresiones sexuales de hombres con poder. La vara de medir es, incluso a día de hoy, muy dispar.

Puede haber reparación sin justicia, pero no sin verdad  

Existe una máxima en los casos de violación de los derechos humanos, que es la necesidad de buscar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Tal como afirmó Ariadna a diversos medios de comunicación, interponer la denuncia ha supuesto para ella un primer ejercicio de reparación. Porque la reparación no se dirime siempre aplicando el Código Penal. Los periodistas que documentamos casos de violencias, especialmente las violencias sexuales que sufren las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, sabemos que no siempre se puede contar con una verdad judicial. Pero eso no impide que existan otros métodos para desentrañar la veracidad de un relato y la necesidad de reparación.

De hecho, desde el año 2022 la legislación española reconoce expresamente el derecho a la verdad y a la reparación simbólica de las víctimas de violencia sexual. Está contenido en el de la ley del sólo sí es sí. El artículo 55 afirma que las administraciones públicas "garantizarán las medidas necesarias para procurar la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas (…). Asimismo, promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación y la superación de cualquier situación de estigmatización".

Por su parte, el artículo 57 de la misma norma establece que "la reparación simbólica para las víctimas de violencias sexuales incluirá, por parte de los poderes públicos, el reconocimiento de la violencia y declaraciones institucionales que restablezcan la dignidad y reputación de las víctimas siempre desde un enfoque reparador integral transformador".

Ninguna de estas medidas, tal como resaltan diversas juristas, tiene como marco el Código Penal ni las decisiones judiciales, lo que supondría afirmar que sin condena no hay reparación. La reparación es política y social, pero no penal. Ariadna sólo pide que se rebaje el enaltecimiento de su agresor, con medidas como la de quitar su nombre del Aeropuerto Internacional de Barajas, porque le resulta revictimizante. De la misma manera que mantener en la Basílica de la Macarena la sepultura del general Queipo de Llano, símbolo de una represión atroz, resultaba revictimizante para millones de víctimas de la dictadura franquista. Incluidos, muchos fieles de la Macarena. Unidas Podemos ha respondido a esta petición solicitando formalmente que el Gobierno y el Congreso retiren "todos los reconocimientos institucionales" al expresidente del Gobierno de la transición y recientemente se ha puesto en marcha una campaña de recolección de firmas con el mismo fin.

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Público

Las instituciones políticas, y la sociedad en su conjunto, deberían abrazar a esa niña de 17 años que vio truncada su vida por unas agresiones que, en los años 80, eran difícilmente denunciables, sobre todo cuando se trataba de personas con un inmenso poder. Hay que hacerlo por Ariadna, y por todas esas niñas y niños de 17 años que hoy pueden estar sufriendo abusos en silencio por miedo a ser juzgados, cuestionados, represaliados. Debería haber consecuencias para mandar un mensaje claro y evitar que la violencia de los agresores se perpetúe en la sociedad de hoy y de mañana. Nos gusta pensar que la sociedad española ha avanzado muchísimo en materia de igualdad, y es cierto. Pero nos faltan aún pasos significativos en la reparación simbólica de las víctimas de violencias sexuales. Este es el reto.