Opinión
El 'caso Kichi' 2026
Tras 17 causas archivadas contra el que fuera durante ocho años alcalde de Cádiz, José María González (Kichi), llegó la décimo octava. El fiscal del caso monta un relato sobre un conjunto de lo que yo considero son falsedades para justificar las peticiones condenatorias que me hacen dudar de que su actuación se atenga al artículo 124 de la C.E. y al artículo 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Una nueva variante de lawfare en este caso protagonizada no por un magistrado sino desde la fiscalía a instancias del Partido Popular (PP).
Evidentemente la denuncia del PP en este caso como en otros muchos, es un intento de perseguir y amedrantar a las personas y opciones de izquierda que en sus propuestas y actuaciones fuera y dentro de las instituciones ponen en cuestión el statu quo del sistema político nacido de la Transición que conllevó una transacción que dejó impolutas a las fuerzas franquistas de las que organizaciones como el PP o Vox proceden. Los que siempre mandaron no quieren dejar de hacerlo.
Y en el caso de Kichi y sus compañeros de grupo municipal y equipo de apoyo lo que se pretende es borrar los avances sociales y ambientales que se potenciaron desde el Ayuntamiento tales como la desprivatización de algunos servicios municipales, facilitar la participación popular y un largo etcétera de cambios que atentaban contra los intereses privados de las élites gaditanas. Hubo aciertos y errores en los ocho años de gestión, pero lo que probablemente es la seña de identidad de los equipos de Kichi es que siempre estuvieron trabajando para la mayoría social y apoyando incondicionalmente las luchas de la clase trabajadora gaditana.
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Y un aspecto ético y financiero a tener en cuenta al valorar su trabajo: no sólo fueron ejemplares en cuanto a la percepción de ingresos por su trabajo, sino que además de todo ello sanearon las arcas municipales, hoy de nuevo deficitarias. Actualmente reaparecieron viejos y nuevos asesores y “operadores económicos” al calor de las arcas municipales.
En este “caso 18º Kichi” es evidente que el lawfare tiene un sesgo de clase. Se usan leyes e instituciones para cortocircuitar las políticas que atentan contra los intereses y statu quo de los sectores privilegiados de la sociedad. Esto es un vector fundamental para entender la persistencia y saña de los denunciantes que incurren en una de las características típicas del lawfare: reiteración de actuaciones contra personas determinadas que desembocan en una suerte de acoso personal continuado. Para ello se formulan y reformulan acusaciones años después de los hechos para alargar el ataque, asimismo se produce la concurrencia de múltiples denuncias con el mismo objetivo político y también la aparición coordinada de supuestos expertos que en medios y redes vienen a justificar lo injustificable.
La peculiaridad de este caso es que la judicialización de una diferencia política ha contado con la inestimable colaboración de Comisiones Obreras (CC.OO.) con el Partido Popular y con un sindicato corporativista y derechista policial. Y esto para mí y para muchas personas que hemos tenido como nuestro sindicato a CC.OO. nos duele. No lo entendemos. Nos indigna. Y lógicamente pedimos que retire su demanda y deje su alianza espuria con el partido de la oligarquía gaditana.
Y si las razones políticas y de clase no les convencen mejor que recuerden ante los tiempos de avance ultra derechista que hoy vivimos, el viejo poema antifascista del clérigo Martin Niemöller posteriormente atribuido a Bertolt Brecht:
"Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas
guardé silencio
ya que no era comunista (…)
cuando finalmente vinieron a buscarme a mi
no había nadie más que pudiera protestar".
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