Por Álvaro Hervás (@AlvaroSoze)

Desde el pasado 1 de Agosto el barco de la organización Proactiva Open Arms ha estado en el mar con 151 personas rescatadas esperando un puerto que les permitiera desembarcar. Ha tenido que ser un tribunal administrativo italiano el que, atendiendo al recurso presentado por la organización, levantó el veto a poder entrar en aguas italianas, pero el barco sigue sin permiso para desembarcar. Quince días que han servido para poner en evidencia, una vez más, lo miserable e infame que puede ser la clase política que gobierna en Europa: Italia con el cierre de puertos y el bloqueo al desembarco pese al acuerdo alcanzado por Francia, Alemania, España, Portugal, Luxemburgo y Rumanía para acoger a las personas migrantes; un acuerdo alcanzado tras 14 días de silencio sonrojante.

Parecía que no habría solución. En las redes sociales se había generado un debate entre personas que pedían al gobierno de Pedro Sánchez que permitiera el desembarco en España y otras que rechazaban la idea, popularizando expresiones como “¿y por qué no te los llevas a tu casa?”, o la famosa cita de Batman Begins de Christopher Nolan: “No voy a matarte pero tampoco tengo por qué salvarte”. Sin embargo, en la disyuntiva no había entrado el factor de por qué estaban cerrados los puertos.

Hay que retrotraerse a 2015 para entender el cierre de puertos impuesto por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y la negativa o el silencio del resto de países europeos. En mayo de ese año el Consejo Europeo aprobó la Operación Sophia, una operación naval para desarticular las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo. En junio de 2015, se puso en marcha la operación militar, estableciendo el cuartel general en Roma y siendo comandada por Italia. Desde su génesis, la Operación Sophia ha estado envuelta en controversia puesto que, pese a que se especificaba en un principio que sería una operación de rescate para migrantes y que serviría para acabar con las redes de tráfico, pronto se incluyeron otros objetivos: controlar el embargo de armas a Libia decretado por el consejo de Seguridad de la ONU, dar formación a los guardacostas y a la marina libias (pese a que había cierto temor a que pudieran aprovechar los conocimientos adquiridos para convertirse en mercenarios en el estado fallido que es hoy Libia) para que rescataran a migrantes para posteriormente llevarlos a los campos para migrantes de Libia, donde han proliferado las torturas, violaciones, etc., como ha denunciado la ONU y diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.

Además, se estableció el objetivo de evitar las transacciones ilegales de petróleo. Estas “nuevas” metas generaron que en enero de 2019 Alemania abandonara la Operación Sophia, puesto que consideraba que se alejaban de lo planteado en un primer momento. Sin embargo, ese no fue el único punto de fricción. El acuerdo estipulaba que las personas rescatadas serían llevadas a los puertos italianos. Esto supuso las quejas del gobierno de Italia, que abogaba por puertos de rescate rotativos, petición sistemáticamente denegada por el resto de países, que en muchos casos han preferido aumentar los fondos destinados a la recepción de inmigrantes.

Tras la llegada de Salvini al Gobierno italiano en 2018, esta situación se recrudeció y las amenazas por parte de Italia de salirse de la operación aumentaron, dejando de liderarla el 1 de septiembre de 2018. Las amenazas de Salvini no surtieron gran efecto y este punto fue el que llevó al cierre de los puertos para los barcos de rescate, situación que se fue agravando hasta la implementación del ‘Decreto Seguridad’ aprobado por el Senado italiano el 5 de agosto de 2019, que expone que los barcos de las ONGs que entraran en sus aguas para rescatar a personas migrantes serían sancionados con multas de hasta un millón de euros.

Actualmente la Operación Sophia ha prorrogado su mandato hasta el 30 de septiembre pero, dada la negativa de Italia a aceptar los inmigrantes rescatados, y teniendo en cuenta que ningún otro país se ha ofrecido, se ha suspendido temporalmente el despliegue naval. Sin puertos, la Operación Sophia es totalmente inoperante y está dando los últimos coletazos antes de morir finalmente. Bien es cierto que el número de entradas a través del Mediterráneo Central se ha reducido tras la Operación Sophia, pero atendiendo a cómo se han conseguido los resultados, el resultado es un rotundo fracaso, puesto que ha sido a costa de hacer las rutas migratorias más inseguras y en financiar, equipar y capacitar a los cuerpos policiales y los guardacostas de Libia, pese a las denuncias sobre las brutales medidas que aplican para evitar que las personas migren o para devolverlas al país si las interceptan en el mar.

Lo más inquietante es que todo deriva de una cuestión política que, por la incapacidad o negligencia de las personas encargadas de gestionarlas, ha supuesto y supone miles de muertes. Ante esta situación, la sociedad civil ha de intervenir y exigir acciones al gobierno. Pero viendo los términos en los que ha movido el debate, ¿tan insensibilizada está la sociedad que le molesta más salvar vidas de personas que rescatar bancos o autopistas privadas? No se trata de empatía, sino de realizar una reflexión crítica sobre qué es lo que nos molesta tanto de esas personas para que nos genere indiferencia abandonarlas y dejarlas morir en el mar. ¿Es porque son pobres? ¿Quizá porque su color de piel es diferente? En cualquier caso, se olvida lo fundamental: son personas, y las decisiones que tomemos como sociedad pueden marcar la diferencia entre que vivan o mueran. Tomemos decisiones que nos permitan sentir orgullosos/as del país en el que vivimos, en vez de que nuestro orgullo provenga de haber nacido aquí.