Ceuta y la trampa de la firmeza

La crisis de Ceuta hace tiempo que dejó de ser una crisis migratoria. En realidad, probablemente nunca lo fue. Lo que estamos viendo es una crisis política y geopolítica en la que las personas migrantes vuelven a convertirse en instrumento de presión entre Estados. Y, una vez más, Marruecos ha demostrado que conoce perfectamente las vulnerabilidades españolas y europeas y sabe cómo utilizarlas.

La novedad es que Rabat parece haber decidido ampliar el terreno de juego. Ya no se trata únicamente de presionar bilateralmente a España mediante el control de los flujos migratorios. La estrategia pasa ahora por intentar situar a Madrid en una posición incómoda dentro de la propia Unión Europea, alimentando un relato según el cual España sería el eslabón débil de la política migratoria europea. Y en el relato marroquí se añadiría probablemente que, por tanto, lo mejor sería un régimen de cosoberanía sobre Ceuta y Melilla.

Las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, son especialmente significativas. Marruecos cuestiona la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, la vincula con un supuesto efecto llamada, reclama explicaciones sobre los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y ha llegado a amenazar con suspender la cooperación en materia de extradiciones. No parecen asuntos desconectados. Forman parte de una misma construcción discursiva: España no controla adecuadamente sus procedimientos migratorios, España regulariza a quienes Marruecos intenta impedir que salgan y España obstaculiza las devoluciones aplicando unas garantías jurídicas que Rabat presenta como ineficiencia.

El problema para el Gobierno español es que ese relato encuentra aliados dentro de Europa

Italia ha llegado a introducir controles temporales alegando razones de seguridad relacionadas con la crisis de Ceuta. Dinamarca ha advertido de que podría endurecer sus fronteras ante eventuales movimientos secundarios procedentes de España. Y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha calificado la regularización española como una decisión equivocada. Se consolida así una coalición discursiva bastante peculiar en la que gobiernos de sensibilidades políticas diferentes convergen en una misma idea: España estaría poniendo en riesgo el esfuerzo europeo por contener la inmigración irregular.

Es exactamente ahí donde España debería evitar caer en la trampa

Porque el debate está desplazándose peligrosamente desde la eficacia de las políticas migratorias hacia el respeto mismo de las garantías jurídicas. Y el Gobierno parece responder a esa presión adoptando un lenguaje cada vez más contundente mientras mantiene un perfil extraordinariamente prudente respecto a Marruecos. La necesidad de conservar la colaboración marroquí para acelerar las devoluciones explica probablemente una parte de esta actitud. España y Marruecos acordaron ya al inicio de la crisis "agilizar" los procedimientos de retorno. Pero una cosa es la cooperación bilateral y otra aceptar el marco discursivo impuesto por Rabat.

Especialmente preocupante resulta, por ello, la insistencia en mensajes como que todo aquel que haya entrado irregularmente en España será devuelto. Es una frase políticamente contundente. También es jurídicamente inexacta y puede llevar a equívocos y, por tanto, es imprescindible explicarlo con claridad.

No todas las personas que entran irregularmente pueden ser automáticamente devueltas. Algunas pueden solicitar protección internacional. Otras pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad. Y los menores extranjeros no acompañados están sujetos a un régimen específico de protección. De hecho, mientras desde Exteriores se ha transmitido el mensaje de que todos los llegados irregularmente serían devueltos, las autoridades españolas están tramitando solicitudes de protección internacional y reconocen que miles de personas que permanecen en Ceuta podrían encontrarse en situaciones que impiden una devolución automática. Merece la pena ser claro.

No se trata de buenismo. Se trata de derecho

La Ley de Extranjería, la Convención de Ginebra, el Sistema Europeo Común de Asilo, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establecen límites precisos a la actuación del Estado. El interés superior del menor no es una recomendación moral que pueda suspenderse cuando aumenta la presión política. Es un principio jurídico de obligado cumplimiento.

España debería saberlo especialmente bien. En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que las devoluciones de menores marroquíes realizadas desde Ceuta en agosto de 2021 fueron ilegales. La Administración había prescindido de procedimientos individualizados, de la valoración de las circunstancias particulares de cada menor, de su audiencia cuando correspondiera y de la intervención del Ministerio Fiscal. El Supremo fue todavía más lejos al recordar que la conformidad de Marruecos con aquellas devoluciones no eximía a España del cumplimiento de su propia legalidad. La cooperación con un tercer Estado nunca puede sustituir al Estado de derecho. Esta tiene que ser precisamente la línea roja de la actuación española en la crisis actual, pero además se tiene que explicar.

Porque Marruecos está practicando desde hace años una diplomacia coercitiva particularmente eficaz frente a España. Lo vimos con claridad en mayo de 2021 y volvemos a observar algunos de sus mecanismos ahora. La gestión migratoria se convierte en instrumento de negociación política y la vulnerabilidad de miles de jóvenes marroquíes pasa a formar parte de una estrategia de presión que permite a Rabat elevar el coste de determinadas decisiones españolas.

Pero esta vez hay un elemento añadido. Marruecos parece intentar europeizar la presión sobre España. Presentar la regularización como efecto llamada conecta directamente con el discurso de quienes, dentro de la Unión, llevan años defendiendo una política migratoria basada fundamentalmente en la disuasión, las devoluciones y la externalización. Conviene recordar, además, que la regularización española aprobada en abril se dirige a personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y exige, entre otros requisitos, acreditar una permanencia continuada previa. Presentarla como una invitación inmediata a cruzar la frontera es, como mínimo, una simplificación interesada.

El terreno estaba preparado. El Pacto Europeo de Migración y Asilo consolida una tendencia que lleva años avanzando en Europa y que contempla la movilidad humana cada vez más desde el paradigma de la seguridad. Control fronterizo, procedimientos acelerados, retornos y acuerdos con terceros países ocupan progresivamente el centro de la política migratoria europea.

Y es importante ser consciente de que la externalización genera dependencia. Cuando se entrega a terceros Estados una parte sustancial del control de las fronteras europeas, esos Estados adquieren capacidad de presión. Marruecos lo sabe. Turquía lo sabe. Libia lo sabe. Túnez lo sabe. Europa compra capacidad de contención y, al hacerlo, vende parte de su autonomía política.

Por eso resulta tan desconcertante que el Gobierno español no esté construyendo un relato político más claro. La respuesta no puede consistir en competir con Meloni, Frederiksen o Kristersson en contundencia retórica mientras se evita elevar el tono frente a Rabat. Tampoco en presentar el cumplimiento de las garantías jurídicas como un obstáculo administrativo que ralentiza las devoluciones.

España debería defender exactamente lo contrario. Debe afirmar que controlará sus fronteras, perseguirá a las redes que instrumentalizan la migración y exigirá a Marruecos que cumpla sus obligaciones. Pero también que aplicará la ley. Que cada solicitud de asilo será examinada. Que ningún menor será devuelto sin un procedimiento individualizado. Que la presión de Rabat ni la de otros gobiernos europeos modificarán las garantías que definen a un Estado democrático.

Porque esta crisis es geopolítica, pero también es humanitaria. Y ambas dimensiones no pueden ordenarse jerárquicamente colocando siempre la seguridad nacional por encima de los derechos. Ese ha sido precisamente uno de los grandes errores de la política migratoria europea de las últimas décadas.

La fortaleza de un Estado no se demuestra prometiendo que devolverá a todo el mundo. Se demuestra siendo capaz de controlar una frontera sin renunciar al derecho cuando hacerlo resulta políticamente incómodo. España debería haber aprendido esa lección en Ceuta en 2021. Sería especialmente grave que, cinco años después, volviera a olvidarla.