Las "Chapuzas Almeida" las pagas tú

El Madrid de Almeida es cada día una ciudad más difícil, una ciudad pensada para los de fuera en vez de para los de dentro. Una ciudad pensada para quien se la pueda pagar dejando fuera a una gran mayoría. Una ciudad de unos pocos.

Mientras el Partido Popular se esconde en un "Madrid está de moda", los madrileños lo pagamos. Hablamos del precio disparatado de la vivienda, de los atascos que se comen uno de los bienes más preciados que tenemos: el tiempo. De los grandes eventos deportivos que han sustituido, en vez de acompañado, al deporte de barrio.

Pero quizá hasta aquí, estamos hablando de un modelo. Un modelo que no compartimos pero que ha sido refrendado, hasta la fecha, por las urnas. Sin embargo, hay otro fenómeno que nadie ha elegido pero que también pagamos los madrileños, son las "Chapuzas Almeida".

Un conjunto de sucesivas derrotas judiciales que han sumido a esta ciudad en una permanente inseguridad jurídica y en una factura de costas judiciales y abogados que pagamos todos.

La buena gestión nunca ha sido la seña de identidad de Almeida como alcalde, pero el problema se ha agudizado con la mayoría absoluta, quizá llevados por la ficción de que esa mayoría ante las urnas le eximía de cumplir cualquier obligación legal, cuando esto no es así.

No hablamos de un hecho aislado, es fácil olvidar la cantidad de litigios que ha perdido el gobierno de Almeida. Solo por recordar algunos está la ordenanza de terrazas, donde primero cayó la prohibición de las estufas de gas y luego la ordenanza entera. La zona de bajas emisiones, las sanciones a pisos turísticos ilegales, las licencias de las cocinas fantasmas, las cocheras de Cuatro Caminos, el cantón de Montecarmelo, el Parking del Bernabéu.

No caen por discrepancias con el modelo político, caen por incumplimiento de requisitos formales, por falta de memorias económicas, medioambientales. Caen por incumplir con requisitos de transparencia básicos y que se han pensado para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad.

La última en sumarse a esta lista es la anulación de la ordenanza de la tasa de residuos urbanos de 2025. Los socialistas dijimos desde un primer momento que el problema no era la tasa; era cómo Almeida la había configurado y cómo había dado nulas explicaciones sobre por qué un hogar en un barrio podía generar de media diez veces más residuos que otro.

Y de nuevo, los ciudadanos de Madrid no saben qué va a pasar, si de nuevo este Ayuntamiento recurrirá contra los intereses de los madrileños para ganar tiempo, si el Ayuntamiento asumirá su error y devolverá el importe de la tasa o nos abocará otra vez a un festival de recursos dejando de lado a los más vulnerables.

Estos recursos nos han costado a los madrileños desde que Almeida es alcalde casi un millón y medio de euros en costas judiciales. No hablamos ya de devoluciones, retraso de proyectos y coste administrativo.

Y luego un tercer aspecto, que no es menor: en qué momento hemos normalizado que los ciudadanos tengan que defenderse de la labor de su propio Ayuntamiento. Los políticos somos servidores públicos y estamos para resolver problemas, no para crearlos. Gobernar requiere diálogo, pero también trámites completos y garantías jurídicas.

Madrid es la ciudad más desigual de España, no puede ser que además acumulemos una nueva desigualdad, la de quién puede o no litigar y protegerse de la labor de Almeida. Porque sus chapuzas, las pagamos todos.