Opinión
Chris Smalls, Gaza y las fronteras del racismo global
Por Itxaso Domínguez
Analista especializada en Oriente Próximo y Norte de África
-Actualizado a
La detención violenta de Chris Smalls, dirigente sindical y fundador del primer sindicato en Amazon en Estados Unidos, durante la expedición del Handala hacia Gaza, no es un incidente aislado. Es un espejo de cómo se entrelazan luchas que con demasiada frecuencia se presentan como separadas: la lucha contra el racismo estructural, la defensa de los derechos laborales, la resistencia al genocidio del pueblo palestino y la oposición a las violencias transnacionales ejercidas por corporaciones y Estados.
Smalls, único tripulante negro de la flotilla, fue estrangulado y golpeado por soldados israelíes. Ninguno de sus compañeros sufrió ese nivel de brutalidad física. El mensaje implícito es claro: un cuerpo negro se percibe como amenaza múltiple, como un nodo incómodo que conecta redes de resistencia que el poder político y económico preferiría mantener desconectadas. En sus propias palabras, "un ataque contra uno es un ataque contra todos". Israel, como todo régimen colonial, comprende bien el peligro de esa solidaridad que se traduce en acción directa.
Desde el primer momento, su detención nos obliga a mirar más allá del caso individual. El trato recibido por Smalls dialoga con otras formas de violencia política que, bajo diferentes banderas y discursos, operan con lógicas semejantes: la limpieza étnica que Israel practica contra la población palestina y las amenazas cíclicas de deportación masiva que en Estados Unidos apuntan, de manera desproporcionada, a personas racializadas migrantes, muchas veces ya precarizadas y criminalizadas por el sistema. En ambos casos, la estrategia combina la deshumanización de un grupo entero con la negación de su derecho a existir en un territorio.
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Que Smalls sea, además, el rostro más visible de la sindicalización en Amazon no es un dato accesorio. Amazon no es solo un gigante del comercio electrónico: es un actor central en la infraestructura digital y logística que alimenta la violencia israelí. Su implicación en el Proyecto Nimbus —firmado junto con Google— dota al aparato militar y de seguridad israelí de servicios avanzados de computación en la nube y capacidades de Inteligencia Artificial, que se utilizan para reforzar la vigilancia masiva, la gestión del asedio y la represión sistemática contra la población palestina.
En Gaza, donde la hambruna se utiliza como arma genocida, la misma lógica de optimización y eficiencia logística que Amazon aplica para maximizar beneficios se reproduce en clave de control, militarización y desposesión. Otras grandes tecnológicas —Meta, Microsoft— participan de esta ecología del poder, suministrando herramientas de extracción de datos, algoritmos de seguimiento y plataformas que silencian o distorsionan la narrativa palestina. La violencia no es solo física, sino también digital, económica y epistémica.
Este vínculo entre corporaciones tecnológicas y violencia colonial no es una abstracción: es una red de contratos, infraestructuras y flujos de capital que conecta a trabajadores precarizados en almacenes de Nueva York o Madrid con el régimen de ocupación y apartheid en Palestina. Denunciarlo desde la lucha sindical es romper un pacto tácito de silencio que protege a estas empresas y a sus socios políticos.
El mar como frontera de muerte
Que el arresto de Smalls se produjera en el mar no es un detalle menor. El Mediterráneo, convertido en una de las fronteras más letales del planeta, simboliza un régimen global de movilidad selectiva y violencia estructural. Quienes navegan hacia Gaza para romper el bloqueo, como quienes cruzan desde Libia o Túnez hacia Europa, desafían un orden que reserva el derecho de circulación para mercancías, capitales y ejércitos, pero lo niega sistemáticamente a cuerpos racializados, empobrecidos o políticamente disidentes.
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El mar que engulle a miles de migrantes y refugiados cada año es el mismo en el que las autoridades israelíes interceptan y maltratan a quienes se dirigen a Gaza, o a los palestinos que intentan utilizar sus aguas. Es un espacio donde la violencia estructural se hace líquida: fluye, se adapta y golpea de múltiples formas, borrando la frontera entre guerra y paz, entre lo doméstico y lo internacional.
Esa misma lógica de exclusión absoluta, que en Palestina se traduce en limpieza étnica —desplazar forzosamente y borrar a un pueblo entero para sostener un régimen colonial—, también opera en otros territorios. En Estados Unidos, las amenazas y campañas de deportación masiva contra migrantes —la gran mayoría personas racializadas procedentes de América Latina, el Caribe, África o Asia— responden a un patrón semejante: negar el derecho a permanecer y convertir vidas enteras en expedientes administrativos que pueden anularse de un plumazo. Tanto en Gaza como en la frontera sur de Estados Unidos, el racismo estructural y el supremacismo político transforman la movilidad en privilegio selectivo, donde la mera existencia de ciertos cuerpos se considera intolerable para el orden que se quiere preservar.
Una amenaza que une luchas
La figura de Chris Smalls encarna una intersección que incomoda a los poderes establecidos: es un líder obrero que no limita su causa a la mejora de las condiciones laborales en un país o empresa, sino que reconoce la conexión orgánica entre explotación económica, racismo estructural y colonialismo. Que un dirigente sindical racializado denuncie el genocidio en Gaza no es solo un gesto de coherencia política: es un recordatorio de que las estructuras que precarizan, vigilan y reprimen en Seattle son, en gran medida, las mismas que bombardean, bloquean y hambrientan en Palestina.
No es coincidencia que las luchas por mejores salarios y condiciones laborales, contra el racismo policial, por la regularización migratoria y por la autodeterminación palestina se enfrenten a los mismos conglomerados de poder —estatales y corporativos— que utilizan violencia física, legislativa y mediática para neutralizarlas. La interseccionalidad aquí no es un eslogan: es un mapa de conexiones reales que los movimientos sociales deben aprender a leer y actuar en consecuencia.
El papel del movimiento obrero
La flotilla del Handala, como las del Madleen y otras anteriores, demuestra que la solidaridad no es un acto simbólico, sino una práctica arriesgada. En esta práctica, el movimiento obrero internacional tiene un papel decisivo. Las huelgas de los estibadores en puertos como Fos-sur-Mer, Génova o Tánger para impedir el envío de armas a Israel muestran cómo la acción sindical puede convertirse en una herramienta directa contra el genocidio.
Pero esta conexión todavía no es la norma. La pasividad de un número de direcciones sindicales refleja un aislamiento entre luchas que solo beneficia a quienes detentan el poder. Recuperar las tradiciones antiimperialistas del movimiento obrero no es un ejercicio de nostalgia, sino una urgencia estratégica: la defensa de derechos laborales, la lucha contra el racismo y la resistencia al colonialismo forman parte de un mismo combate por la dignidad y la vida. Si el movimiento sindical europeo quiere ser relevante, debe asumir que su campo de batalla no termina en las fábricas o centros logísticos, sino que se extiende hasta las fronteras y territorios donde se decide la vida o la muerte de comunidades enteras.
Mirar las conexiones para cambiarlo todo
El caso de Chris Smalls pone en primer plano la necesidad de una mirada interseccional que reconozca las conexiones entre sistemas de opresión y que articule resistencias también a escala transnacional. Lo que ocurrió frente a Gaza no es solo un episodio de brutalidad policial israelí, ni un simple capítulo en la historia de la sindicalización en Amazon. Es un reflejo de las lógicas combinadas de supremacía racial, explotación capitalista y violencia colonial.
Quienes defienden la vida frente a estos sistemas no pueden permitirse una solidaridad fragmentada. El genocidio en Gaza, la represión sindical, las amenazas de deportación masiva y la violencia contra migrantes forman parte de un mismo entramado que también atraviesa Europa y España. Las políticas migratorias europeas —con sus devoluciones en caliente, sus centros de internamiento y su externalización de fronteras a países con historiales brutales de derechos humanos— reproducen la misma arquitectura de exclusión. España, con su complicidad en la venta de armas a Israel y su participación en acuerdos de control migratorio que condenan a miles de personas a la muerte o al encierro, no está al margen de este sistema: es parte activa. Reconocerlo y actuar en consecuencia no es solo un deber moral, sino una urgencia política para desmontar las estructuras que sostienen la violencia, aquí y allá y de forma interconectada.
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