Más allá de las cifras de delitos de odio que da el Ministerio del Interior

Esta pasada semana, el Ministerio del Interior presentó su informe anual sobre los delitos de odio en España, mostrando un incremento del 23% respecto al año anterior, la cifra más alta desde 2014, cuando se empezaron a registrar estos datos. En total se han contabilizado 2.417 denuncias o investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el racismo a la cabeza, seguido por la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Le siguen los delitos de odio por ideología, y destaca el aumento en un 133% de la islamofobia.

La recopilación y difusión de estos datos es una obligación de las administraciones públicas y un termómetro de la situación, pero debemos apuntar las limitaciones y las ambigüedades que subyacen, antes de lanzar determinadas conclusiones. Si bien el Estado ha dotado estos últimos años de más herramientas para concienciar sobre estos delitos y denunciarlos, y la conciencia es mayor, sigue habiendo múltiples escollos para que esta legislación se aplique de una manera coherente con el fin para el que supuestamente fue creada. Una legislación que ha estado acompañada de numerosas polémicas y críticas desde que España decidió, por mandato europeo, ponerse las pilas en esta materia.

Una de las primeras controversias vino tras la imputación de varias personas por delito de odio ‘contra la policía’, considerando que los agentes de la fuerza pública podían ser víctimas de odio y discriminación por su condición de autoridad. En 2018 pregunté para Público a varios organismos internacionales especializados en esta materia, y desecharon por completo esta aplicación para proteger a un sector que ya tiene sus propios mecanismos de protección legal como autoridad.

Otra de las polémicas respecto a esta legislación vino con  la publicación en 2019 de una circular de la Fiscalía General del Estado en la que apuntaba que los nazis pueden ser víctimas de delitos de odio por ser nazis. A lo largo de estos últimos años existen múltiples ejemplos de cómo la extrema derecha, que ha sido históricamente la mayor promotora de los discursos de odio y discriminación, ha usado esta legislación para criminalizar al antifascismo. El concepto de delito de odio fue creado para dar nombre al agravante de seleccionar a la víctima por pertenecer a determinado colectivo, algo que reclamaban las entidades que luchaban contra el racismo, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. Sin embargo, la interpretación holística del mismo ha llevado a que este tipo penal se haya convertido en un arma de doble filo, en el que las víctimas de este tipo de delitos pasan a ser también victimarios por enfrentar a quienes promulgan su discriminación. Un ejemplo entre muchos fue la detención de dos activistas que protestaban contra el bus machista de la entidad ultraderechista HazteOir, y que fueron acusados de delito de odio.

El debate sobre el delito de odio es una realidad entre el activismo de izquierdas, ya que, por una parte, se cree necesario que un crimen racista sea considerado como tal y contenga este agravante, pero al mismo tiempo, la arbitrariedad en su aplicación y su impacto en los movimientos sociales ha llevado a una gran parte del sector a cuestionar su utilidad, o al menos su interpretación. Sobre estas controversias escribió un análisis la abogada penalista Nora Rodríguez titulado Delitos de odio, una legislación que se ha vuelto en contra del activismo, en el que aborda este debate y aporta múltiples ejemplos, entre los cuales figuran los más recientes que afectan al activismo propalestino.

La interpretación que ha adoptado el Ministerio del Interior sobre lo que es el antisemitismo es la que llevan años promoviendo desde los lobbies proisraelíes, concretamente la que propone la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que considera antisemita la crítica a Israel y al sionismo. Lo explicaba detalladamente la periodista Sabela Rodríguez en Infolibre, tras constatar que el informe de Interior apuntaba a un incremento de los hechos antisemitas. Justo la pasada semana, Más Madrid propuso al Gobierno abandonar esta definición y adoptar otras mucho más precisas, que permiten las críticas a Israel y evitan la interesada asimilación entre el ente sionista y las personas judías, muchas de ellas, críticas con el sionismo y con la definición de la IHRA.

El informe aporta datos recopilados solo por el ministerio del Interior, es decir, que son las denuncias de ciudadanos o las investigaciones de oficio por parte de la policía. Existe todavía cierta desconfianza por parte de muchas personas a la hora de denunciar ante la policía por diversos motivos. Un migrante sin papeles que haya sido víctima de un delito de este tipo, difícilmente denunciará si así se arriesga a ser detenido o encerrado en un CIE. Una persona sin hogar, que ha normalizado este tipo de violencia, que no tiene un entorno que le acompañe, tampoco denunciará. O una persona LGTBIQ+ que no quiere exponer su orientación sexual o su identidad de género, tampoco se atreve a denunciar. Otros, también evitan la denuncia por temer posibles represalias de sus agresores, o, directamente, por no tener ninguna confianza en la policía ni en las instituciones.

En alguna ocasión, las autoridades informan sobre la detención de un tuitero por sus mensajes racistas. A menudo se trata de una investigación de oficio, sin denuncia particular previa, y que termina alguna vez en condena. Estos casos se exhiben como muestra de la diligencia con la que se actúa ante el odio, pero genera muchas dudas ver cómo quien es condenado es un don nadie con 20 seguidores en redes sociales. Mientras, quienes se pasan el día incitando al odio en tribunas políticas o medios de comunicación se van siempre de rositas. Esta doble vara de medir genera también una sensación de impunidad a los principales promotores del odio, y una sensación de indefensión evidente entre los colectivos a los que estos individuos ponen habitualmente en su diana.

Las cifras expuestas en el informe de Interior no pueden tomarse como un diagnóstico definitivo del alcance del odio en nuestro país. Son solo una pequeña nota, la punta del iceberg de un problema evidente: la normalización de los discursos de odio promueve la violencia contra determinados colectivos. Lo grave es que, quienes se dedican a ello, a promover el odio y la discriminación, han encontrado una herramienta que, aunque fue creada para prevenirnos de sus venenos, ha acabado siéndoles útil para arrojarla contra quienes los enfrentan.