Hace años que nos vemos obligad@s a encajar con más resignación que convencimiento el hecho de que las eléctricas abusan de nuestros bolsillos. Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencia (CNMC)lo ratifica. ¿Qué sucede? Que tendremos que asumir, de nuevo con más resignación que convencimiento, que los abusos no tengan consecuencias para los caladeros de polític@s retirad@s.

España cuenta con la luz más cara de toda Europa. Nada tiene que ver la sequía, como ahora las partes interesadas quieren hacer ver. Tampoco los impuestos, puesto que para afirmar que nuestro país se encuentra a la cabeza de los países que tienen la electricidad más cara nos fijamos en el precio del kilovatio/hora antes de impuestos.

Buena parte del quid de la cuestión se encuentra en que, como acredita el informe de la CNMC, las eléctricas obtienen de media un 10 por ciento de rentabilidad en su negocio de distribución de luz -en algunos caso salta al 15 por ciento-. Analizadas las compañías Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo los datos demuestran cómo en los últimos años han disparado sus beneficios a costa de sangrarnos -los precios suben a un ritmo interanual superior al 10 por ciento-, así como a destruir empleo. Sólo entre 2013 y 2016, las empresas de distribución eléctrica redujeron sus plantillas en un 9 por ciento, mandando a la calle a casi 900 personas.

Así las cosas, la CNMC reclama al ministerio que se tomen medidas para que lograr un abaratamiento de un recibo de la luz que, además, nunca ha sido auditado. El coste de la generación de luz, que estiman las eléctricas, es un puro acto de fe, pues el Gobierno se cree a pies juntillas la cifra proporcionada por las compañías eléctricas sin auditar en modo alguno si es precisa o no esta cantidad.

¿Creen que se tomará alguna medida? Estoy convencido de que la mayoría de ustedes coincidirán conmigo en un clamoroso NO, porque el lobby de las energéticas tiene mucho peso en esto que llaman 'democracia', porque el solapamiento de intereses económicos entre la clase política y el sector privado resulta vomitivo, porque, en el fondo, no les importan que unos 4,5 millones de personas en España se 'muera de frío' en sus casas sin tener recursos para calentarse.