La coartada del absentismo

Absentismo, fraude, picaresca, falta de compromiso, problema de actitud, hecatombe. El vocabulario con el que una parte de la patronal española ha decidido hablar de las bajas laborales tiene algo de catálogo moral y mucho de vieja caricatura: la clase trabajadora convertida en una legión de vagos y vividores que, con la connivencia -cuando no la colaboración necesaria- del personal médico de la Seguridad Social, se dedica a no acudir al trabajo por cualquier razón peregrina.

Vivimos tiempos propicios para el exabrupto. Para conseguir notoriedad, ocupar un titular o imponer un marco de discusión parece servir cualquier estrategia, incluida la mentira. Pero cuando quienes recurren a ella representan a las empresas y participan en el diálogo social, el asunto deja de ser una simple provocación mediática. Resulta, de hecho, terriblemente preocupante, pues se convierte en una forma de criminalizar a millones de personas trabajadoras y de presentar a los profesionales de la sanidad pública como cómplices de un fraude generalizado.

La última aportación a esa campaña llegó esta misma semana de la mano de Alberto Núñez Feijóo, quien defendió que las personas trabajadoras de baja cobren menos y definió el aumento de la incapacidad temporal como "un cáncer". No es una anécdota, es la misma lógica llevada un paso más allá: llamar cáncer a quienes están enfermos, convertir una baja médica en una sospecha y presentar la protección social como un exceso que España no puede permitirse.

Pero bajemos a la realidad. Al barro. A ese barro que los representantes de las patronales no suelen pisar.

La RAE define el absentismo como la “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” o el "abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo". La palabra "deliberada" no es un adorno. Sin embargo, bajo esa etiqueta se amontonan permisos y licencias reconocidos por la ley y los convenios colectivos, bajas médicas prescritas por profesionales, horas sindicales y ausencias destinadas a cumplir deberes públicos inexcusables. Todo entra en el mismo saco. Todo sirve para engordar la cifra y alimentar la sospecha. Pero una ausencia laboral no equivale automáticamente a absentismo. Y mucho menos a un fraude.

En 2025 se trabajaron cada semana en España 2,49 millones de horas extraordinarias que no fueron pagadas ni compensadas. Millones de horas de trabajo gratuito realizadas por 441.000 personas asalariadas. Pero los ladrones, al parecer, somos las personas trabajadoras. La patronal sostiene que el mal llamado absentismo provoca un roto millonario y amenaza la viabilidad de las empresas españolas. Fijémonos, entonces, en esa viabilidad. Las empresas españolas cotizadas cerraron 2025 con un beneficio neto agregado de 71.118 millones de euros, el mayor de su historia. Los márgenes empresariales se mantienen, además, por encima de los niveles previos a la crisis de precios. ¿Dónde está la hecatombe?

Antonio Garamendi ha hablado de un "problema de actitud". Desde la CEOE se reclama una mayor vigilancia de las bajas y más capacidad de intervención para las mutuas, poniendo bajo sospecha tanto a las personas enfermas como al personal sanitario que acredita su incapacidad para trabajar. Pero Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, ha ido un paso más allá, proponiendo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma la cotización que corresponde a las empresas durante los procesos de incapacidad temporal. Según su planteamiento, esto aliviaría los costes empresariales e incentivaría al Estado a realizar un "mayor y mejor seguimiento" de las bajas. ¿La traducción? Que paguemos entre todos una obligación empresarial y que, además, se refuerce la vigilancia sobre quien está enfermo. La patronal, en fin, llama absentismo a la incapacidad temporal, convierte la enfermedad en sospecha y pretende socializar el coste que le corresponde asumir.

Al leer las declaraciones de Fernández Alén, cualquiera diría que nos encontramos ante un sector al borde del colapso, cuando la construcción cerró 2025 con uno de sus mejores crecimientos desde la crisis financiera de 2008. Un sector que aumenta su actividad, demanda mano de obra y habla de falta de profesionales cualificados se presenta como víctima de quienes enferman. Es un discurso que sería grave en cualquier actividad, pero que, en la construcción, alcanza una dimensión especialmente ofensiva. Sólo en 2025 murieron en accidente laboral 178 personas trabajadoras del sector y 164 perdieron la vida durante su jornada. Son 29 más que el año anterior, un incremento cercano al 22 % de la mortalidad en jornada. Mientras el conjunto de los accidentes mortales descendía, las muertes en la construcción se disparaban. Y este año, entre enero y abril de 2026, se han producido ya 58 accidentes mortales. Ahí está la verdadera hecatombe.

No son porcentajes abstractos. Son 178 personas que salieron de su casa para ir a trabajar y no volvieron. Son 178 familias rotas. Son caídas desde andamios y cubiertas, atrapamientos, golpes, derrumbes, accidentes con maquinaria y siniestros que podrían haberse evitado con más prevención, más formación, más personal, más control y menos prisas. A estas muertes hay que sumar los miles de accidentes graves y las enfermedades profesionales que siguen sin reconocerse en toda su dimensión. Ahí están la silicosis provocada por el polvo de sílice cristalina, los cánceres relacionados con el amianto, las lesiones musculoesqueléticas y el deterioro físico producido por décadas de trabajo penoso. Pero de esto hablan bastante menos los dirigentes empresariales.

En el sector más peligroso de nuestro tejido productivo, la prioridad patronal es vigilar a quienes se están recuperando, seguramente de un accidente sufrido en sus propias obras, pero nunca lo es reforzar la prevención. Se reclama más control sobre las bajas, pero no se escucha el mismo entusiasmo cuando los sindicatos exigimos más recursos preventivos, la vigilancia del cumplimiento de la normativa o sanciones verdaderamente disuasorias para las empresas que ponen en riesgo la vida de sus plantillas. Por supuesto, también nos hemos quedado solos al reclamar coeficientes reductores de la edad de jubilación para los oficios más penosos y peligrosos del sector. La patronal dice que cuesta dinero. Pero sobre todo le ha costado la vida a un trabajador de 73 años fallecido este año por tener que subirse a un andamio. Y no es una metáfora: es un caso bien real.

Es cierto que España presenta una tasa elevada de ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal y que, según los microdatos de Eurostat, encabeza la comparación de la UE-27. Ese es el dato. Lo que el dato no dice es que las personas trabajadoras sean unas vagas, que los médicos firmen bajas fraudulentas o que exista un problema generalizado de actitud. Una tasa elevada de incapacidad temporal no demuestra fraude, picaresca ni falta de compromiso, sólo que hay más personas que no pueden trabajar por motivos de salud, y que la prevención de riesgos laborales es una asignatura pendiente en nuestro país. Convertir esa estadística en una acusación general contra las plantillas y contra el personal sanitario no es analizar el problema. Es fabricar culpables. Pura propaganda.

Desde las organizaciones sindicales, rechazamos esta operación interesada que convierte la excepción en norma, la enfermedad en sospecha y el derecho en privilegio. No todo vale para conseguir notoriedad, justificar una campaña empresarial o trasladar a la sociedad costes que corresponden a las empresas. No se puede mentir. No se puede llamar absentismo a una baja médica, fraude a un permiso legal ni falta de compromiso a la defensa de la propia salud. Porque mientras se señalan las ausencias justificadas, se silencian millones de horas trabajadas gratis; mientras se piden más controles sobre las bajas, faltan controles efectivos sobre la aplicación de las medidas de prevención; y mientras se habla de empresas amenazadas, los beneficios baten récords.

La clase trabajadora no es una caterva de vagos y vagas compinchada con médicos estafadores. Somos personas que enfermamos, sufrimos accidentes, cuidamos a los nuestros, cumplimos con nuestros deberes públicos, ejercemos nuestros derechos y, en demasiadas ocasiones, trabajamos horas que nadie nos paga.

Y en 2025, además, 178 de nosotras murieron trabajando en la construcción, o cuando iban o volvían de hacerlo.

Lo mismo la patronal (y las derechas) se lo tienen que hacer mirar.