Opinión
Más allá de los combustibles fósiles: de la cancelación de la deuda a la fiscalidad justa
Por Nicola Scherer
Investigadora en justicia financiera del Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Los impactos de la guerra de EEUU e Israel contra Irán muestran una vez más la necesidad urgente de salir de la trampa fósil y de avanzar hacia una transición globalmente justa que supere las dependencias económicas estructurales. La Conferencia Internacional sobre la Transición de los Combustibles Fósiles que tiene lugar estos días en Colombia enfrenta esos retos.
El contexto global nos pone de manifiesto, una vez más, la crueldad y el sufrimiento humano causado por las guerras. Pero también revela, de nuevo, los riesgos estructurales de la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de tomar acciones para acabar con la trampa fósil. Desde el ataque militar lanzado el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán, el mundo ha vuelto a entrar en una profunda crisis energética que según Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, será "más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas". El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha cortado cerca del 20% del flujo de petróleo transportado por mar. Tras el alto el fuego del 8 de abril 2026, el tráfico marítimo no se ha recuperado, y ningún país del mundo es inmune a sus impactos. Similar a la crisis energética global vivida tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, nos enfrentamos a la escasez de combustibles y fertilizantes, pérdidas de producción, recesión económica e inflación. La población lo está notando ya en las facturas de suministros a la hora de llenar la nevera, cuando la cosecha escasea por la dependencia que tiene la industria alimentaria de los fertilizantes.
Parece que no podríamos estar más lejos del objetivo de implementar políticas urgentes para una transición verde globalmente justa. En un contexto que confirma la dependencia de la energía fósil, y en medio de una profunda crisis del multilateralismo, tendrá lugar la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición de los Combustibles Fósiles, organizada conjuntamente por el Gobierno de Colombia y los Países Bajos, en Santa Marta, Colombia. Más de cincuenta gobiernos, autoridades subnacionales y delegaciones de la sociedad civil se reunirán para discutir rutas de salida del carbón, el petróleo y el gas, después de que la COP30 no consiguiera incluir el abandono de los combustibles fósiles en su texto final. Aunque éste es un espacio nuevo que todavía tendrá que hacerse valer en el escenario internacional, ofrece una oportunidad de mirar más allá: conectar la más que necesaria transición energética con la necesidad de superar dependencias económicas estructurales, como la elevada deuda pública externa y los limitados ingresos fiscales para financiar una transición justa.
Relacionado con este tema
La deuda, la piedra en el zapato
Muchos países del Sur Global se encuentran en una crisis de la deuda. Según Erlassjahr, en 2025 los presupuestos nacionales de países del Sur Global estaban muy sobrecargados por los pagos a acreedores externos. En consecuencia, los gobiernos no pueden hacer frente a los gastos públicos básicos como sanidad, educación, inversión en adaptación climática etc., porque pagar los intereses y devolver los préstamos consume la mayor parte del presupuesto. Entre ellos se encuentran países como Pakistán, Kenia, Sri Lanka, Surinam, etc. Según el Banco Mundial, entre 2022 y 2024, los países con ingresos bajos y medianos desembolsaron 741.000 millones de dólares más en intereses de lo que recibieron en nueva financiación, la mayor cantidad en al menos 50 años.
En este contexto, los países con circunstancias financieras ya precarias podrían verse aún más afectados por las consecuencias de la guerra de Irán. Especialmente vulnerables son aquellos que sufren varias dependencias, como Angola, Mozambique, Níger, Zambia, Egipto, Etiopía, Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, Senegal, Jordán (Center for Global Development). Estas dependencias incluyen la importación de petróleo, gas o fertilizantes, la recepción de remesas desde el Golfo Pérsico; Estados con pocas reservas o con préstamos no favorables.
Muchos países del Sur Global se encuentran en un círculo vicioso de deuda y dependencia fósil. Para pagar su deuda externa, que normalmente se contrae en dólares estadounidense o euros, tienen que exportar y vender sus recursos naturales en el mercado internacional. En otras palabras, los gobiernos endeudados, incluida Colombia - anfitrión de la Conferencia de Santa Marta - no pueden cerrar sus industrias de carbón, petróleo y gas mientras los acreedores exigen pagos en dólares y euros, la mayoría de los cuáles provienen de exportar esos mismos combustibles fósiles.
Romper el círculo
Para avanzar en una transición justa hay que cancelar las deudas externas que obligan al Sur Global a seguir extrayendo. Hacerlo les daría un espacio fiscal suficientemente amplio para invertir en la transición verde de sus economías, atender a los gastos públicos socialmente necesarios, como salud, educación, seguridad alimentaria y energía. Ya se han visto cancelaciones de deuda en otras ocasiones. La iniciativa más conocida del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial se llevó a cabo a finales de los noventa, empezando con 39 países que estaban dispuestos a implementar duras reformas de recortes y privatizaciones. Sin embargo, las respuestas hasta ahora han sido totalmente insuficientes para generar un cambio a largo plazo.
Es urgente reformar el sistema financiero internacional y crear normas vinculantes para todos los prestamistas públicos (gobiernos, bancos multilaterales etc.) y privados (fondos de inversión etc.). Estas normas vinculantes deberían estar acordadas en una nueva Convención Marco de Naciones Unidas sobre Deuda Soberana, que debería incluir, entre otras cosas, un mecanismo multilateral de resolución de la deuda, un acuerdo sobre principios vinculantes de préstamo y endeudamiento, un mecanismo automático para el alivio de la deuda tras acontecimientos de fenómenos climáticos extremos, y auditorías de deuda para identificar deudas ilegítimas.
Aunque queda mucho todavía, recientemente se han dado algunos pasos: se ha establecido un proceso intergubernamental en el marco de la 4a Conferencia de Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) en 2025, y los países endeudados están cogiendo protagonismo en la nueva Plataforma de Deudores.
No falta dinero en el mundo
Según Eurodad y Global Alliance for Tax Justice, los ingresos netos de la industria mundial del petróleo y el gas alcanzaron aproximadamente los 4 billones de dólares estadounidenses en 2022, lo que equivale al 4% del PIB mundial. No sorprenderá mucho quién recibió esas ganancias. Solo las cinco principales compañías petroleras y gasísticas occidentales (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon y Chevron) repartieron más de 100.000 millones de dólares a sus accionistas tanto en 2022 como en 2023. Además, los principales contaminadores del mundo —incluidas las élites y las grandes empresas de combustibles fósiles— continúan utilizando paraísos fiscales para evadir impuestos, y los gobiernos todavía no han tomado medidas para garantizar que quienes más contaminan paguen más impuestos. Según las estimaciones de Tax Justice Network cada día se pierden más de 1.000 millones de dólares de las arcas públicas a nivel mundial debido al abuso fiscal por parte de las corporaciones multinacionales y más ricas del mundo.
¿Si no falta dinero, entonces qué falta? Unas normas fiscales justas que recauden de los que más tienen y más contaminan y que sean vinculantes para todos los Estados. Según Eurodad y Global Alliance for Tax Justice, desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, se podrían haber recaudado más de un billón de dólares para la acción climática y el desarrollo si las 100 empresas petroleras y gasísticas principales hubieran pagado un recargo del 20% sobre sus enormes beneficios. Un impuesto permanente sobre las ganancias de la industria de los combustibles fósiles no solo generaría recursos públicos adicionales, sino que, al reducir la rentabilidad del sector, puede contribuir a canalizar la transición hacia energías libres de combustibles fósiles. Por supuesto, los impuestos sobre las ganancias de los combustibles fósiles deberían ir acompañados del compromiso de eliminarlos por completo.
El 4 de abril Alemania, España, Italia, Portugal y Australia pedían a la Comisión Europea una política fiscal conjunta sobre los impuestos a los beneficios extraordinarias de los grupos energéticos, pero Von der Leyen lo rechazó. En el Estado Español, se aplica un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas como medida temporal desde la última crisis energética de 2022. Convertirlo en permanente sería clave. Esta demanda, igual que muchas otras, está también en la mesa de negociación sobre un nuevo Convenio Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cooperación Tributaria Internacional. Dicho acuerdo, que se prevé que finalice en 2027, abriría el camino hacia normas fiscales globales vinculantes que rebajarían las barreras estructurales para una transición justa.
En este sentido, la conferencia de Santa Marta también puede y debería representar una oportunidad de conectar propuestas para superar las barreras estructurales económicas para la transición justa con otros procesos de Naciones Unidas. Eso sí, dar pasos concretos para facilitar a los países del Sur Global la salida de la trampa fósil, depende en gran medida de la voluntad política del Norte Global de cambiar el estatus quo.
Comentarios de nuestros socias/os
Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.