¿Conocen a alguna mujer que haya pasado por un tratamiento de fertilidad? Pregúntenle en qué consiste. Es una fiesta: incontables visitas al médico, inyecciones a diario, analíticas y ecografías transvaginales cada par de días, bomba de hormonas, quirófano, cardenales, retención de líquidos, ovulación a lo bestia, fatiga, aumento de peso, náuseas. También hay buenas noticias: una, que se incrementan las posibilidades de llegar a ser mamá y dos, que la paciente es libre para abandonar el tratamiento cuando desee.

Figúrense el infierno que viviría una mujer obligada a seguir un proceso de este tipo contra su voluntad, una y otra vez. Supongan que alguien se apropiase de su historial clínico y le exigiese renunciar a la confidencialidad que hasta entonces guardaba con su médico, que pudiesen disponer por ella el número de embriones que se le pueden implantar y que, en caso de conseguir la gestación, anulasen su derecho a interrumpir el tratamiento si lo creyese oportuno. Piensen cómo sería para esa futura madre no poder elegir su dieta o el hospital en el que nacería su hijo, que no le permitiesen salir de su ciudad, cambiar de domicilio o mantener relaciones sexuales. Imagínense que la obligasen a parir por cesárea sin que existiese una indicación médica para ello y que alguien comprase al bebé y se lo arrebatase al nacer. Vamos aún más allá: pongamos que la embarazada entra en muerte cerebral y que quien tiene la última palabra para decidir sobre su vida es la persona que ha pagado para llevarse al recién nacido. Qué disparate. ¿Qué disparate? Pues esto sucede. Sucede y aparece en un contrato que el Tribunal Supremo adjunta en su reciente sentencia relacionada con el alquiler de vientres.

En la resolución, el tribunal determina la filiación de un bebé nacido de madre mexicana y que adquirió una ciudadana española a través de una agencia de subrogación. Los jueces, sin ahorrar epítetos sobre la aberración que esta práctica supone, dictaminan que el alquiler de vientres vulnera derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos, explota a la mujer que, a causa de su situación de vulnerabilidad, acepta participar en el proceso a pesar del trato inhumano y degradante que recibe, y convierte al niño en el simple objeto de un contrato. Tranquiliza saber que el Tribunal Supremo resuelve lo que cualquier persona informada y cabal comparte sobre una actividad de este tipo.

«Así que ya está. Las leyes son las que son y la Justicia lo tiene claro. Asunto resuelto», dirán ustedes. Pues no. Porque la sentencia no solo concluye que el alquiler de vientres atenta contra la dignidad de mujeres y niños, los cosifica y actúa contra sus intereses. También describe, entre la regañina y el lamento, cómo las empresas y las personas que incumplen la ley campan a sus anchas en nuestro país, organizan ferias para potenciar el mercadeo de úteros y la venta de bebés y se publicitan de manera tan descarada como ilícita sin que las autoridades hagan nada para evitarlo.

Por si eso fuera poco, muchos medios de comunicación se afanan en mostrarnos la cara dulce de la transacción, que es la de los compradores. A menudo son gente del famoseo que dan bien en cámara, están de buen ver y nos caen simpáticos; suelen hablarnos de su deseo por fin cumplido de ser padres, un deseo que no es un derecho pero que nos presentan como tal. No se me ocurre ninguna otra práctica ilegal que se tolere con tantísimo descaro.

Miren si llega lejos la desvergüenza que en el impreso para solicitar las prestaciones de maternidad y paternidad del Ministerio de Trabajo se puede marcar la casilla de “gestación subrogada” en el motivo de la solicitud, como si los embarazos se pudiesen subrogar y como si adquirir un ser humano por ese medio no constituyese un delito en nuestro país. En este contexto, no resulta difícil para los compradores llegar a España con los niños e integrarlos en su núcleo familiar. Los tribunales, en esas circunstancias y por el bien del menor, acaban reconociendo, con más o menos trámites, la filiación.

Quiero creer que esta colleja en forma de sentencia provocará que a las autoridades competentes les dé por mover un dedo y acabar con la incoherencia entre nuestra regulación legal y la realidad, con esta sinrazón que permite que los comerciantes de niños se sientan arropados por quienes deberían sancionarles y, como vienen haciendo en los últimos años y a la vista de todos, se vayan de rositas.