Concertada a la fuerza, la "libertad" de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso va a regalar dos grandes centros educativos privados financiados con fondos públicos en los barrios de Valdebebas y del Ensanche de Vallecas. El 10 de noviembre el BOCM ha publicado la convocatoria de los concursos públicos para la construcción de dichos centros privados concertados en dos barrios de Madrid. Precisamente allí donde las familias venían reclamando institutos públicos.

Estamos ante otro episodio de una privatización que no cesa. Miren este dato: el 40% del alumnado de Madrid capital está escolarizado en la educación pública. Para ponerlo en contexto: en España la educación pública escolariza el 67% y en los grandes países europeos cerca del 90% del alumnado. Esta situación es fruto de la política de desmantelamiento de la educación pública que viene aplicando el Partido Popular de Madrid desde hace décadas.

En este nuevo abuso la situación es aún más escandalosa. Por la forma en que se produce, por el objetivo que persigue, por el coste y porque es una adjudicación con trampa.

La demanda de las familias de estos barrios es muy clara: exigían la construcción de un instituto público en cada uno de ellos para atender a la población escolar que lo necesitaba. En el caso de Valdebebas, porque no hay ningún instituto para una población de 25.000 personas y donde cada día salen 5.000 alumnos a estudiar fuera del barrio; un centro privado es una golosina desde el punto de vista del negocio. En el Ensanche de Vallecas hay cuatro centros educativos concertados que tiene secundaria y solo un instituto público (IES María Rodrigo) que está sobresaturado.

Para reclamar su derecho a centros públicos, familias y profesorado se han movilizado, han recogido firmas, se han reunido con la administración educativa, han salido a la calle cientos de personas en varias ocasiones en los dos barrios. Merece mucho la pena ver las comparecencias en la Asamblea de Madrid de las AMPAS de Valdebebas y de las AMPAS del Ensanche de Vallecas invitadas por Unidas Podemos. Pero esta es la libertad de elección de Ayuso: si los padres quieren educación pública, habrá concertada a la fuerza. Demostrando una vez más que su libertad de elección no es otra cosa que el disfraz de la mentira.

La pregunta es: ¿por qué privatiza la educación de manera salvaje la derecha? Claramente lo hace por intereses ideológicos, políticos y económicos. Considera que la educación concertada -la mayor parte en manos de entidades religiosas- contribuye a un adoctrinamiento en valores conservadores que ayudan a mantener el statu quo con una ciudadanía educada desde la segregación y el clasismo. El PP de Madrid tiene muy claro que la hegemonía política se sustenta en este tipo de estrategias: un consejero de Educación de Madrid decía que por cada centro educativo concertado en un barrio aumentaba un 3% el voto al PP.

También sirve para regar los negocios de empresas amigas que convierten la educación en un mercado para lucrarse con ella. Y ojo con este tema. Es tanto el dinero que está en juego que es difícil no pensar las contraprestaciones cruzadas, por no hablar directamente de corrupción. La Operación Púnica demostró que se cobraban comisiones de un millón de euros con los conciertos educativos.

Es una operación ruinosa para los intereses públicos por el alto coste que tiene. Por un lado, se regalan parcelas que valen 11,9 millones de euros. Por otro, se les promete un concierto a 40 años (prorrogable hasta 75 años), es decir, prácticamente perpetuo. Ello viene a suponer una financiación comprometida del orden de entre 400 y 700 millones de euros a precios de hoy. Una barbaridad en sí misma y, más aún, cuando se están negando los recursos que necesita la educación pública.

Para presentar los pliegos hay solo un mes: del 10 de noviembre al 12 de diciembre. Estamos convencidos de varias cosas. Los colegios ya están dados. También los conciertos, pues nadie se mete en una inversión de unos diez millones de euros en la construcción de un centro si no tienen asegurado el negocio. Esta decisión se tomará al más alto nivel, en el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tan seguros estamos de que es un concurso con trampa que tenemos dos opciones: depositar ante notario un sobre lacrado con los más que posibles adjudicatarios. O hacer una porra con los sospechosos habituales: el Opus Dei en alguna de sus encarnaciones (ojito a Alfonso Aguiló), el gran fondo de inversión Hospitales de Madrid o el Instituto de Empresa, donde trabaja la exconsejera de Educación Lucía Figar. Al tiempo.

Tal y como se está planteando el tema, es manifiestamente un acto ilegal. No solo porque va en contra de la filosofía de la LOMLOE que pretende evitar estas situaciones, pero que la actitud pusilánime del Gobierno central no amarró suficientemente. La ley prohíbe que los ayuntamientos cedan suelo para colegios privados y la artimaña consiste en que el ayuntamiento de Madrid se lo ceda a la Comunidad para que ésta pueda burlar la ley y regalárselo a sus amigos. Tampoco se cumplen las condiciones exigidas para los conciertos. Pero, sobre todo, no es legal vincular el suelo y los conciertos en un mismo acto.

Con este atropello a la educación pública, Ayuso retorna a las prácticas de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Al periodo más negro de la corrupción política de la que fueron protagonistas. Ese es el fondo del asunto, aunque la neolengua intente vendernos lo contrario de la realidad. La libertad no tiene nada que ver con las cañas y tapas, con gobernar al servicio de los intereses privados o con el adoctrinamiento en las bondades de la desigualdad. Las libertades son las que garantizan los servicios públicos y los derechos de ciudadanía que consagra la Constitución y el estado de bienestar: educación, sanidad, pensiones, dependencia, servicios sociales, vivienda. Además del perjuicio que se produce a derechos fundamentales y a la cohesión social, la desigualdad y segregación que genera la red concertada hace que sea menos eficiente y más mediocre el modelo educativo madrileño.

Como Unidas Podemos hemos registrado varias preguntas para el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es más que probable que esta injusticia acabe en los tribunales. Pero la lección que deberíamos aprender de una vez por todas es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas para que las urnas no den la razón a prácticas mafiosas. Por último, los sindicatos, las AMPA, las organizaciones estudiantiles y toda la comunidad educativa deben empezar a unirse y a movilizarse frente a la injusticia. La movilización por la Sanidad Pública es el espejo.