Hasta 2008 la deuda total de las comunidades autónomas era irrisoria y rondaba el 6% del PIB. Los déficits públicos de las CC.AA. de la época tenían un tamaño muy escaso y la deuda surgía por gastos de inversión, normalmente ligados a la financiación de infraestructuras, en muchas ocasiones asociadas a la aplicación de fondos europeos. En materia de deuda, las CC.AA. se parecían más a las Administraciones Locales que a la Administración del Estado. Ya en 2009 con la crisis financiera internacional comenzó un calvario para las CC.AA. El sistema de financiación autonómica, basado en ingresos tributarios, se vino abajo con la recaudación y las CC.AA. tuvieron que afrontar grandes déficits que financiaron endeudándose. En 2011 la deuda de las CC.AA. se había situado casi en el 14% del PIB, a pesar de los recortes de gastos que nos imponía la “estúpida”, permítanme la licencia, política de austeridad dictada por la Unión Europea. Fueron esos los tiempos en los que Artur Mas puso al gobierno de España en el objetivo del catalanismo y dio el giro independentista. “Cataluña tiene que endeudarse porque España nos roba”, clamaba el independentismo. 

Cuando los mercados intentaron romper la zona euro atacando a los PIGS – recordemos que la “S” es de Spain -, las CC.AA. quedaron fuera de los mercados y el Gobierno, que no estaba dispuesto a aportar más recursos por el sistema de financiación, decidió hacer de prestamista de última instancia para las CC.AA. Fue así como surgieron a partir de 2012 el Fondo de liquidez Autonómica- el famoso FLA -, la Facilidad Financiera y Fondo de Pago a Proveedores, que se dedicaron a prestar a las CC.AA. (más tarde serían unificados en el llamado Fondo de Financiación a comunidades autónomas). A partir de ese momento el endeudamiento ya no dependía de los mercados financieros y, si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda supervisaba fuertemente los gastos y la gestión de los pagos, las CC.AA. podían endeudarse y pagaban un tipo de interés al Estado más bajo que en el mercado. Esto último hacía que endeudarse con el Estado fuera además un buen negocio.

Obviamente, al salir de los mercados, el endeudamiento de cada C.A. dependía de su capacidad de negociación con el Gobierno de España (Mariano Rajoy). De esos tiempos surgen los grandes sobreendeudamientos de la Comunidad Valenciana (Carlos Fabra), Castilla-LaMancha (Mª Dolores de Cospedal) y Murcia (Ramón Luis Valcárcel), todas ellas con grandes barones del PP al frente, y de Cataluña (Artur Mas) ya embarcada en el empeño independentista, que presionaba sin cesar y que era compensada con endeudamiento barato. Cierto es que, si miramos el histórico de deuda, Cataluña siempre ha sido la C.A. con más tendencia a endeudarse, no obstante, también lo es que el independentismo pensaba que nunca pagaría esa deuda si conseguía la independencia de Cataluña. En 2017 el endeudamiento del conjunto de CC.AA. ya había alcanzado casi el 25% del PIB y el resultado había sido que el Estado, en lugar de mejorar la financiación autonómica para atender la educación y la sanidad, lo que había hecho era transferir a las CC.AA. endeudamiento para así tener menos restricciones en su propio gasto para fines distintos a los propios del estado del bienestar.

Ni que decir tiene que las CC.AA. no acudieron por igual al recurso del endeudamiento. Las había como Cataluña menos controladoras del gasto, que elevaba impuestos y era adicta al FLA; como Madrid dedicada a bajar el gasto y los impuestos y que se negaba a financiarse a través del Estado; como Valencia perjudicada con el sistema de financiación y sin intención de controlar el gasto, también enganchada al FLA; como Andalucía también perjudicada con la financiación autonómica, pero con más control del gasto y aumento de impuestos; etc. Las discusiones con las CC.AA. sobre la distribución del endeudamiento se repetían cada año, ya que más endeudamiento posibilitaba más gasto y viceversa, y, en el Gobierno, el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se dedicaba a repartir a unas más préstamos y a otras menos, sin criterio económico alguno, como si fuera un rey mago tirando juguetes en una cabalgata.

Cuando el independentismo catalán empezó a asumir el colapso de la aventura independentista, sobre todo con la salida de Junts de la Generalitat, cambió el discurso de ERC y comenzaron las reclamaciones de condonación de la deuda. “Dejemos de soñar y vayamos con las cosas del comer” podríamos decir. Con una deuda que superaba el 31% del PIB en Cataluña se pergeñó el pacto PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa, del cual ahora ha surgido la condonación de deuda que era considerada por ERC un requisito indispensable para dar su apoyo a los presupuestos de 2025. ERC reclamaba una condonación de 17.000 millones de euros y la va a conseguir, no obstante, no la consigue con un acuerdo bilateral, sino con uno multilateral, en el que inevitablemente Andalucía, con más población y maltratada por el sistema de financiación, va a obtener una condonación mayor y equivalente a la de Cataluña en términos per cápita, 2.284 euros por habitante ajustado. Casi veinte años más tarde volvemos a la normalidad: el sistema funciona cuando es bueno tanto para Cataluña como para Andalucía.

Y aquí radica un problema político de primer nivel para el PP. Feijóo y los suyos siempre pensaron que el PSOE pasaría por la bilateralidad, algo inviable políticamente, y no pensaron que el mecanismo de condonación llevaría a que, de las nueve CC.AA. con mayor condonación en términos per cápita, siete estén gobernadas por el PP: Andalucía, Valencia, Murcia, Aragón, Baleares, Canarias y Extremadura. El movimiento del Ministerio de Hacienda ha dejado sin argumentos al PP, cuyo único escape ha sido vincular la quita de deuda a una reforma del sistema de financiación y salir con una pataleta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y es así como tenemos con cara de póker a personajes como Moreno Bonilla, Presidente de Andalucía, que pedía también 17.000 millones de condonación para la C.A. de Andalucía y que ahora va a recibir más de 18.000 millones, y a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la vez candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, criticando la incoherencia de Moreno Bonilla, que dice defender a Andalucía y no quiere aceptar esa reducción de deuda para su C.A. Obviamente cuando llegue el momento tragará saliva y la aceptará, como el resto de sus compañeros del PP. Igual que tragarán saliva los dirigentes de ERC, que habrán obtenido el huevo pero no el fuero, porque, con independencia de la forma de negociación, la realidad es que esta condonación de deuda comienza a resolver el problema que produjo la infrafinanciación autonómica de la era Rajoy que ellos tanto denunciaban.

Eso sí, la próxima condonación tendrá que utilizar un método con mayor racionalidad económica y distributiva, deberá compensar toda la infrafinanciación soportada por las CC.AA. y tendrá que eliminar el sistema de préstamos del Estado a las CC.AA. Cuestiones estas que merecen una reflexión aparte.