“Por fin, cuatro años después de la aprobación de la Constitución, al Rey le sería permitido comportarse como lo que siempre había deseado ser: el Monarca parlamentario de una monarquía parlamentaria!"

Charles Powell, El piloto del cambio. El Rey, la monarquía y la transición a la democracia, 1991 (comentando el papel de Juan Carlos I parando el golpe del 23 F que él mismo había instigado).

La Constitución y la ciencia del poder

“Que parezca un accidente…”. Hasta la mafia sabe que es mejor guardar las formas que actuar por la fuerza bruta. Si humillas, la gente se enfada. Si vas a abusar de alguien, que piense que lo haces por su bien o por un bien superior o por alguna razón contundente aunque sea incomprensible Por eso los poderosos han controlado siempre junto a la espada, la cruz. La vida social no es sencilla. Los seres humanos piensa y sienten. Hasta los más brutos. Hasta los esclavos terminan levantándose.

Cuando el porquero de Agamenón, contradiciendo a su amo, decía que la verdad no es la misma cuando la defiende el rey que su sirviente estaba matizando la afirmación de Platón de que la justicia no es lo que conviene a los poderosos, sino lo que conviene al pueblo. Las dos cosas son ciertas. Una en el corto plazo; la otra en el medio y el largo. Como decía Maquiavelo, un reino que quiera se estable conviene que sea visto como legítimo. La clave, como tiene tatuado en la ingle la politología, está en la correlación de fuerzas (“Llegaron los sarracenos/ y nos molieron a palos/ que Dios protege a los malos/cuando son más que los buenos”). La Constitución que no le gustaba a los poderosos hace cuatro decenios, ahora la defienden. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo que ayer era progresista hoy lo es seguramente menos.

El objetivo principal de la política es evitar la guerra, tanto la guerra civil como la externa. Por eso, su recurso es el poder, el acuerdo colectivo que permite concentrar capacidades -por lo general militares, policiales y legales- que permitan evitar la destrucción interna o defender el territorio frente a una invasión.

Un país es una suma de gente que comparte un espacio físico, unos recursos y una lectura común de que el futuro y el pasado forman parte de una aventura colectiva y compartida. Por eso, como recordaba Harari, las religiones suman allá donde las cosas físicas no son capaces de llegar a acuerdos. Compartir lo que no se ve une tanto o más que compartir lo que se ve. Las Constituciones son materiales e inmateriales. Los jueces son los que te quitan las ensoñaciones o las que hacen reales los derechos. La gente en la calle suele ayudar a que los jueces interpreten las leyes en el favor de las mayorías.

Una Constitución es un acuerdo escrito de las normas de convivencia que se da una sociedad. Y por lo que digan esas normas, los que tienen necesidades y quieren derechos luchan contra los que tienen derechos que les cubren sus necesidades. Las Constituciones expresan la correlación de fuerzas en un momento dado. Y eso varía. Los reyes y los dictadores suelen "otorgar" Constituciones y Cartas Reales. En democracia no valen. Aunque el poso de los dictadores sigue pesando incluso en su ausencia. Que se lo digan a los chilenos que perdieron el referéndum constitucional de septiembre de este año.

La Constitución de 1978

Hay que repetirlo: Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle. El ejemplo de la revolución de los Claveles en 1974 puso las barbas de los jerarcas del régimen a remojar. Las élites del franquismo sabían que el régimen no podía continuar una vez muerto el dictador. Además de que tanto desde Europa como desde los Estados Unidos se presionaba para que el régimen en España se homologara con las democracias de su entorno.

Antes de que se aprobase la Constitución, había que disciplinar a la izquierda. Para eso se usaron varias tretas. En primer lugar, había que transitar desde la ley franquista a la legalidad democrática (tarea de Torcuato Fernández Miranda). Eso fue la Ley para la Reforma Política de 1977, aprobada como la VIII Ley Fundamental del Franquismo. En esa ley se colocó el procedimiento electoral que garantizaba un bipartidismo conservador y que luego se iba a trasladar no solamente a la ley electoral vigente sino a la propia Constitución (primando las zonas rurales más conservadoras). Otra treta, que reconocería Adolfo Suárez a la periodista venal Victora Prego (que se encargó de ocultarlo a los españoles), fue que la Transición venía con Rey o no venía: o se aprobaba toda la Ley para la Reforma Política -donde el Rey era la clave- o la democracia no se autorizaba. Otra trampa fue entregarle al rey el nombramiento a dedo, al margen de las elecciones, de 41 senadores (otros 207 lo fueron a través de la soberanía no del monarca, sino de la soberanía popular: las primeras elecciones de la democracia tuvieron su porción de fraude).

La principal trampa de la Constitución era, como no podía ser de otra manera, de clase: los derechos sociales no eran tales, sino principios rectores que no eran directamente reclamables ante los jueces, sino en virtud de las leyes que los desarrollaran. Por eso el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a una vivienda digna. Un artículo, el 53, jerarquizaba toda la Constitución y le decía a los jueces -que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas- cómo tenían que interpretar todos los derechos. El resto, ya lo sabían ellos: que la primacía del hombre sobre la mujer no contradecía el derecho a la igualdad, que los objetores de conciencia debían hacer el doble de tiempo que los que hacían el servicio militar, que el Rey tiene inmunidad ante cualquier fechoría, que los banqueros tenían privilegios ante la ley…

La otra gran trampa de la Transición fue un entramado de medios, que venían del franquismo -incluido El País, financiado y dirigido por actores relevantes de la última etapa de la dictadura- y que se encargaron de dirigir a la opinión pública por los cauces ordenados que disponían las élites. Existía el OK Diario de la época -o La Razón o El Mundo-, claramente escorados hacia la extrema derecha, que tenian como principal función permitir, como ha ocurrido hoy con La Sexta o con el grupo PRISA, que medios del régimen parecieran medios de la izquierda. Mientras que el ABC alimentaba a la derecha monárquica tradicional. Por eso la izquierda nunca podía levantar cabeza -cuando Anguita ofreció negociar el gobierno con Felipe González, El País le masacró- y el bipartidismo siempre se mantuvo incólume. Podemos rompió con la prohibición de que una fuerza de izquierda entrara en el Gobierno. Y se repitió el intento de masacre. La pelea contra los medios que representa Pablo Iglesias explica el nuevo intento de linchamiento (al que se han sumado los viejos feminismos al intentar aprovechar la coyuntura para disparar contra Irene Montero). Y cuando se dé la pelea por democratizar el poder judicial veremos representada la tercera guerra del régimen contra Podemos.

Cambiar la Constitución, cambiar el contrato social

Que la derecha nunca ha respetado la Constitución se verifica, además de que no la votaron hace 44 años, en que nunca la han aceptado en su totalidad. Desde las “nacionalidades” del artículo 2 a la subordinación de la riqueza al interés general del artículo 128. Siempre han confiado en que si bien tenían que aceptar derechos propios de las democracias occidentales, llegado el caso, la fiscalía les “afinaba” lo que necesitaran cuando correspondiese o los jueces iban a buscar la interpretación más conveniente para ellos.

Además, siempre podrían controlar “por detrás” aquellas salas donde se definía la política del país. De la misma manera, iban a intentar manipular el Consejo General del Poder Judicial para convertirlo en un órgano de partido. El CGPJ lleva cuatro años caducado por la cerrazón del PP de mantener su control. Y el PSOE no termina de hacer lo que corresponde -usar la mayoría parlamentaria plural para cambiar la ley- porque se ha acostumbrado a la comodidad del bipartidismo conservador PSOE-PP. O recordemos cómo atípicamente el Tribunal Supremo deshizo la sentencia de un juez que decía que eran los bancos los que tenían que pagar los impuestos de las hipotecas. O los juicios del procés.

En torno a doce millones de españoles hoy vivos votaron la Constitución de 1978. La amplia mayoría ya jubilados. Es decir, hay unos 35 millones de españoles y españolas que nunca votaron la Constitución Española de 1978. ¿Tiene sentido una Constitución marcada por el signo de la jubilación? ¿No ha cambiado el mundo en estos 44 años? ¿No tienen derecho las nuevas generaciones a establecer cómo debe ser su marco de convivencia? ¿No tienen las generaciones actuales el derecho a debatir en profundidad las reglas de la vida compartida o tienen que resignarse a heredarlas? ¿Tiene sentido seguir rigiéndonos por una Constitución redactada solo por hombres, entre ellos alguno que había firmado sentencias de muerte durante el franquismo?

Como cada año, España celebra su día de la Constitución. Y como cada año, cada vez con mayor fuerza, esa Constitución demuestra que el paso del tiempo le ha hecho mella. Lo bueno se diluye y lo malo resalta. Salvaguardemos lo mejor que representa -el Constitucionalismo social de posguerra- y actualicémosla con todo lo pendiente (feminismo, ecologismo, Europa, inmigración, blindaje de los derechos sociales, soberanía territorial, forma del estado, participación, independencia judicial, veracidad y pluralismo de los medios de comunicación…).

Para que no siga siendo la misma derecha y extrema derecha la que siga gritando, después de ¡Viva el Rey!, su peculiar ¡Viva la Constitución!, la del Emérito Juan Carlos I de Borbón.