La corrupción, incompatible con la democracia

Los dos secretarios de organización del Partido Socialista, consecutivos en estos últimos ocho años, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto con su asesor Koldo García, están involucrados en una trama de corrupción, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, dependiente del Juez del Supremo, Leopoldo Puente.

Aunque la dimensión de los delitos se tenga que sustanciar por parte de la Justicia, son evidentes los hechos fundamentales que permiten hablar de grave corrupción política, con indicios consolidados de delitos: manipulación por parte del poder político de contratos de obra pública, en beneficio de determinadas empresas constructoras —corruptoras— y los propios personajes corruptos, perceptores de mordidas.

La investigación policial y judicial de esta corrupción política está en marcha y no sabemos todavía si se han traspasado dos líneas rojas que afectarían a la propia estabilidad del Gobierno de coalición y la legislatura: la financiación ilegal del PSOE y el grado de conocimiento e implicación del presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. 

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Alexis Romero

En todo caso, Pedro Sánchez tiene ya responsabilidades políticas por el nombramiento de esos dos altos cargos, deshonestos y de su máxima confianza, para gestionar el poder orgánico y territorial del Partido Socialista y la mayor capacidad inversora y de contratación privada de la administración pública, sin suficiente vigilancia y control colectivo. Ha perdido credibilidad y capacidad de liderazgo, en particular para la democratización del Estado, más todavía tras la fallida intentona retórica de hace un año, tras sus cinco días de reflexión por el acoso judicial a su entorno familiar.

Las derechas españolas no pueden liderar la regeneración democrática. Por una parte, porque su gestión política en los 15 años de los dos mandatos de Aznar y Rajoy ha estado llena de corrupción, mucho más amplia y grave que la actual socialista. Por otra parte, PP y VOX muestran una degradación ética y autoritaria y apenas esconden su opción socioeconómica regresiva. Se consideran propietarios del Estado, de su modelo centralista, excluyente y anti pluralista, con el sometimiento de las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Los procedimientos democráticos solo les sirven si ganan ellos, y su mecánica institucional y discursiva, llena de crispación y manipulación, es instrumental para ese fin: vale cualquier medio. Es la corrupción moral y sistémica.

Para las izquierdas, más allá de las convenientes peticiones socialistas de disculpas a la ciudadanía y su electorado, estos acontecimientos tienen un impacto político mayor. Cuestionan la capacidad y la voluntad de la dirección socialista y el liderazgo de Sánchez para guiar la regeneración democrática, la reforma social progresista y la articulación de la plurinacionalidad en España.

Son las tres tareas cívicas fundamentales de la gestión gubernamental de este ciclo progresista.

Por supuesto, en estos siete años se han hecho reformas positivas, derivadas del empuje global, aunque menguante, de la activación cívica de la década anterior y la presión por su izquierda. Muchas de ellas han sido muy costosas de aprobar, no se han ejecutado o han sido boicoteados por las derechas, desde su poder autonómico.

No obstante, dada la actual correlación parlamentaria, la gravedad del impacto político de la corrupción socialista y la perspectiva a medio plazo de las elecciones generales, con previsiones demoscópicas de victoria de las derechas, se necesita un plan reformador contundente en esos tres planos: económico y social, incluido el feminismo, en un sentido igualitario; democratizador del Estado y la intermediación partidista y de los medios de comunicación; y de articulación intercultural de la diversidad nacional, incluida la inmigración. 

En todos ellos la oposición derechista es terrible y la activación de todas las energías y representaciones progresistas es imprescindible. La duda es si la actual dirección socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, va a ser capaz o tener la disponibilidad para afrontar esa tarea regeneradora, necesaria para activar el electorado progresista y ganar las próximas elecciones generales (y municipales y autonómicas).

A corto plazo, parecen desechadas las opciones de una moción de censura de las derechas, por su impotencia parlamentaria, así como una moción de confianza o una dimisión del presidente del Gobierno, con una nueva investidura con otra figura socialista. Caben otras fórmulas intermedias, como la planteada reestructuración de la dirección socialista y una remodelación gubernamental. Todo ello para asegurar una similar mayoría parlamentaria que dé cierta estabilidad gubernamental… para continuar con similares procesos continuistas, con leves reformas regeneradoras y esperando ganar confianza ciudadana para disputar con las amenazantes derechas las próximas elecciones. No es suficiente.

La imprescindible regeneración democrática

Aquí, aparece el dilema de la orientación estratégica de este nuevo periodo, con la pretensión de superar con credibilidad el trauma de la corrupción en el PSOE, arbitrar las medidas regeneradoras imprescindibles y, más en general, profundizar en la democratización del Estado y el poder económico, en beneficio de la mayoría social.

La lucha contra la corrupción es fundamental para la democracia. En ese sentido, es más importante para las izquierdas, con valores igualitarios y emancipadores, que para las derechas, asentadas en los privilegios socioeconómicos y de poder.  

Los electorados de izquierda son mucho más críticos con la corrupción de sus representantes, que los de derechas respecto de los suyos. Esta ética de la convicción o, si se quiere, de la primacía de los derechos humanos y los valores universales de libertad, igualdad y solidaridad, deben permear la democracia social, la política y el Estado de derecho.

El sanchismo nació como cierto giro hacia la izquierda en política social y de talante democrático frente a la gestión prepotente y austericida y el descrédito del bipartidismo gobernante. Todo ello derivado de la presión cívica igualitaria y democratizadora de una fuerte corriente social a su izquierda. Ese impulso se ha ido debilitando y el sanchismo como expresión renovadora y de izquierdas se ha ido agotando. La puntilla puede ser la presente corrupción… si la estructura dirigente socialista no demuestra suficiente capacidad regeneradora y democrática.  

Así, aunque el liderazgo de Sánchez está debilitado y a corto plazo su reemplazo produce vértigo —con su coste correspondiente—, la dirección socialista, dada su actual representatividad electoral, tiene la responsabilidad de abordar ese proceso de renovación dirigente, regeneración democrática y de impulso reformador. Debe negociar un plan reactivador integral en esos tres ámbitos para encarar los retos de la ciudadanía y las elecciones con algunas garantías de victoria del conjunto progresista.

Pero, por sí solo, el Partido Socialista con su actual liderazgo no va a ser capaz de encabezar ese proceso, que exige una renovación orgánica democratizadora y de la confianza ciudadana. Depende de la activación cívica progresista y la capacidad articuladora de su izquierda social y política, en particular de Sumar, Podemos y la izquierda nacionalista, como foco compensador de las inercias continuistas socialistas. Tienen su propia responsabilidad para el reinicio de otro ciclo de progreso.

Veremos si ese conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda son capaces de articular una oferta política creíble y transformadora. Existen fuertes retos internos, sociales y democráticos; y externos, como el freno al rearme y a la ofensiva neocolonial e imperialista, cuyo ejemplo más nefasto lo vemos en Palestina. La alternativa derechista del PP/Vox, con el trumpismo a la cabeza, ya la conocemos. 

En definitiva, la corrupción política es un abuso de poder. Supone la instrumentalización de los resortes del Estado para alcanzar ventajas económicas e institucionales ilegítimas, para beneficio propio, de terceros o de un grupo social. Su erradicación es fundamental para la democracia y la supervivencia de las izquierdas. Un plan coherente de regeneración democrática, reforma social y articulación plurinacional es imprescindible para derrotar la involución de las derechas y abrir un proceso democratizador y de progreso. Hay que reiniciar el camino.