La Corte Interamericana condena al Estado Colombiano por abusos en Comuna 13 Medellín

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano por considerar que las autoridades cometieron abusos en los operativos para recuperar el control de la Comuna 13 de Medellín, especialmente en la maniobra conocida como operación Orión de 2002. La Corte tuvo en cuenta cinco casos de mujeres que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas, asesinada.

La Corte estudió los casos de Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce. Las dos primeras fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse”. Las otras tres fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”.

El fallo de la sentencia dice que el Estado no garantizó el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad, a la protección familiar, la honra y la dignidad, la circulación y residencia, la libertad de asociación y el derecho de tener garantías y protección judicial por los asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado que generó. La sentencia también reconoce que el Estado no es responsable en todos los casos que tuvieron lugar en dicha operación, pues algunos fueron investigados y los responsables condenados de manera correcta.

Gracias a este fallo, 5 mujeres tendrán que ser reparadas y responsabiliza al Estado colombiano por los excesos de fuerza y violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante los operativos, especialmente en la operación Orión.

La operación Orión tuvo lugar en el periodo de tránsito entre la presidencia de Andrés Pastrana y la nueva presidencia de Álvaro Uribe Vélez. A. Uribe decidió recuperar zonas que consideraba que estaban bajo el control de grupos guerrilleros. En el caso de la Comuna 13, donde vivían las defensoras de derechos humanos, se desarrollaba una guerra entre milicias de las Farc, el Eln, y el bloque paramilitar para tomar el control en la zona. Fue en este contexto que se dio luz verde a una serie de operativos militares que dejaron una larga estela de graves violaciones de derechos humanos.

Se trató de una gran operación militar en las que, además del Ejército, participaron la Policía metropolitana, el DAS y la Fiscalía. Sin embargo, en diversas investigaciones de la justicia colombiana se ha señalado que la Fuerza Pública contó con la ayuda de grupos paramilitares que operaban en la zona al ejecutar operaciones como Orión. El operativo desplego helicópteros y 1.500 efectivos, bloquearon las entradas y salidas de la comuna durante 4 días y revisaron cada palmo de la comuna. Durante la operación más de 1.200 personas se desplazaron de la Comuna 13 a otras partes de la ciudad. Los hechos acontecidos en esos días están recogidos en el informe de Centro Nacional de Memoria Histórica, que recoge datos del CINEP en donde se registra que la fuerza pública realizó 150 allanamientos y capturó a 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Hablan de un civil muerto, 38 civiles heridos y ocho desaparecidos.

La Corte en su sentencia hace referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres defensoras de derechos humanos en esos momentos, pues eran las principales víctimas de los hostigamientos, destrucción de sus proyectos y agresiones. Las mujeres no solo resultaban afectadas, también lo eran sus hijos y parejas.

Las cinco mujeres de la sentencia de la Corte trabajaban en la Asociación de Mujeres de las Independencias, trabajaban en violencia de género en la Comuna 13, trabajan en las Juntas de Acción Comunal y eran referentes políticos y objetivos militares de los grupos paramilitares que querían ejercer control en ese territorio. En pocas palabras, estas mujeres eran un obstáculo para los intereses de los grupos paramilitares, que las incluyeron en sus “listas negras”.