Hace unos años nos alarmábamos con los capítulos de la serie británica Years Years dónde veíamos a una extremista de primera ministra británica o una bomba nuclear lanzada en pleno siglo XXI. Hoy en día nos cuesta distinguir qué es trama y qué, realidad. Empezamos 2026 con el secuestro del presidente de Venezuela por parte de EEUU, con la continuidad del genocidio sionista en Palestina, con la masacre de civiles iraníes por parte de su gobierno y, ahora, por la guerra ilegal contra Irán. La guerra de Rusia contra Ucrania se cronifica, Trump ataca verbalmente a la UE y en el seno de ésta se acrecientan las contradicciones entre el seguidismo  y  las posiciones que aspiran a un papel autónomo de la UE.

Vivimos un momento histórico en el que las normas que deberían proteger a los pueblos parecen papel mojado frente a la lógica de la fuerza.  En este contexto global de poli-crisis, quisiera centrar la mirada en un pueblo hermano que sufre una ofensiva menos visible que una guerra abierta, pero igualmente profunda y asfixiante. Me refiero al pueblo cubano.

Este no pretende ser un artículo de defensa ideológica del proceso político cubano.  No pretende negar errores, rigideces económicas, ni carencias reales que han marcado la vida cotidiana de la isla durante décadas. Tampoco busca idealizar su historia ni su presente. Pretende ser, ante todo, una llamada de atención ética.

Porque lo que está en juego en Cuba no es un sistema político. Es un principio fundamental del derecho internacional, y diría que de la vida en común: el derecho de un pueblo a vivir sin ser sometido a una asfixia económica que condiciona su desarrollo, su bienestar y, en última instancia, su dignidad colectiva por parte de una gran potencia.

Durante décadas, la isla ha mantenido indicadores sociales comparables a los de países desarrollados. Antes de la pandemia, la esperanza de vida rondaba los 78-79 años, prácticamente equivalente a la media de la Unión Europea y cercana a los más de 83 años de España. La alfabetización es universal, la sanidad pública alcanza a toda la población y la tasa de médicos por habitante se encuentra entre las más altas del mundo.

Sin embargo, estos logros conviven con una vulnerabilidad estructural profunda. Cuba es una economía pequeña, dependiente de las importaciones y con una fuerte necesidad de importar energía. Esa fragilidad se ha visto amplificada durante décadas por un sistema de sanciones económicas por parte de EEUU, sin precedentes en su duración y alcance y endurecidas con saña por Trump que amenaza con intervenir directamente.

Según los informes presentados cada año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ilegal embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos ha provocado pérdidas acumuladas superiores a los 160.000 millones de dólares.

Pero esas cifras sólo cuentan una parte de la historia. El bloqueo se siente en lo cotidiano: en medicamentos o equipamiento que no pueden comprarse en mercados cercanos como México porque contienen patentes estadounidenses; en transferencias bancarias rechazadas por miedo a sanciones de Washington; en barcos que evitan atracar en puertos cubanos para no perder acceso al mercado norteamericano, etc.

No es una política abstracta: es una presión constante sobre la vida diaria de millones de personas.

Uno de sus impactos más duros —y menos visibles— recae sobre la infancia. Informes presentados ante Naciones Unidas y evaluaciones de organismos como UNICEF han señalado que las sanciones dificultan gravemente la importación de medicamentos pediátricos, equipos médicos y alimentos básicos. En los últimos años, hospitales cubanos han informado de obstáculos para adquirir fármacos oncológicos infantiles, reactivos de laboratorio y piezas de repuesto para equipos de diagnóstico, que deben comprarse a través de intermediarios lejanos con sobrecostes significativos. 

A ello se suman los apagones, como el de este lunes, provocados por la escasez de combustible y las limitaciones para modernizar el sistema energético, que afectan a la refrigeración de vacunas, al funcionamiento de incubadoras y a la conservación de medicamentos sensibles. 

En el ámbito alimentario, agencias internacionales confirmaron que el país tuvo que solicitar apoyo urgente para garantizar leche en polvo destinada a decenas de miles de niños pequeños, una situación inédita que evidencia cómo las restricciones financieras, comerciales y logísticas repercuten directamente en la seguridad nutricional infantil. 

Así, el bloqueo no se traduce solo en indicadores económicos: se manifiesta en hospitales con limitaciones tecnológicas, en familias que viven cortes eléctricos prolongados y en menores cuyo acceso a tratamientos o alimentos esenciales depende de complejas cadenas de importación condicionadas por sanciones externas.

El impacto resulta especialmente visible en el sector energético. Cuba depende históricamente de la importación de combustibles para cubrir más del 60 % de su consumo. Las sanciones reforzadas desde la administración de Donald Trump han restringido el acceso a petróleo, financiación y transporte marítimo, provocando déficits eléctricos que en momentos críticos han superado el 30 % de la demanda nacional.

Para comprender la magnitud, basta imaginar que España dejara de recibir simultáneamente el gas procedente de Argelia y el petróleo del exterior, ahora desde EEUU.

Ante esta situación, la isla ha iniciado una transformación silenciosa pero estratégica: una apuesta acelerada por las energías renovables. El despliegue de parques solares y sistemas descentralizados busca reducir la dependencia del combustible importado y reforzar la soberanía energética del país. Esta transición no es solo climática: es una cuestión de soberanía.

Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una posición clara. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado de forma anual y abrumadora contra el bloqueo, considerándolo contrario a principios esenciales del derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia y la libertad de comercio.

Pero más allá del debate jurídico, la cuestión es profundamente moral. Cuando las sanciones afectan al acceso a medicamentos, alimentos, energía o tecnología básica, dejan de ser una herramienta política para convertirse en una forma de castigo colectivo, un crimen de guerra.  Y ningún castigo colectivo puede ser compatible con los derechos humanos.

Como escribió José Martí, la dignidad del ser humano cabe en un grano de maíz (o en poder encender la luz). Defender hoy el derecho de Cuba a vivir sin asfixia significa defender un principio universal: que ningún pueblo puede ser obligado a elegir su futuro bajo coerción externa. 

 Lo que está en juego va mucho más allá de una isla del Caribe. En el futuro del pueblo gazatí, en la posibilidad de que el pueblo de Sudán viva sin guerra, en la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, se está decidiendo algo mucho más grande: el futuro mismo del derecho internacional. Se está decidiendo si las normas que protegen a los pueblos seguirán teniendo valor o si serán definitivamente sustituidas por la ley del más fuerte. Se está decidiendo si la dignidad humana será un principio universal o una excepción geopolítica.