Guatemala. ¿Un lugar para morir? Las cifras del último informe de la oenegé Global Witness nos dicen que es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del territorio. En todo el mundo, 149 han sido asesinadas o desaparecidas solo en 2024 por tratar de defender esos bienes naturales de los que se ven expoliados o que son contaminados, desaparecidos. Global Wtiness ha vuelto con su informe para recordarnos que hay lugares en este planeta donde la apropiación de la tierra, el agua, los minerales, los bosques o los peces está detrás de crímenes que, en general, quedan impunes, invisibilizados, pronto olvidados. En una docena de años, son 2.253.

Guatemala, con 20 líderes menos, muchos muertos a balazos, está a la cabeza del macabro ranking, en proporción a su población. Pese a tener un gobierno progresista desde inicios de 2024, el presidente Bernardo Arévalo no logra impedir la masacre, preso de un sistema judicial que no lo deja respirar, según todos los testimonios que pude recoger en el informe “Voces de la Madre Tierra”, publicado hace unos meses sobre Centroamérica con Alianza por la Solidaridad. Y la lista sigue creciendo: solo en mayo mataron a Marco Antonio Zuleta Quevedo, guarda forestal de la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas de Guatemala, y a Misael Mata Asencio, tiroteado una noche. El primero denunciaba la tala ilegal, el segundo se oponía en la explotación de una mina de níquel en el municipio de Las Flores.

No hace tanto pude recorrer los numerosos puntos de resistencia a proyectos expoliadores en zonas indígenas y campesinas del país centroamericano. Muchos eran por minas, el sector que, según Global Witness, más conflictos con muertes genera en todo el planeta. “El cambio de la energía fósil a la renovable es necesario y urgente, pero precia de unos minerales que no salen gratis porque no ha cambiado el ‘modus operandi’ de las compañías que los extraen, se siguen violando como hace mucho tiempo los derechos humanos de indígenas, campesinos o afrodescendientes, y eso genera violencia”, apunta la autora del informe, Laura Furones. Por si fuera poco, ahora se suman en Guatemala los conflictos con el tráfico de drogas y armas generados en su frontera con México, donde el negocio ilegal acaba relacionado con empresas y tramas con vínculos institucionales. “Es todo muy complejo”, asegura.

A los 29 asesinatos relacionados en 2024 con la minería (sea coltán congoleño, litio chileno, oro y plata de Guatemala o México…), se suman ocho por explotación forestal y cuatro por agroindustria, aunque ambos sectores están muy relacionados. También la posesión a la tierra anda detrás de muchos conflictos, que acaban mal para quienes la defienden porque sobreviven de ella. Lo saben bien los indígenas campesinos de Colombia, con 19 muertos el pasado año por enfrentarse a industrias extractivas donde antes operaban las FARC y ahora hacen negocio otros grupos armados. Es la misma lucha y el mismo miedo que vi cuando navegaba hace unos años por aguas del río Mira, en Nariño, entonces por amenazas de la guerrilla y el ejército.

Al mirar el análisis de Global Witness, habrá quien crea que la situación mejora porque esas 149 víctimas son menos que un año antes, porque en Colombia (en cabeza en datos globales con 48 asesinatos) han bajado un 60% o porque en África no hay problemas: solo se registra un crimen a un defensor ambiental en República Democrática del Congo. Pero nada más lejos de la realidad: “No están todos los que son. Hay casos que cuesta confirmar y los dejamos fuera y, sobre todo, hay mucho silencio por miedo y falta de libertad para informar o de posibilidad de hacerlo. Parece que Latinoamérica, con 120 de las 149 víctimas, es el peor sitio del planeta para ser defensor o defensora, pero la realidad es que de otros continentes no se informa ni se denuncian las muertes contra ambientalistas”, explica la investigadora.

Tras Colombia y Guatemala, le siguen en el mortal ranking México, Brasil, Filipinas, Honduras, Indonesia... Así hasta 17 países con muertos. Y también hay víctimas de otros tipos que no están en el informe: las personas a las que se criminaliza, como el líder indígena guatemalteco Luis Pacheco, nombrado viceministro por el presidente Arévalo hace dos años y hecho preso por orden de la Fiscalía en abril de este año. Su delito: manifestarse a favor de la democracia en su país cuando se intentaba un golpe de Estado. O el caso de la líder antiminería Vidalina Morales, en El Salvador, a cuyo hijo ordenó detener el régimen de Nayib Bukele en 2023, acusado falsamente de ser miembro de una mara. El objetivo: callar el activismo de su madre, muy visible contra la vuelta de la minería al país, como finalmente se ha aprobado. “El hostigamiento es insoportable”, me contaba Vidalina en una llamada.  Y ahí sigue, jugándose la vida. “No tenemos casos en 2024 de víctimas mortales en El Salvador y son pocas en Nicaragua, pero es que en esos lugares casi todas las oenegés son ilegales y muchas personas se han exiliado. Esa falta de datos son en realidad un grito”, dice Furones.

Y es que perseguir a las familias, denunciar por delitos ficticios, acosar en las redes, amenazar en las comunidades, dividir pueblos dando regalías a algunos y otras tácticas similares no son nuevas, pero si van en aumento a medida que las presiones sobre los bienes naturales son mayores. Y con ella, se extiende el temor a ser silenciado del todo. “Mira, no pongas mi nombre ni nada que pueda relacionarse con mi tierra y ese conflicto”, me pedía una activista nicaragüense desde su escondite en Europa. Por cierto, solo el 10% de las personas asesinadas son mujeres, pero no es porque sean pocas en las luchas. A ellas, como pude comprobar en mi investigación, se las paraliza con otras violencias: amenazando a sus familias, con agresiones sexuales, dejándolas sin recursos para la supervivencia de los hijos.

También llama la atención que en un tercio de todas las muertes se culpe a la “delincuencia organizada”, y solo en un 11% a sicarios. ¿Acaso los delincuentes tienen una especial atracción por los defensores ambientales? No, más bien es que tras esa careta se esconden muchos casos “para invisibilizar las luchas”, como comenta Furones, y al final las investigaciones se quedan en un cajón, sin condenas ni culpables. Los paramilitares estarían tras un 13% de los asesinatos y desapariciones.

Solo desde que se firmara el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y ya ratificado por 16 países latinoamericanos, han muerto más de un millar de personas. Es un tratado vinculante en el que los estados se comprometen a proteger a los defensores ambientales, pero de momento no parece funcionar. Por cierto, entre los que lo firmaron y no lo han ratificado aún están Guatemala y Brasil (12 muertos en 2024).

Y esto pasa mientras el consenso sobre los derechos humanos y ambientales de la humanidad se viene abajo. La UE, que era un adalid de su defensa, está dando marcados pasos hacia atrás, como refleja este informe. Se presiona para tumbar o diluir la directiva que obliga a las empresas europeas a cumplir con sus obligaciones al respecto allá donde hagan negocio, se atrasa el reglamento contra la deforestación importada de esos territorios, se mira para otro lado sobre el origen de los minerales y no se pregunta si hay sangre derramada tras esos productos que, por arte de la magia del márketing, se convierten en “imprescindibles”. Desde Global Witness, como desde otras organizaciones, se apunta una solución: cambiar el actual neocolonialismo globalizado por un modelo en el que no haya despojos en los territorios, en los que prime el consenso con los afectados por un proyecto, sin manipulaciones por medio.

Mientras, la cuenta de esa gente líder que defendiendo lo suyo de la destrucción defiende lo de todos, nuestro planeta, no dejará de aumentar. Y no nos podemos permitir ni más personas defensoras muertas, ni criminalizadas ni amenazadas. Tampoco hay tantas.