En pleno debate y votación de las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, asistimos a una pobreza argumentativa similar a la que vimos con los Prespuestos Generales del Estado (PGE). Es triste, muy triste, porque la ley tiene efecto directo en más de 8 millones de estudiantes y unos 700.000 docentes repartidos en 28.000 centros educativos de toda España. Limitar el debate al asunto de lengua vehicular o a la eliminación de privilegios de la educación concertada es simplificar una ley que merece un análisis mucho más profundo y sosegado.

La Educación siempre se ha utilizado en España como un arma arrojadiza, algunas de ellas como la LOMCE (Ley Wert), más explosiva que punzante. La LOMLOE no es una excepción. Mientras la oposición tratar de manipular la realidad asegurando que el alumnado que viva en Comunidades con lengua cooficial terminará los estudios sin saber español o alertando de que se ataca a la educación concertada, la realidad es bien distinta.

Incluso aunque se centrara el debate únicamente en esas dos cuestiones, la ley contempla la obligatoriedad de acabar la educación con dominio del español, se viva donde se vida y se utilice el idioma que se utilice como vehicular. En cuanto a los concertados, es normal que estén que trinen porque dejarán de ver cómo algunas Administraciones, amparándose en el concepto de 'demanda social', regalan suelo público para sus intereses en lugar de destinarlo a la Educación Pública.

Además, también verán como dejarán de recibir dinero público si segregan por sexos o tendrán mucho más complicado rechazar alumnos, por ejemplo, con síndrome de Down, práctica bastante habitual entre quienes ahora patalean y hablar de ataque a la libertad... ¡hay qué ver tamaña desfachatez! También escuece que la asignatura de religión no cuente para la nota curricular y que tampoco tenga asignatura espejo para el alumnado -cada vez más numeroso- que no quiere aprender religión. Ante la pérdida de estas prebendas, los concertados regurgitan bilis, víctimas de un cólico de justicia social...

Más allá de estas simplezas a las que recurre la oposición para atacar una ley de la que no le he oído un análisis ni medianamente profundo, hay mucha más tela que cortar. Son los expertos los que han de valorar cuestiones como el diseño curricular, la estructura de los ciclos, etc. que es realmente donde nos jugamos el porvenir del país.

Vaya por delante que no cuento con los conocimientos ni la formación para analizar esta ley, pero no puedo resistirme a criticar la desaparición de la asignatura de ética en 4º de la ESO, es decir, la ausencia de la filosofía como asignatura obligatoria en este curso... en eso sí se parece a la Ley Wert, que acabó con la situación anterior cuando sí que estaba presente.

Lo llamativo es que éste ha sido un cambio de última hora, con 'nocturnidad y alevosía', dado que el acuerdo anterior recuperaba el ciclo formativo en filosofía (4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato). Sin embargo y ante este atropello sin justificación, de nuevo, asistimos a la poca talla de una oposición más preocupada por seguir favoreciendo a la educación privada encubierta, esto es, la concertada, que a que el alumnado aprendar a reflexionar, argumentar y contra-argumentar y, en definitiva, ir construyendo su propio criterio.

Aprender a pensar, vaya, que es lo que tanto se echa en falta en el Congreso y que quizás, es lo que no agrada demasiado a quienes mandan. Nada hay más peligroso para un gobernante deshonesto que una ciudadanía formada y con criterio propio, quizás por eso no se escucha en la Cámara Baja un clamor popular ante este nuevo varapalo a la asignatura de filosofía.