A finales de noviembre de 2019, los llamados 'Cables de China' revelaron que detrás del sistema de videovigilancia desplegado en la provincia china de Xinjiang para reprimir a la población minoritaria uigur se encontraba la tecnología a de Huawei. Se estima que en los últimos tres años 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas han sido detenidas.

En un principio, la compañía negó tal implicación, indicando que la vinculación venía por terceros, pero nuevas revelaciones, publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, demostraron lo contrario. Empleo de inteligencia artificial con reconocimiento facial, violaciones de privacidad monitorizando teléfonos móviles y recopilando datos personales de las comunicaciones en general... todo valía hasta que miembros de la etnia uigur daban con sus huesos en campos de concentración y/o “reeducación”. El episodio vivido en Xinjiang se ha descrito como el primer caso conocido de limpieza étnica impulsada por la Inteligencia Artificial.

Desde Australia, el Australian Strategic Policy Institute analizó toda la información y determinó que la participación directa de Huawei con el gobierno chino fue decisiva para consumar estas violaciones de Derechos Humanos (DDHH). Este mismo organismo planteaba la idoneidad ética de confiar los despliegues de la tecnología 5G a una multinacional que opera de ese modo. Mientras el gobierno china asegura que la represión vivida en la región de Xinjiang no responde a un tema religioso ni de DDHH, sino de lucha contra el separatismo y el terrorismo, ejecutivos de Huawei sostienen ahora que la compañía vende su tecnología en todo el mundo, pero no la opera, ignorando para qué se utiliza realmente.

El informe de Australian Strategic Policy Institute es demoledor, no sólo vinculando directamente a Huawei a este vulneración de DDHH sino, además, indicando que sus despliegues tecnológicos para las autoridades chinas son utilizadas por la compañía como casos de éxito.

En este escenario, la polémica también ha llegado a Reino Unido, que ya había forzado que la compañía desembolsara 2.000 millones de euros para resolver lo que entendía que eran vulnerabilidades. Los recelos contra Huawei, espoleados por EEUU, van en aumento por las acusaciones de problemas de seguridad y la preocupación por su posición dominante en el despliegue de infraestructura 5G mientras diversos gobiernos sostienen que mantiene una fuerte vinculación con Beijing.

El debate está servido: ¿debe un gobierno trabajar con compañías cuyo compromiso con el respeto a los DDHH está cuestionado? ¿Es suficiente ampararse, como hace Huawei, en que la compañía cumple con la legislación de cada país sin entrar en juicios morales? Por el momento, la polémica en el Parlamento británico está sofocada, toda vez que nos encontramos a una semana del Brexit y afianzar lazos con países como China será importante para Reino Unido... y Reino Unido es crucial para Huawei como referencia para seguir expandiéndose por el resto de Europa.