El pasado martes, 28 de enero, y después de que la semana anterior se hubiera tumbado en el Congreso el Decreto Ómnibus, se aprobó finalmente un nuevo Decreto que recogía 29 de las medidas previstas en el primer paquete. Estas medidas de "escudo social", incluyen la actualización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público hasta mitad de año, y las ayudas relativas a DANA, entre otras. Caen, sin embargo, las ayudas a Ceuta para menores extranjeros no acompañados, la prórroga del SMI o las exenciones fiscales por obras de mejora de eficiencia energética.  

Se sumaba también una nueva medida: un sistema público de avales para propietarios, que les cubre en caso de impagos de alquiler y suministros. Es decir que, finalmente, se ha mantenido el veto a algunos tipos de desahucios pero, a cambio, los partidos que en un primer momento se opusieron al Decreto han logrado introducir los avales como contrapartida, para garantizar, así, que en todo caso sea el Estado quien asuma el coste de este “escudo social”.

Esta aprobación llega después de semanas de reproches cruzados entre partidos, muchos de contenido anecdótico más que de debates de fondo sobre el modelo social que necesitamos.

En un contexto de auge de la extrema derecha y de la ideología neoliberal de base extractivista, con un capitalismo financiero desbocado -que busca sacar cada vez más rentabilidad a sus activos-, preocupa que los intereses del poder corporativo en connivencia con los de los partidos políticos, se antepongan permanentemente a una mirada más amplia de las políticas que priorice a las personas. Además, preocupa también que, cuando se consiguen medidas más progresistas, siempre se enmarquen dentro de la temporalidad, y que dependan siempre de la continuidad de un marco de crecimiento ilimitado, en vez de plantearse formas de redistribución más drásticas que nos permitan pensar en otras formas de generar bienestar.

Cabe recordar que fue en el contexto de pandemia, tras la evidencia de la emergencia social, que se empezaron a aprobar algunas medidas políticas para paliar los peores impactos en la población, especialmente en los colectivos más precarizados. Unas medidas que luego se ampliaron ante la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Algunas de estas medidas fueron la moratoria de desahucios y cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- a familias vulnerabilizadas, y las ayudas al transporte, que implicaban su gratuidad o rebaja de precios. En su momento, esto fue una propuesta de cobertura de derechos básicos, parcial y de mínimos, en un contexto de crisis cruzadas -económica, social, de cuidados, ecológica- y de evidencia de un modelo de servicios públicos muy deficiente. Medidas institucionales que se concentraron en el llamado “plan de choque”, y que pese a amortiguar parcialmente la precaria situación en la que se encontraron o estaban algunas personas, ni siquiera llegaron al conjunto de colectivos a los que se suponía que iban dirigidas .

A pesar de las necesarias críticas, también debemos reconocer que estas medidas, aunque parciales, implicaron mejoras para una parte de la población a la vez que tocaban otros intereses -algo que no debemos olvidar a la hora de interpretar las idas y venidas en el Congreso de las últimas semanas-. Un ejemplo, que evidencia la importancia de alargar las moratorias de los desahucios, es el freno de alrededor de 58.000 desahucios desde su vigencia en marzo de 2020 hasta 2024, según un informe del Observatorio DESCA.

Casi cinco años más tarde, las crisis se han agravado, las importantes desigualdades siguen vigentes, y más situaciones de emergencias territorializadas con impactos sociales y ecológicos se han sucedido en territorio español -como ha sido la DANA en Valencia en 2024 y la erupción volcánica en La Palma en 2021-. Es importante evidenciar que es la gestión política de estas crisis la que retroalimenta y, en último término, no garantiza la cobertura de derechos básicos ni para los colectivos más afectados ni para el conjunto de la población.

Y es también en este contexto de emergencias superpuestas en el que, en los últimos días, se han puesto a debate la aprobación de medidas para contrarrestar algunos de los efectos de la crisis reproductiva y ecológica en la que vivimos. Los conceptos “plan de choque” o “escudo social” pueden sugerir una idea de urgencia (en el primer caso), pero también de “parche” o paliación. Un “escudo” (social) refiere a un elemento protector, pero de forma defensiva. Y, en efecto, el Decreto que ha salido adelante está muy lejos de ser una propuesta de base y estructural que revierta la situación de concentración de poder económico, corporativo y rentista. No es una propuesta redistributiva de raíz. Del mismo modo, intentar que se aprobaran sólo algunas políticas por separado del Decreto original, ya de por sí parciales y minimizadas, demostró todavía más la escasa apuesta por una defensa de derechos sociales por parte de algunos partidos.

En este sentido, también es preocupante la facilidad con la que las grandes energéticas (Repsol, Endesa, Iberdrola...) han podido chantajear a algunos partidos para lograr que el Decreto que prorrogaba los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas cayera sin mucho ruido. Lo que denota la poca consistencia de las medidas que realmente iban encaminadas hacia una redistribución ecosocial más justa.

Lo que se aprobó, por tanto, es básicamente, y en la misma línea de siempre, un "escudo" frente a un modelo económico y político que se focaliza en preservar los beneficios de las (grandes) corporaciones, sin importar sus impactos ecológicos y sociales. Y de hecho, en la comparecencia del presidente Sánchez presentando el nuevo Decreto, también comunicó nuevas medidas económicas y de crecimiento que pretenden aprobar , apuntando una vez más a la centralidad de la productividad y el sector energético en casi la totalidad de políticas que se promueven.

El panorama en el que se aprueba es aún peor. Porque no es sólo que nos encontremos en un contexto en el que la garantía de derechos y los servicios públicos se encuentran muy debilitados, sino que diversos momentos o situaciones de excepcionalidad han implicado una mayor regresión en propuestas políticas que entendemos como justas. Un ejemplo ha sido la continuidad de privatizaciones en un ámbito tan paradigmático como la salud en un contexto de salida de la pandemia COVID-19. Esto se evidencia muy claramente constatando que las desigualdades sociales continúan estando muy acentuadas en el Estado español así como a nivel mundial. En este contexto, los “escudos” se quedan cortos.

Estas líneas se escriben la misma semana del intento de deshaucio de la Casa Orsola y también del sí realizado desahucio de la Antiga Massana, espacio de encuentro comunitario, cultural y de defensa de derechos, en el barrio del Raval, ocupado desde la pandemia. Una nueva pérdida de espacios que defienden e implican derechos para la población, especialmente significado en el ámbito de la defensa de la vivienda frente a la actual crisis habitacional. Una crisis que no se resolverá con parches, sino que requiere medidas directas para contrarrestar el poder sin límites que acumulan los fondos de inversión.

Frente a un sistema que falla en la cobertura de derechos básicos, es necesario un cambio de rumbo en las políticas garantistas del bien común, políticas que vertebren la construcción de transiciones ecofeministas y ecosociales justas, que defiendan, en definitiva, nuevos modelos de raíz que prioricen la reproducción de las vidas.