La defensa de la Constitución, el Parlamento y las instituciones democráticas frente a Vox

El grado de tensión en el Pleno del Congreso de los Diputados en los días 23 y 24 de noviembre de 2022 ha sido tal que todos los partidos políticos se han concitado contra Vox por las repetidas injurias contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la defensa del feminismo que ella representa.

Vox es un partido político que presenta tres características negativas.

La primera es la lucha contra las instituciones democráticas en un proceso constante y mantenido desde su aparición. He aquí una serie de actuaciones, que no agota el número de los atropellos cometidos, porque Vox es insaciable en su lucha contra las instituciones de nuestra democracia. Actuaciones contra los derechos civiles: aborto, igualdad de género, matrimonio homosexual, diversidad sexual en todas sus manifestaciones, intentando abolir leyes de desarrollo de derechos constitucionales (título preliminar, capítulo II, arts. 14 a 38, parte sustancial de la CE). Contra el Estado de las Autonomías (título VIII, arts. 137 a 158). Contra la legalidad de los partidos políticos nacionalistas y comunistas (art. 6 de la CE, parte sustancial de la CE). Contra el pluralismo lingüístico (art. 3 de la CE, parte sustancial de la CE). Contra la inmigración, especialmente musulmana, identificando inmigración y delincuencia, e incriminando a menores no acompañados sin pruebas (art. 14, parte sustancial de la CE). Contra el pluralismo religioso, prohibiendo la creación de mezquitas (art. 16 de la CE, parte sustancial de la CE). Contra el Tribunal Constitucional, del que piden su abolición, no obstante formar parte de la estructura básica de nuestra democracia (título IX, arts. 159 a 165). Contra la integración de España en la Unión Europea, de la que niegan que se convierta en una federación y a la que critican porque no respeta la soberanía de los Estados (art. 96 de la CE). Vox, expresión máxima del hipernacionalismo español, se opone por arriba a una Europa integradora de los Estados europeos y por abajo a los nacionalismos en el interior de nuestro país.

La segunda característica es el propósito de que la ciudadanía perciba el deterioro de las instituciones de nuestra democracia, contribuyendo constantemente a echar leña al fuego, aprovechando sobre todo las situaciones en las que más y mejor puede difundir en la opinión pública ese deterioro; de ahí que se empleara a fondo en las sesiones parlamentarias de la semana pasada, cuando se sometía a aprobación los presupuestos generales del Estado y la supresión del delito de sedición. Vox viene con la intención de reventar nuestra democracia y sus instituciones en una operación orquestada en el nivel del Estado y de las comunidades autónomas, muy eficaz en la aplicación de la estrategia debido a la estructura jerárquica del partido, donde el presidente es el líder supremo incontestable.

El deterioro de la imagen de las instituciones democráticas es buscado por los fascismos de todos los tiempos, siendo el Parlamento la principal diana a abatir; un método en el proceso de instaurar un nuevo líder absoluto y salvador y un nuevo sistema jurídico-político. En Alemania el Führer (conductor del pueblo) se colocó en el lugar del Parlamento y el Vokgeist (el espíritu del pueblo), interpretado únicamente por el Führer, suplantó a la Constitución y las leyes democráticas y adquirió el valor de primera fuente del derecho. El paralelismo con el régimen franquista es muy acusado. Los fascismos se consolidan en el mismo o parecido contexto: una envolvente crisis económica y el señalamiento del enemigo social interior, causante de todos los males de la nación, ya sea el judío, el rojo o el inmigrante.

La tercera nota distintiva es el empleo de la técnica constante del insulto grueso y grosero dentro y fuera del Parlamento, aprovechando el amparo de la inviolabilidad de los representantes políticos. En el uso del insulto y la injuria Vox se va creciendo con el paso del tiempo. Hasta ahora los improperios solían ser de la misma naturaleza, esgrimidos en mayor número contra las diputadas y activistas de izquierda, al estilo del vomitado por la diputada Carla Toscano en el último Pleno: “el único mérito de Irene Montero es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias… es una libertadora de violadores” o del diputado Víctor Sánchez del Real: veremos “un apocalipsis comunista lleno de sangre”. Pero el diputado Onofre Miralles ha dado un paso más: “somos superiores cualitativa y moralmente”, expresión de tradicional raigambre fascista.

Quizás el lector no sepa que la Constitución permite la mentira, la injuria y la calumnia de nuestros representantes. Así es debido a la prerrogativa de la inviolabilidad consignada en el art. 71 de la Constitución, que realmente funciona como un privilegio inaceptable. Tuvo su razón de ser cuando apareció y fue recogida por vez primera en la Declaración de Derechos inglesa de 1689, en la que los representantes de los Comunes consiguen el derecho a la libertad de expresión en el Parlamento sin ser detenidos por la guardia del Rey (que hasta entonces podía entrar en el Parlamento y detener a un miembro de la Cámara). Así, muy limitada y en las manos exclusivas de los parlamentarios ingleses, surge el derecho a la libertad de expresión, que después en el siglo XVIII se incorpora a las constituciones liberales como un derecho universal, y ahora hasta puede esgrimirse contra las autoridades, el Gobierno y el Rey. Pero hoy es un privilegio arcaico, sin razón de ser, que debería ser suprimido de la Constitución, caldo de cultivo de una imparable gresca en el Parlamento y de una ininterrumpida serie de improperios de unos contra otros. Barra libre, que son impunes. Si el problema residiera únicamente en sus respectivos reproches, la inviolabilidad parlamentaria no sería tan rechazable, pero es que su uso se convierte en un atentado a dos derechos fundamentales de las personas: el derecho a la igualdad y a la tutela efectiva de los tribunales, ya que los particulares no podemos querellarnos contra nuestros representantes, si nos insultan, injurian o calumnian. Son absolutamente impunes.

¿Qué hacer ante este panorama? He aquí una serie de medidas, que habría que implementar rápidamente antes de que sea demasiado tarde. La preocupación es alta en los juristas, que hemos analizado los debates parlamentarios en el tránsito de las democracias a las dictaduras y al fascismo. Pero esta preocupación apenas asoma y es intermitente en nuestros políticos y en la sociedad en general.

Respecto a la primera característica indicada de Vox lamentablemente nuestro país no ha seguido el proceder de otros Estados europeos, que han interpuesto un cordón sanitario democrático a la ultraderecha, no pactando con ella y menos aún formando gobiernos de coalición. El PP, principal partido de la oposición, pacta y gobierna con Vox. De cara al futuro incierto, el PP está asumiendo una grave responsabilidad, que crecerá ante la posibilidad de que tras las próximas elecciones generales forme gobierno con Vox.

Pero también incumbe una alta responsabilidad a la otra parte de la bancada parlamentaria: a los partidos de la investidura del presidente Sánchez, que arrojan un número de votos superior a la mayoría absoluta, como se vió en la sesión de aprobación de los presupuestos generales del Estado. En la prospectiva de estos partidos debe figurar la posibilidad de la ilegalización de Vox. Voy a exponer una secuencia de ítems, dejando que el lector saque sus propias conclusiones:

1.- Desde la tribuna del Congreso de los Diputados repetidas veces Santiago Abascal, presidente de Vox, dotado de plenos poderes en su partido, ha asegurado con contundencia que ilegalizará a los partidos políticos comunistas, nacionalistas y separatistas. En una ocasión el representante del PNV, Aitor Esteban, se lamentó desde la tribuna que no se tomaran en serio las palabras de Abascal.

2.- La ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, establece varias causas de ilegalización de los partidos políticos (art. 9. 2) y de suspensión judicial y disolución de los partidos políticos (art. 10. 2). Estas causas incluso pueden ser matizadas y ampliadas por la actual mayoría parlamentaria de la investidura, pues una ley orgánica solo necesita la aprobación por una mayoría absoluta (mitad más uno de los componentes de la Cámara).

3.- Esta mayoría del Congreso de los Diputados está formada en buena parte por los partidos políticos que el presidente de Vox quiere ilegalizar: Unidas Podemos y los partidos nacionalistas y separatistas.

4.- El Gobierno y el Ministerio Fiscal están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político ante el Tribunal Supremo (art. 11. 1)

5.- Los partidos políticos son asociaciones civiles, a las que se aplica el art. 22 de la Constitución, cuyo párrafo 2 dice: “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales”. La mayoría parlamentaria indicada debería mantenerse vigilante y expectante en relación con los pasos de Vox para implementar el citado art. 22, si fuera necesario.

Saquen sus propias conclusiones. Por mi parte me limito a recordar la frase quizás más imprudente y peligrosa pronunciada en política: “la grandeza de la democracia reside en que permite en su seno a quienes quieren destruirla”. Muchos no sobrevivieron para constatar que grandeza y utilidad son virtudes contrapuestas.

Respecto a la segunda y tercera característica de Vox se impone una serie de medidas, que atañen al reglamento del Congreso de los Diputados. También a los medios, periodistas y comunicadores, de los que no puedo ocuparme en este artículo por razón de espacio.

Primera. La reforma del régimen sancionatorio del reglamento del Congreso de los Diputados (trasladable al reglamento del Senado), para lo que bastaría la mayoría absoluta que ostentan los partidos políticos de la investidura del presidente del Gobierno, hoy más consolidada que nunca, a pesar de la creencia de la derecha parlamentaria en la rápida caída de un “Gobierno ilegítimo”. Una reforma para sancionar con dureza los insultos, las injurias y las calumnias. Da pena leer los angélicos artículos sancionatorios del reglamento. Ante “los conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros o de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad” la máxima sanción posible es la inasistencia a la próxima sesión (art. 103. 1). Ante un diputado que desde la tribuna “faltare a la debida compostura” la máxima pena es la expulsión (art. 107. 2). Téngase en cuenta que para determinados diputados la expulsión puede ser un mérito ante su partido, si éste intenta desestabilizar las sesiones parlamentarias y colocar titulares en los medios.

¿Por qué razón nuestros representantes no pueden estar sujetos a un régimen sancionatorio normalizado, como el que afecta a cualquier profesión? A la vista del espectáculo al que nos tienen acostumbrados, son necesarias nuevas y duras sanciones: suspensión de sueldo durante largo tiempo, grandes multas, expulsión durante la legislatura de las comisiones, colocación en el cuadro de sancionados de la web del Parlamento, pérdida de los importantes derechos de los diputados, que ocupan los primeros artículos del reglamento, etc. Sanciones que deben aumentar ostensiblemente en caso de reincidencia.

Segunda. La presidencia del Congreso y de la Mesa del Congreso desempeñada por un diputado de la minoría parlamentaria, de consenso, elegido por mayoría fuertemente cualificada. Va contra natura que la presidencia caiga en manos de un miembro del partido que gobierna, como sucede habitualmente por varias razones: a) de cara a la ciudadanía la imagen de imparcialidad al ver los ciudadanos/as que no todo es controlado por los grandes partidos, b) ya es suficiente el control ejercido por la mayoría parlamentaria-gubernamental como para que además la presidencia del órgano de representación popular sea del partido del Gobierno, c) en nada afecta un presidente de la minoría al sistema de cuota parlamentaria, ya que las decisiones de la Mesa del Congreso se toman por voto ponderado, d) no parece razonable que el Gobierno tenga su “alter ego” en el Parlamento, presidiéndolo, por respeto al constitucional principio de la separación de los poderes públicos, e) un presidente extraído de la minoría parlamentaria se verá más libre de presiones externas para aplicar el reglamento en su integridad.

Creo que estas medidas contribuirían a que el Parlamento deje de proporcionarnos el bochornoso espectáculo que nos brinda un día sí y el siguiente también, dando la impresión de que el templo de la soberanía popular es un recinto para la práctica de sus odios y luchas intestinas, en el que sobran los ciudadanos y sus intereses.