La última década ha estado marcada por un despertar de los discursos feministas y, en paralelo, por una ofensiva de la extrema derecha contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. El despertar feminista, después de varias décadas de adormecimiento, se ha vinculado a la denuncia del carácter estructural de las violencias sexuales a través de movimientos como el Metoo. 

Pero en España, fueron especialmente los acontecimientos que rodearon al Tren de la Libertad en 2014 los que reactivaron una agenda hasta entonces desdibujada. 

Poco antes de la navidad de 2013, el gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Ruíz- Gallardón al frente del ministerio de Justicia, presentó la ley del aborto más restrictiva de la historia de la democracia. Gallardón pretendía suprimir los plazos de la ley aprobada en 2010, que permitía a las mujeres abortar hasta la semana 14 de embarazo, y volver a un sistema de supuestos que reducía los tres que reconocía la escueta ley de 1985 a dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. La presencia de malformaciones en el feto desaparecía como motivación válida, y la determinación del riesgo para la salud física o psicológica de la madre correspondía a los médicos, que debían evaluarlo a través de un procedimiento más complejo y largo que el vigente en la ley del 85. 

El muy conservador ministro Gallardón, que había recibido de Rajoy el encargo de reformar la ley para que las mayores de 16 años no pudieran abortar sin permiso paterno, tuvo que hacer frente a una movilización ciudadana auspiciada, inicialmente, por el colectivo asturiano Tertulia feminista Las Comadres, quienes junto a Mujeres por la Igualdad de Barreros impulsaron lo que se conoció como el Tren de la Libertad, una marcha que congregó en Madrid a más de 30.000 mujeres y que dió como resultado la paralización de la ley y la dimisión de Gallardón. La Ley de 2010 continuó vigente. El feminismo ganó.

En 2023, el ministerio de Igualdad de Irene Montero impulsó la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma, entre otras muchas cosas, venía a generar las condiciones administrativas para que el aborto fuera un derecho de verdad, es decir, para que las mujeres pudieran, de manera libre y sin cortapisas, abortar en el sistema sanitario público. La reforma se plantea como necesaria, al haberse detectado, según se consigna en el propio texto de la ley, que:

“La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privado, y, si bien es cierto que en una década se ha reducido esta tasa en casi diez puntos, pasando de un 88,55 % en 2010 a un 78,04 % en 2020, todavía estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos. Resulta especialmente preocupante la diferencia territorial en el ejercicio de este derecho, ya que existen territorios en España que en los últimos años no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros de titularidad pública”.

Pocos meses después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la ley que despenalizó el aborto en España, la de 2010; esa que intentó reformar Gallardón. En julio, otra sentencia del Constitucional determinó que derivar a una mujer a otra comunidad autónoma para abortar, vulnera sus derechos fundamentales. Tras el aval del TC y la aprobación de la reforma, 2023 quedó marcado en el calendario de las luchas feministas como un año decisivo.

Mientras Vox escupía sus batallas culturales y atacaba a las feministas por todos y cada uno de sus posicionamientos en defensa de las mujeres y sus derechos, el PP parecía asumir sin escandalizarse ni plantear oposición alguna lo que desde hace décadas sabemos que es un asunto de amplio consenso en la sociedad española: la legalidad del aborto y la superación de un modelo de supuestos en aras de otro de plazos. Tanto es así que en diciembre de 2024 el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un protocolo común para crear los registros de objetores a los que la Ley de 2023 obliga.

El protocolo se aprobó por unanimidad y la consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. 

La elaboración del registro de objetores es condición indispensable para organizar los centros médicos y hospitalarios de manera que se garantice la prestación del servicio porque lo cierto es que, todavía en 2024, tal y como hemos sabido hace unas semanas por la ministra de Sanidad Mónica García, el porcentaje de abortos practicado en la privada sigue rozando el 80%.

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¿Por qué ha decidido Isabel Díaz Ayuso introducir una nueva controversia para confrontar con Sánchez, negándose a entregar un resgistro de objetores, sabiendo que esto le creará un grave problema a su partido? De momento, Feijóo ha tratado de salir del embrollo con una de sus ocurrencias. En lugar de elaborar un registro de objetores, propone crear un registro de médicos dispuestos a practicar las IVEs. El despropósito es mayúsculo, porque lo que la ley y hasta el sentido común dictan es que si el aborto es un derecho -ya veremos si termina adquiriendo rango constitucional- la sanidad pública tiene que garantizar la prestación del servicio. Si existen objetores, corresponde a los gestores hospitalarios la responsabilidad de organizar esas objeciones individuales de tal manera que no afecten a la prestación del servicio. Y no hay más.

La objeción institucional en unidades, centros hospitalarios y hasta autonomías enteras, vulnera la ley y los derechos de las mujeres. Los centros tienen que disponer de los recursos que garanticen el servicio y solicitar refuerzos, si es que el problema de fondo de la llamada objeción institucional es la falta de ellos.

Hace tiempo que la sociedad española aceptó que el aborto es un derecho. Tenemos una legislación que lo avala y unas administraciones que la incumplen. Entrar en debates contra la extrema derecha sobre estas cuestiones es un error; pretender devolver el aborto a una conversación en la que hay que contar con el criterio de dios es una aberración. Como lo es replicar a la falta de argumentos de la señora Ayuso, que trata de encubrir con su proverbial victimismo y su afán desmedido de protagonismo y megalomanía. Así como a nadie importaba su extemporáneo “me meto en la cama con quien quiero” cuando salió a defender a su novio el presunto defraudador, a nadie importa ahora su vida reproductiva cuando de lo que se trata es de entregar el registro de objetores al que la ley le obliga. El personalismo de Ayuso es delirante e impropio de una representante pública en democracia porque estamos hablando de un derecho que es de todas las mujeres que quieran ejercerlo, no de ella, por lo que es de todo punto irrelevante su experiencia particular. 

Desde Las 11 de Basauri hasta las mujeres que nos subimos al Tren de la Libertad, las feministas hemos luchado, y lo seguiremos haciendo, para que se reconozca y se garantice el derecho al aborto en España, para todas, en condiciones de libertad y de gratuidad.