La utilización por la derecha del atajo de introducir una enmienda en la ley de desperdicio alimentario para eliminar la protección del lobo puede haber tenido éxito político, pero quizás sea una victoria de muy corto plazo. La reacción social a esta medida está siendo muy fuerte, y pronto la veremos también en las calles. Y es que el lobo se ha convertido en el símbolo de la Naturaleza más indómita, y eso está generando una corriente de simpatía sin precedentes.

Pero además hay elementos que no han sido tenidos en consideración por el PP, ni por los partidos que votaron de forma favorable a esa enmienda, y que pueden impedir que la caza del lobo vuelva a convertirse en el principal elemento de gestión de la especie. Recordemos que la catalogación del lobo en el Listado de Especies en Protección Especial (LESPRE) fue un proceso avalado por la ciencia, y para el que se tardó varios años. Eso no puede deshacerse de un plumazo, o al menos no debería ocurrir.

En primer lugar hay que recordar que el hecho de que una especie de fauna no esté estrictamente protegida, no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede con el lobo en España.

Así lo han determinado los tribunales en reiteradas ocasiones, y más recientemente en julio de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero. La sentencia estableció que "el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable". Organizaciones como WWF ya han anunciado que recurrirán cualquier decisión de las Comunidades Autónomas que permita la caza del lobo, ya que los últimos informes poblacionales indican que la situación de las poblaciones sigue siendo desfavorable.

Tampoco esta claro que sacar al lobo del LESPRE vaya a beneficiar a los ganaderos, por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver con el pago de los daños. La salida del lobo del LESPRE llevará a la eliminación de los fondos para compensar los daños. Precisamente el Estado paga los daños que pueda generar una especie protegida, como compensación y para que el peso de los impactos de esa protección recaiga de forma solidaria en todos los ciudadanos. En concreto el MITECO destinó a este fin 20 millones de euros, que ahora no estarán disponibles. A partir de ahora la compensación de los daños a los ganaderos dependerá exclusivamente de las CCAA, que ya han mostrado su poca voluntad. Por otro lado, la ciencia nos ha indicado que la caza del lobo no es una buena estrategia para reducir daños al ganado. Al contrario, la caza destruye las manadas, y hace a los lobos más dependientes de presas fáciles como el ganado, ante la imposibilidad de cazar en manada, y depredar sobre los ungulados.

Contrasta la situación en España con la reciente decisión de Portugal de aprobar una ley para aumentar la protección del lobo ibérico, ante la reducción de su área de distribución , confirmada por el Censo 2019/2021. Esta ley establece nuevas medidas de protección, y de restauración ecosistémica para garantizar la pervivencia del lobo ibérico, el mismo animal que España ha decidido perseguir.

En definitiva, la suerte no está echada para el lobo. Hay espacio para continuar trabajando para su conservación, e impedir que lo aprobado precipitadamente y por la puerta de atrás en el Congreso se pueda llevar a cabo. Todo esto mientras se devuelve al lobo ibérico la protección que merece.