El auto del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, el mismo con el que se imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, no deja lugar a dudas: Indra, la multinacional tecnológica que fue ejemplo de Marca España, jugó un papel esencial en la financiación ilegal del Partido Popular (PP). ¿Por qué esta empresa continúa viviendo de la Administración Pública?

Indra es la compañía que históricamente se ha paseado por los más diversos foros empresariales como un ejemplo de multinacional española. Hoy se le atribuye un delito continuado de cohecho. Según el auto, la empresa fue instrumento clave en los trapicheos del PP, robándonos a todas y todos, inflando contratos públicos para después desviar fondos a pagar las facturas de la banda de Aguirre. Algo, por otro lado, que no es nuevo, pues además de revelarse este tipo de prácticas con la trama Púnica, ya se hizo también con la trama Lezo.

Indra, especialista en Defensa y Tecnologías de la Información, tiene una dependencia del sector público en lo que ha ingresos se refiere. Al cabo del año, factura millones de euros adjudicándose los más diversos contratos públicos. ¿Saben qué es lo más inquietante? Que uno de esos contratos que históricamente le ha reportado muchos millones es el del escrutinio de las elecciones. La pregunta que surge, no exenta de temor, es ¿qué fiabilidad para tal cometido tiene una empresa acusada de un delito continuado de cohecho?

Es muy inquietante. A fin de cuentas, cortar el grifo electoral al partido que te está beneficiando es como matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no es así? Como le gusta decir al personal directivo de este tipo de empresas, la relación delictiva entre el PP e Indra es una win-win, en la que todos ganan. ¿Todos? No, porque quien pierde es la democracia y la ciudadanía entera.

De producirse la sentencia en firme que confirme lo establecido por el juez García Castellón, quizás habría que plantearse sacar a Indra de todo concurso público durante una buena temporada. Para empezar, debería estar fuera de cualquier proceso electoral, porque se ha convertido en una empresa tóxica que no disfruta de la confianza ciudadana. ¿Y el resto de los contratos públicos? Pues tampoco; un barbecho de dinero público debería servir de escarmiento y ejemplo para el empresariado. No basta con juzgar y condenar a los directivos que propiciaron la estafa a la ciudadanía, sino a la compañía en conjunto carente de los mecanismos de control suficientes para detectar tal delito.

Un barbecho, por otro lado, que deberían poner más en práctica las diferentes Administraciones, no sólo con las empresas condenadas por delitos, sino también con las que de manera continuada no realizan correctamente los trabajos encargados, fomentan la desigualdad, no son sostenibles, etc. Si se pusiera en práctica ese veto temporal -que no es más que cuidarse de quien no hace bien- y hubiera quien siguiera contratando, quizás se descubrirían más relaciones win-win... con la que perdemos el resto.