Democracia o multimillonarios

Hay momentos en los que un Gobierno debe decidir si quiere incomodar de verdad o limitarse a administrar gestos. Este es uno de ellos. En una España atravesada por la desigualdad, la crisis de la vivienda y la precariedad, ya no basta con verbalizar malestar frente a los multimillonarios ni con convertir su figura en un recurso retórico ocasional. La cuestión es más seria. Y es que, si el Ejecutivo cree de verdad en la democracia como límite al poder arbitrario, tendrá que asumir también que la riqueza extrema no es solo un problema distributivo, sino una forma de poder que conviene contener.

Nos parece obvio que nadie debería acumular un poder institucional sin contrapesos. Por eso defendemos la división de poderes, el control parlamentario, los límites de mandato o el sometimiento del gobierno a la ley. Sabemos, por experiencia histórica, que el poder sin límites acaba volviéndose arbitrario. Sabemos que la libertad de la mayoría depende de que nadie pueda situarse por encima del resto. Siendo esto así, no se entiende por qué esa lógica, tan elemental en política, deja de aplicarse cuando hablamos de riqueza.

Porque el dinero no es solo dinero. La riqueza no es una cifra muerta en una cuenta bancaria o en acciones y participaciones. La riqueza es poder. Poder para condicionar gobiernos, para influir en medios de comunicación, para financiar lobbies, para modelar la conversación pública, para decidir qué ciudades se encarecen y cuáles se vacían, para imponer prioridades productivas, para comprar tiempo, silencio y obediencia. Poder, en definitiva, para ampliar la propia libertad a costa de estrechar la ajena. Los grandes patrimonios no son simplemente un premio de mercado; son también estructuras privadas de poder que erosionan la igualdad democrática.

Durante demasiado tiempo, hemos discutido la desigualdad como si fuera solo un problema distributivo. Como si bastara con preguntarse cuánto tiene cada uno y si la diferencia es moralmente aceptable. Pero la desigualdad extrema es, antes que nada, un problema de libertad. Cuando una minoría concentra una parte obscena de la riqueza social, la mayoría queda más expuesta a formas diversas de dependencia, vulnerabilidad y dominación. No hace falta que un multimillonario dé una orden directa para que su poder opere. Basta con que sepa que puede amenazar con desinvertir, trasladar capitales, presionar regulaciones o capturar espacios de influencia para que las instituciones empiecen a inclinarse a su favor.

Eso es exactamente lo que el republicanismo siempre quiso evitar. Evitar que unos pocos dispongan de una capacidad desproporcionada para interferir en la vida de los demás. La libertad republicana no consiste simplemente en que nadie te ponga una cadena visible. Consiste en no vivir sometido a poderes arbitrarios. Y hoy uno de los grandes poderes arbitrarios de nuestro tiempo es la riqueza extrema.

Por eso, si Sánchez quiere que su discurso contra los privilegiados sea algo más que una pose coyuntural, debe atreverse a abrir un debate que hasta ahora casi nadie quiere plantear en serio. Un debate donde no se discuta simplemente cómo gravar más a los muy ricos, sino cómo limitar la acumulación excesiva de riqueza. No se trata únicamente de mejorar la progresividad fiscal, perseguir el fraude o cerrar agujeros legales, aunque todo eso sea necesario. Se trata de asumir que quizá hay niveles de riqueza que son incompatibles con la propia democracia.

La idea puede escandalizar a algunos, pero solo porque durante décadas hemos naturalizado lo que en realidad debería parecernos extravagante. Porque hemos permitido que una sola persona pueda acumular más poder material que millones de ciudadanos juntos y que eso se considere normal. Incluso admirable. Y es que hemos llegado al absurdo de ver como una amenaza el establecimiento de cualquier límite al poder económico, mientras aceptamos los límites establecidos al poder político. Como si el primero fuera inocente y el segundo peligroso. Como si la fortuna privada no tuviera consecuencias públicas.

Ante esta preocupante realidad, empiezan a cobrar fuerza propuestas que ya no se conforman con suavizar los excesos del sistema, sino que cuestionan su arquitectura básica promoviendo nuevas ideas. Entre ellas, la propuesta de establecer un techo a la riqueza ha dejado de ser una idea marginal para convertirse en objeto de debate no solo académico, sino también público. En esa línea se inscribe The Wealth Cap Project, la iniciativa europea que propone precisamente eso: poner un límite a la riqueza que una sola persona puede acumular como condición para preservar una democracia efectiva y evitar que el poder económico se convierta en poder de dominación. Economistas como Thomas Piketty e Ingrid Robeyns, junto con numerosos investigadores, ciudadanos y organizaciones, ya hemos respaldado su Declaración sobre el Límite a la Riqueza, impulsando así la apertura de este debate en Europa. El debate, además, no afecta a una masa indeterminada de personas acomodadas, sino a una minoría muy concreta. En España, la intersección entre el 5% más rico en renta bruta y el 5% más rico en patrimonio neto, excluyendo a quienes no alcanzan los 500.000 euros de patrimonio, representa aproximadamente el 1% del conjunto de la población: unas 455.000 personas. Es decir, hablamos de un grupo reducido, con una capacidad material extraordinaria y situado en la parte más alta de la estructura social. Precisamente por eso, poner límites a la riqueza extrema no significa atacar a las clases medias ni penalizar el esfuerzo ordinario, sino preguntarse democráticamente cuánto poder privado puede acumular una minoría antes de empezar a condicionar la libertad de la mayoría.

Hay que decir alto y claro que una democracia no puede resignarse a que exista una aristocracia patrimonial de facto. Y menos aún en un momento en el que amplias capas sociales no pueden acceder a una vivienda, llegan asfixiadas a fin de mes o encadenan trabajos inseguros mientras observan cómo la riqueza se concentra arriba con una velocidad obscena. Pedir sacrificios a la mayoría mientras se reverencia la acumulación sin límites de una minoría no es realismo económico. Es asumir como inevitable lo que en realidad es una decisión política.

Sánchez aún está a tiempo de decidir de qué lado quiere estar. Puede seguir administrando una retórica de izquierdas con medidas insuficientes, confiando en que algún impuesto temporal y algunos mensajes grandilocuentes basten para sostener el relato. O puede empezar a decir algo más incómodo, pero también más honesto: que la libertad de la mayoría exige poner límites al poder económico de la minoría. Que una sociedad decente no solo redistribuye un poco después del exceso, sino que impide que ese exceso se convierta en dominación.

Porque el problema no es que existan ricos. El problema es que haya ricos tan poderosos que terminen condicionando la vida de todos los demás. Y frente a eso, ya va siendo hora de entender que limitar la riqueza extrema no es un gesto de resentimiento. Es una exigencia de la democracia.