Por Luis Suárez, miembro de La Comuna.

La aberrante decisión, y aún más aberrante justificación, perpetrada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) el pasado 4 de junio, paralizando cautelarmente la exhumación del genocida Franco, ha sido el último desafío de un tribunal que, sin exagerar demasiado, parece decidido a secuestrar nuestra ya de por sí escuchimizada democracia.

Como señalaba Cristina Fallarás (‘El día en que el Supremo se declaró franquista’, Público.es, 5/06/2019), ‘los poderes Legislativo y Ejecutivo ya habían decidido trasladar la momia del criminal. No obstante lo anterior, el Judicial decidió paralizarlo’.

Poco antes, tras las elecciones generales del 28-A, habíamos asistido a una muestra tan obvia como poco comentada de ese asalto de los (no se requiere el plural inclusivo, aquí son casi todo tíos) togados al poder: En concreto, a la hora de dilucidar si los políticos-catalanes-presos-políticos electos podían o no tomar posesión de los escaños para los que fueron votados por la ciudadanía, la clave ha sido su condición de presos preventivos, que, a la luz de la legislación, al parecer resulta incompatible con la de diputado.

En consecuencia, la decisión arbitraria del TS de negar reiteradamente la libertad provisional de los encausados, contra la ley y contra la lógica, ha convertido en papel mojado los derechos democráticos tanto de los presos políticos como de las personas que les votaron.

En otras palabras, un grupo de 6 personas a las que nadie ha otorgado representación democrática alguna, han modificado la composición de las cámaras de representantes, adulterando el verdadero y único mandato democrático posible, es decir, el expresado por el pueblo en las urnas, abusando de sus potestades jurisdiccionales, incumpliendo su necesaria neutralidad política, poniendo esas potestades al servicio de unos determinados intereses políticos.

Y, finalmente, esa misma sala acaba de denegar la autorización a Oriol Junqueras para tomar posesión de su acta como eurodiputado electo de ERC, en una evidente violación de su derecho a la presunción de inocencia. Argumenta que está próxima la sentencia del juicio al procés, o lo que es lo mismo, le condena preventivamente, pues sin condena no puede negarle sus derechos cívicos. El catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo titula en eldiario.es su columna sobre esta decisión ‘Prevaricación consumada’. Otra incursión más, arbitraria y contra la ley, del TS en nuestra vida política.

Judicatura: ni explicaciones ni rendiciones de cuentas.

De forma similar, ya antes habían puesto sus togas y puñetas al servicio del poder económico: recordemos la vergonzosa actuación de esta misma Sala Tercera en el caso de los gastos hipotecarios, hincando la rodilla ante la banca en el vodevil escenificado el pasado mes de noviembre.

En un artículo publicado hace unos días en este mismo medio, titulado ‘Sofía ya es fiscal y Lesmes, el Rey Sol’, Elisa Beni daba en denunciar la impunidad del estamento judicial en nuestro país. En ese texto se refiere en particular a los arbitrarios nombramientos que suceden en la cúpula del Poder Judicial: ‘Está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos’.

‘Un poder sin control no es un poder democrático’, dice Beni en ese artículo. Así es, el poder judicial no es, aquí y ahora, un poder democrático.

Supremo-cuñaismo

En anterior columna, este que suscribe se refería ya al alarmante fenómeno de la justicia-cuñao como distorsión indocumentada y carca de la aplicación de la ley y la razón, inserta en una general epidemia de cuñao-franquismo que asola nuestras tierras y luces.

Con el auto de marras, el TS ha impartido una notable lección de doctrina cuñao y se ha encaramado entusiasta sobre la ola de cuñao-franquismo. Tenemos, en suma, un Supremo-cuñaismo por rigiendo la justicia en nuestro país. Como diría un creyente: ¡que Dios nos coja confesados!

Supremo disparate ideológico-histórico

¿Atribuir la condición de Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 al tal Francisco Franco, entonces un delincuente golpista bañado en sangre, debe interpretarse como un lapsus mental, o una consciente declaración-provocación de los magistrados?

La respuesta interesa más en términos de patología sico-política que desde el punto de vista social. En una u otra hipótesis el efecto viene a ser el mismo, sobre todo al haber transcurrido tiempo más que suficiente desde la emisión del bochornoso auto-proclama sin que se haya producido asomo alguno de rectificación.

Para quienes ya nos maliciábamos la naturaleza facistoide de esas señorías, quizás la única sorpresa ha sido, por una parte, su desfachatez, y por otra su desprecio ‘supremo’ por la historia.

La paralización cautelar de la exhumación del dictador de su macro-mausoleo en la sierra madrileña no requería ese despliegue de verborrea por parte del TS, ni parece que un argumento tal -el que le atribuye a Franco la condición de jefe de estado el 1 de octubre de 1936- traído por los pelos, afecte a la oportunidad de dicha exhumación.

El auto sólo se explica por la voluntad del TS de mostrar su francofilia (de Franco, no de Francia), su anti-republicanismo y su ignorancia de -o lo que viene a ser lo mismo, indiferencia ante- los hechos históricos. Con él, el TS nos está susurrando: ‘Paralizo la exhumación porque quiero y puedo favorecer a la caspa franquista, y además, por el mismo precio, me marco un folio contra la historia, la memoria y la democracia’. Sólo le ha faltado acabar pidiendo el voto a Vox, pero supongo que han considerado esto superfluo en la medida en que las elecciones habían sido ya unos días antes.

El tendencioso juicio del TS en materia de golpismo

Las paradojas o incoherencias del ‘juicio’ que maneja este TS son pasmosas: Los mismos que llevan meses buscando cualquier indicio de alteración de la normalidad en los sucesos, patentemente pacíficos y cívicos, del 1-O en Catalunya, por más ridículo y nimio que resulte -unas palabras de más, un escupitajo, un malencaramiento, un empujón- para acusar a unos políticos rehenes de los peores delitos, incluyendo el de rebelión, blanquea a un genocida que ya entonces venía cumpliendo metódicamente la violencia más brutal -recordemos las consignas de Mola: “Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”- contra los leales a la República (es decir, a la legalidad)…

En octubre de 1936 ese, para el TS, ‘jefe de estado’ era ya responsable de asesinatos masivos de población civil como los miles perpetrados tras la toma de Badajoz… sin contar depuraciones, encarcelamientos y otras represalias contra los simplemente dudosos o tibios. Una política de limpieza ideológica y tabla rasa para marcar el territorio ‘liberado’.

El TS, un agente antidemocrático en un cuerpo bajo en defensas

En una reciente tribuna de opinión (‘Franco y el Tribunal Supremo: ¿error o revisionismo deliberado?’, El Confidencial, 7-06-2019), el historiador Gutmaro Gómez Bravo, refiriéndose a este auto -o bando- del TS, señalaba: ’… suprimiendo toda referencia al contexto histórico, los decretos emanados del golpe de Estado (…) adquieren todos los atributos de la autoridad estatal, y constituyen, en definitiva, el orden natural de las cosas…’. ’Se trata en definitiva, del fenómeno contrario al de la memoria histórica (…) que aglutina a buena parte de la sociedad española, no necesariamente de perfil conservador’.

En otras palabras, el bando del TS es el síntoma de una enfermedad más general, un cuadro de carencias democráticas colectivas, de déficit patológico de defensas contra los males totalitarios, caracterizado por el escaso nivel de conciencia y memoria antifascista. Una sociedad al borde de un colapso amnésico generalizado y expuesta a todo tipo de virus totalitario.

La mayoría de socio-patólogos coinciden en que es una enfermedad contraída en la Transición, por el abuso de tóxicos como el olvido, la mentira y la impunidad, en el marco de nuestra particular injusticia transicional. Y que se retroalimenta por relatos equidistantes, blanqueadores, negacionistas, de nuestro pasado reciente que perduran y medran en ese contexto insalubre, y que, como señala Gómez Bravo, no se circunscriben a su ámbito natural -la derechona-, sino que infectan a ciertos sectores que se tienen por progresistas.

Está en juego la democracia

Para defender la democracia, es decir, los derechos humanos, las libertades y la igualdad, contra el TS y otros virus totalitarios, hay que fortalecer nuestra memoria democrática que, en el aquí y el ahora, tiene como una de sus principales trincheras la lucha contra el blanqueo del franquismo y contra la impunidad de sus crímenes y criminales.

El próximo gobierno, supondremos que del PSOE -solo o acompañado-, tiene que entender que se enfrenta a lo que ya es una guerra abierta y declarada: la derecha ha convertido la permanencia de Franco en Cuelgamuros -y, como plan B, su traslado a la Almudena- su objetivo central en este periodo, y cuenta para ello con buena parte de la cúpula judicial, además de las complicidades de la jerarquía eclesial.

Y el gobierno debe entender que lo que está en juego no es sólo el aposento de los restos del dictador genocida, sino la salud de nuestra democracia; por no hablar de nuestra dignidad como sociedad.