Opinión
Democratizar la economía, alcanzar el pleno empleo
Por Bruno Estrada
Economista
-Actualizado a
En los últimos 45 años España ha padecido un largo periodo de elevadísimas tasas de desempleo, el paro fue superior al 15% durante casi tres décadas, primero en el periodo 1980-2000, y después entre 2009 y 2018, alcanzando los picos máximos en 1994 con un 24,5% y en 2013 con un 27%. Unas cifras muy superiores a la media europea, incluso en momentos de fuerte crecimiento económico. Ello ha hecho que tradicionalmente el pleno empleo haya sido percibido por la gran parte de la sociedad española como una quimera, no como el resultado de una determinada voluntad política y de adecuadas políticas económicas, laborales e industriales.
Por eso cobra aún más importancia lo sucedido en nuestro país en el último lustro en términos de creación de empleo. Las políticas de "keynesianismo sofisticado" desarrolladas por el gobierno a partir de 2018, con el sustento y acuerdo de los interlocutores sociales, y particularmente de los sindicatos, ha permitido concebir, por primera vez, que el Pleno Empleo de calidad puede ser una Utopía Cercana.
La reducción de la tasa de paro en el periodo 2018-2025 (3T) ha sido de casi cinco puntos, pasando de un 15,3% en 2018 a un 10,4% en el tercer trimestre de 2025. El número de ocupados entre 2018 y 2025 (3T) se ha incrementado en casi tres millones, hoy hay 22,4 millones de personas ocupadas. Y este crecimiento del empleo, a diferencia de otras épocas como la de la burbuja financiero-inmobiliaria, ha ido concentrándose cada vez más en sectores intensivos en conocimiento, en ocupaciones técnicas y de mayor cualificación, siendo transversal a la mayoría de ramas de actividad, y extendiéndose a sectores donde antes las ocupaciones técnicas tenían un peso muy reducido, como indica el informe del Gabinete Económico de CCOO. Los salarios han subido significativamente, en mayor medida los más bajos, y la temporalidad se ha reducido casi a la mitad, en el tercer trimestre de 2025 era de un 15,4% cuando en los años 2017 y 2018 alcanzó un cénit del 27,4%. Asimismo, las subidas del SMI y la creación de empleo, desde 2024 las mujeres ocupadas superan los 10 millones, han contribuido a una sustancial reducción de la brecha salarial de género, aunque sigue siendo muy elevada según los parámetros europeos.
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Es indudable que parte de esa notable mejora en nuestra capacidad de crear empleo de calidad se explica por las transformaciones estructurales que están viviendo las empresas españolas, en lo que producen y cómo lo producen, evidenciando que estamos asistiendo a una profunda transformación de nuestro país hacía una "economía de la innovación". Pero, a su vez, estos cambios productivos son el resultado de innovadoras políticas públicas que han equilibrado el poder de negociación entre empresarios y trabajadores, de forma que la riqueza se ha distribuido de forma más equitativa y los salarios han incrementado su peso en la economía. Todo ello ha redundado en un mayor y más estable crecimiento económico. El conjunto de políticas públicas dirigidas a la creación de empleo de calidad que se pusieron en marcha a partir de 2018 han demostrado ser las más eficaces, a la hora de avanzar hacía el pleno empleo de calidad, en las últimas cinco décadas
Pero no podemos obviar que esta situación de la economía española se produce en un contexto global muy diferente. En las dos últimas décadas las políticas neoliberales han hecho crecer el poder de los latifundistas de capital incrementando la desigualdad en los países desarrollados. Los datos que ofrece Intermón Oxfam en su último Informe de 2024 Desigualdad S.A. confirman la aceleración de esa tendencia de forma exponencial, en la actualidad el 1 % más rico posee el 43% del conjunto de los activos financieros globales: "El poder empresarial y monopolístico ha disparado la desigualdad, explotando e incrementando las desigualdades de género y raza, así como la desigualdad económica. (…) las personas más ricas no solo son las mayores beneficiarias de la economía global, sino que también ejercen un control notable sobre ella".
Asimismo, como ha evidenciado la victoria de Donald Trump en EE.UU., este incremento del poder de los grandes conglomerados oligopólicos está incrementando los riesgos de la privatización de la política. Algo sobre lo que ya advirtió hace muchas décadas el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt: "la libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que su propio Estado democrático".
El mejor antídoto contra ese cáncer que afecta a la esencia misma de las democracias desarrolladas no puede ser otro que más democracia. No podemos olvidar que las grandes disrupciones y crisis generadas por el capitalismo solo pudieron ser corregidas con más democracia.
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La creciente pobreza que generó la Revolución Industrial durante la llamada pausa de Engels, el estancamiento salarial que duró más de 40 años, solo empezó a corregirse con más democracia política, cuando los sindicatos fueron legalizados, y estos lograron extender el sufragio universal en la mayor parte de los países europeos, eso sí solo el masculino. Las terribles consecuencias sociales generadas por el Crac de 1929 solo se empezaron a paliar con más democracia social, a partir de la creación del Estado del Bienestar en los años cincuenta y sesenta.
Ahora es el momento de apostar por más democracia económica. Hoy en día el gran reto de la izquierda política y social comprometida con una transformación progresista del mundo es repensar la economía desde la democracia para lograr una distribución de la riqueza más equitativa que permita construir sociedades más libres y justas. Ya que, como expresó hace más de sesenta años el economista y socialista Rudolf Meidner, uno de los principales arquitectos del modelo sueco: "El poder sobre las personas y sobre la producción pertenece a los propietarios de capital. Si no privamos a los capitalistas de su propiedad absoluta sobre el capital, nunca podremos cambiar los cimientos de la sociedad y avanzar hacia una verdadera democracia económica".
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Es indudable que en la democratización de la economía tiene una gran importancia el papel del Estado del Bienestar, que ha sido capaz de convertir en derechos lo que antes eran meras mercancías, como la salud, la educación o la vivienda. Ello ha conducido a que quienes tienen mayor poder adquisitivo, no sean los únicos que determinen qué se produce y para quién se produce con relación a muchos bienes y servicios considerados básicos.
Pero democratizar la economía debe significar mucho más que incrementar el porcentaje de capital público en la economía. La democracia debe inocularse en las células básicas de la economía, que son las empresas, impulsando una activa participación de los trabajadores, y otros stakeholders, en la toma de decisiones estratégicas de la empresa, de forma que se reste poder a los grandes latifundistas de capital, que en muchos casos solo buscan rentabilidades cortoplacistas.
Resulta evidente que la democratización de las empresas es un potente instrumento para alcanzar sociedades más igualitarias, pero a menudo se olvida que la participación de los trabajadores en las empresas también mejora su eficiencia económica. Un mayor equilibrio entre los intereses del capital y del trabajo en las empresas ha contribuido a la mejora de su capital organizacional y a una notable cualificación de su capital humano, lo que tiene efectos positivos en la creación de riqueza global y ha propiciado numerosos éxitos tecnológicos.
En Suecia, Dinamarca y Alemania las leyes sobre la participación de los trabajadores en la empresa, en algunos casos aprobadas hace setenta años, han colocado a estos países entre los más competitivos y productivos del mundo, como se puede ver en el Cuadro 1.
Mientras que España, que ocupa posiciones muy inferiores en términos de productividad y competitividad, se caracteriza por un sistema de relaciones laborales muy autoritario. Nuestro país todavía no ha aprobado una ley que desarrolle el artículo 129.2 de nuestra Constitución que establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa (…). También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
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