El derecho al aborto, en primera línea de fuego

Tendemos a pensar que los avances en materia de derechos humanos son lineales. Que una vez conquistado uno, este queda blindado para siempre. Que la siguiente batalla es afianzar otro derecho. Dar un paso más. Avanzar. Pero no. Nada más lejos de la realidad. Especialmente en lo que a derechos de las mujeres se refiere, y más en concreto sobre el derecho al aborto.

De hecho, en lugar de avances, estamos viviendo un progresivo desmantelamiento del derecho al aborto que abarca casi todos los rincones del planeta y amenaza la vida y la dignidad de las mujeres. Donde no ha llegado aún un retroceso legal, lo ha hecho una avanzadilla de discursos agoreros, la antesala del desastre. Porque como nos muestra la historia, los derechos no siempre se desmoronan en una única acción o estallido (como ocurrió en EEUU con la derogación de la sentencia Roe vs Wade), sino principalmente por el goteo constante de prejuicios, negligencia, burocracia y complacencia política.

A pesar de importantes decisiones recientes en favor de la despenalización del aborto por algunas cortes de América Latina (México y Colombia), la realidad es que el derecho al aborto sigue altamente penalizado y judicializado en el continente. Un informe publicado este 28 de mayo (coincidiendo con el Día Internacional de acción para la salud de las mujeres) relata a través del estudio pormenorizado de 611 casos, lo que se describe como "la ruta de la criminalización del aborto". Una ruta que en más de la mitad de los casos analizados se inicia en los sistemas de salud, donde las mujeres acuden buscando atención médica y acaban denunciadas por los propios facultativos y enfrentando investigaciones y procesos penales.

El informe, elaborado por la iniciativa regional Salud Sin Miedos, analiza más de 600 casos clínicos y jurídicos en siete países de la región (Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay). Una rigurosa investigación que muestra cómo los servicios de salud violan a menudo el derecho a la confidencialidad en la atención médica y el derecho a la privacidad, poniendo en riesgo la seguridad y los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

El documento no habla de errores médicos aislados; dibuja un patrón de violencia institucional que abarca desde la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva, hasta la humillación en el parto y la desatención patológica por sesgos de género. Un sistema diseñado a priori para proteger la vida, se aplica con frecuencia como un mecanismo de control y castigo. La consecuencia no sólo es la criminalización de las mujeres, muchas de las cuales acaban en condenas penales incluso en casos de abortos espontáneos, sino también el deterioro de la salud de las mujeres más vulnerables, que deciden no acudir a la sanidad por miedo.

Lo que ocurre en América Latina no es un fenómeno aislado, sino el eco de un invierno ideológico que recorre tanto Europa como Estados Unidos. En 2022, la Corte Suprema  estadounidense derogó la sentencia que garantizó el derecho al aborto durante décadas. Desde entonces, el código penal es el que dicta las decisiones en las salas de urgencia obstétricas en numerosos estados. En Europa, países como Polonia o Hungría tienen políticas tremendamente restrictivas en relación al aborto. Tanto, que los médicos no deciden realizarlos por miedo a ser criminalizaos y optan por denunciar a las mujeres que llegan a los hospitales.

En la Europa comunitaria, corrientes políticas de corte reaccionario ganan terreno en los parlamentos, impulsando discursos que cuestionan la perspectiva de género, recortan los fondos para la prevención de la violencia machista y relativizan los avances logrados en el último medio siglo. La narrativa de la "ideología de género" ha pasado de los márgenes marginales de internet a los diarios oficiales de varios gobiernos europeos.

España no es una excepción a esta realidad. Con algunas de las leyes más avanzadas del mundo en materia de derechos de las mujeres y defensa del aborto, los discursos antiderechos y las arbitrariedades administrativas limitan, de facto, el pleno derecho al aborto. La dificultad y las discriminaciones que enfrentan las mujeres migrantes y más vulnerables, junto a la divergencia de modelos de salud, tiene como consecuencia un acceso dispar al derecho al aborto. En nuestro país, donde las competencias de salud están en manos de los gobiernos regionales, existen 17 formas distintas de acceso a este derecho, que depende más del código postal de las mujeres que de lo escrito en las leyes.

En algunos casos, este acceso es altamente restrictivo, basado exclusivamente en la práctica del aborto en clínicas concertadas y con acciones políticas que sistemáticamente ponen palos en las ruedas de este derecho. La Comunidad de Madrid es un claro ejemplo. En ella, prácticamente no se realizan abortos en los hospitales públicos y los discursos de la ultraderecha y del Partido Popular intentan incluir protocolos ilegales que dificulten la toma de decisión de las mujeres a la hora de abortar. Tal como denunciaba una médica madrileña en unas jornadas organizadas por Público y el Ministerio de Sanidad, los médicos de Atención Primaria en esta comunidad carecen de un protocolo que les indique cómo actuar ante un embarazo no deseado. Un sistema sanitario que tiene protocolos e itinerarios para todo tipo de actuaciones, excepto para cuando las mujeres necesitan interrumpir su embarazo.

Cuando el acceso a este derecho ni siquiera está plenamente garantizado, nos toca volver a dar la batalla para frenar discursos que amenazan con cercenarlo. El cuerpo de la mujer es siempre el escenario de batalla favorito de la ultraderecha cuando llega al poder: controlar su cuerpo para controlar sus vidas. No nos engañemos: cuando la derecha habla de objeción de conciencia (curiosamente, solo cuando atañe a derechos de la mujer), cuando nos metemos en diatribas sobre síndromes post aborto inexistentes, se trata, sencillamente, de volver a imponer un control sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres y obligar a maternidades forzosas que destrozan vidas. Los derechos, sobre todo los de las mujeres, siempre están en riesgo. No lo olvidemos nunca.