Opinión
El derecho a quedarse también se vota
Por Lucía Delgado Ramisa
Activista social y técnica de Vivienda y Derecho a la Ciudad del Observatori DESCA
En las últimas semanas, la vivienda ha vuelto a ocupar el centro del debate político, en las calles y en el Congreso de los Diputados. El caso de MariCarmen y las movilizaciones por el derecho a la vivienda han puesto rostro a una crisis que el Barómetro de Vivienda de 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma: el 55,7 % de la población considera que la vivienda es el principal problema de España.
Pero la crisis no se limita a las dificultades para acceder a una casa. Los resultados de la encuesta del CIS nos indican que un 11,8 % de las personas encuestadas ha tenido que volver a vivir con su familia o compartir piso por motivos económicos, mientras que un 14,7 % se ha visto obligada a alejarse de su familia o amistades. Detrás de estas cifras hay algo más que precios elevados: personas que pierden la capacidad de decidir dónde vivir y vínculos familiares y comunitarios que se rompen por la presión del mercado.
Por eso, no es casual que según el CIS el 76,3 % defienda la intervención del Estado para garantizar el acceso a la vivienda.
¿Es suficiente poder acceder a una vivienda si no podemos decidir dónde queremos vivir?
El derecho a permanecer
Desde hace décadas, distintas autoras y autores reivindican el derecho a permanecer en el hogar y el entorno elegidos. Chester Hartman formuló en 1984 el concepto de right to stay put; Newman y Wyly (2006) analizaron la relación entre gentrificación, desplazamiento y resistencia, y Jordi Borja (2009) reivindicó el derecho al lugar en el marco del derecho a la ciudad.
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Esta perspectiva obliga a ampliar el debate: no basta con preguntarnos cuántas viviendas hacen falta, cuánto cuesta el alquiler o cuántos desahucios se producen. También debemos preguntarnos quién puede quedarse y quién se ve obligado a marcharse.
El desplazamiento no empieza necesariamente con un desahucio. Puede comenzar cuando el alquiler deja de ser asumible, una renovación contractual se convierte en una amenaza o una familia debe alejarse de su entorno para encontrar una vivienda que pueda pagar. Son procesos que no siempre aparecen en las estadísticas, pero que transforman nuestras ciudades.
Nuestra investigación ¿Quién puede quedarse? Especulación, desplazamientos residenciales forzados y derecho a permanecer en Barcelona. El caso del Eixample y Nou Barris identifica diez procesos que dificultan la permanencia residencial y limitan el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad.
El derecho a permanecer no significa que todo el mundo deba quedarse donde vive, sino que pueda decidir si quiere continuar en su casa y su barrio o iniciar un nuevo proyecto de vida en otro lugar, sin que la precariedad económica o la especulación decidan por él.
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Más allá de las medidas de urgencia
El caso de MariCarmen, de Olga, Joan… vuelven a plantear una pregunta fundamental: ¿qué protección garantiza realmente el derecho a la vivienda cuando estamos a punto de perder nuestro hogar?
Reforzar la estabilidad de los contratos es imprescindible, pero no basta cuando los alquileres siguen siendo inasumibles o no existen alternativas en el mismo barrio. Una mudanza forzada puede alterar las redes familiares, los cuidados y la escolarización de niñas y niños.
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Por este motivo es tan importante haber recuperado en el primero de los decretos de vivienda la prórroga extraodinaria de dos años de los contratos de alquileres y la moratoria anti-desahucios hasta 2030. Pero hay que ir más allá y ganar la medida más transformadora del "Decreto MariCarmen" propuesta por los Sindicatos de Inquilinas, que posiblemente no quede aprobada antes de elecciones: los contratos de aquiler que se renuevan automáticamente sino existe una causa justificada para no hacerlo. Alemania, Francia e Inglaterra ya los tienen.
Garantizar el derecho a permanecer exige proteger a las personas inquilinas, ampliar de forma sostenida la vivienda pública y asequible y actuar sobre la especulación. También requiere coordinar las políticas de vivienda, servicios sociales, educación e infancia, porque perder la casa transforma las condiciones de vida de toda una familia.
Del 11N al 29N: de la calle a las políticas públicas
La huelga convocada para el 11 de noviembre por la vivienda y los salarios dignos vuelve a situar una cuestión fundamental en el centro del debate: trabajar ya no garantiza vivir con dignidad, porque el alquiler o la hipoteca se come el sueldo. Pero los salarios, por sí solos, no resolverán la crisis. También hay que atender a quienes trabajan en la economía informal, a las mujeres migrantes racializadas que sufren discriminación al buscar vivienda y a quienes sostienen la vida mediante trabajos domésticos y de cuidados no remunerados.
Garantizar el derecho a la vivienda exige combatir la discriminación, reconocer el valor de los cuidados y asegurar las condiciones materiales para vivir con dignidad.
La huelga del 11N y las elecciones del 29N son dos momentos distintos, pero conectados. La movilización permite que se escuche nuestra voz colectivamente; en las elecciones, nos jugamos qué propuestas y compromisos políticos respaldamos. La democracia no se agota en las urnas: también exige escuchar las demandas sociales y convertirlas en políticas públicas efectivas.
Por eso, el 11N es importante salir a la calle y el 29N votar teniendo presentes los compromisos para garantizar una vivienda digna, el derecho a permanecer en nuestros barrios y la posibilidad de participar en la construcción de nuestras ciudades.
Como reivindica el Sindicato de Inquilinas, nos quedamos. Porque nuestros barrios no pueden convertirse en espacios reservados a quienes más pueden pagar; porque vivir dignamente no debería ser un privilegio y porque tenemos derecho a decidir dónde construir nuestras vidas.
El derecho a quedarse también se vota. Y se defiende en las calles, en las urnas y mediante políticas públicas a la altura que lo hagan cumplir.
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