La propuesta de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, de encabezar la candidatura de esa formación política para la Asamblea de Madrid en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo ha reforzado las posibilidades de las fuerzas progresistas de desalojar a Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, ha anunciado su dimisión de la Vicepresidencia segunda del Gobierno de coalición progresista, con la renuncia a presentarse como candidato a las próximas elecciones generales, y que le puede sustituir en el liderazgo la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Ambos hechos encadenados han modificado el marco del debate sobre las expectativas y reequilibrios de las fuerzas de progreso y, en particular, los retos y las prioridades de su formación política. Como se dice convencionalmente, esa opción ha pateado el tablero político, y ha acelerado la necesidad de la reinterpretación y redefinición de los distintos proyectos y liderazgos. La opinión pública y mediática se ha volcado en la valoración del sentido de la nueva situación, así como de las posibilidades de las trayectorias político-electorales y la reestructuración de los poderes institucionales.

Más allá del ruido informativo creado, es preciso analizar estos hechos con perspectiva. Se entremezclan diferentes dimensiones políticas y temporales, en un contexto de grave situación socioeconómica y confrontación política y mediática. No hay que perder de vista la tarea estratégica para las fuerzas progresistas de los planes de modernización económica, la democratización institucional y el refuerzo de las políticas sociales y del Estado de bienestar frente a la fuerte precariedad laboral y vital y la desigualdad social y de género, cuyo epicentro está, precisamente en Madrid, la región más rica de España y de concentración de mayor poder.

En el plano estatal, el fondo de la pugna es por la legitimidad de cada bloque político (izquierda, derecha y grupos nacionalistas periféricos, particularmente el catalán), con la recomposición interna de cada uno, y la encrucijada táctica y estratégica para controlar el poder institucional e implementar su gestión. Se trata de la consolidación o no de la dinámica de cambio de progreso, con una orientación democrática, social e igualitaria y el encauzamiento de la plurinacionalidad que se inició hace dos años con la moción de censura y el posterior Gobierno de coalición de izquierdas, o bien de su bloqueo y los riesgos de involución derivados del reaccionarismo conservador, neoliberal y centralizador que representa Díaz Ayuso y el Partido Popular en alianza con VOX. Se confrontan dos proyectos de país y su pugna por la prevalencia institucional que las izquierdas solo pueden consolidar con la alianza con los nacionalismos de izquierda (o centro como el PNV).

Ha quedado relegada la opción pactista entre Partido Popular y Partido Socialista, con un nuevo bipartidismo que ciertos sectores poderosos añoran, con la marginación de Unidas Podemos, el bloqueo de los nacionalismos periféricos y la ruptura del bloque de la investidura de Sánchez. Pero también ha quedado desinflada la opción centrista, que se intenta desde años atrás, de una alianza entre PSOE y C’s con el deseo de la subordinación o irrelevancia de UP, pero con la realidad de su papel determinante y el hundimiento de Ciudadanos. El objetivo de un Gobierno socialista en solitario en España y menos en Madrid, aunque sea con acuerdos de geometría variable, debe esperar.

Se produce cierta complejidad y, al mismo tiempo, impaciencia por comprender y adecuarse a las nuevas condiciones y objetivos. Se encadenan los dos ámbitos, el estatal y el de la Comunidad de Madrid. Se combinan las tareas inmediatas, derrotar a las derechas del Partido Popular y Vox (Ciudadanos se va cayendo), en su principal feudo de poder institucional y con su radicalización trumpista, con los objetivos a medio plazo: impulsar el cambio de progreso en lo que queda de legislatura y ganar las elecciones generales (previstas para dentro de más de dos años) por las fuerzas de izquierdas para asegurarlo en la siguiente, así como consolidar el gobierno de coalición, la alianza progresista y la articulación plurinacional.

Desalojar a Díaz Ayuso y su alianza con la ultraderecha del Gobierno madrileño

No hace falta detallar las actuaciones erráticas de la presidenta madrileña, su inacción gestora para proteger a la sociedad madrileña, su permanente confrontación y crispación institucional y su continuada provocación mediática. A tenor de diversos estudios demoscópicos esa estrategia le da cierto resultado para retener una parte del electorado que se iba a VOX y recuperar otra parte del fracasado Ciudadanos. La conformación de las mayorías electorales está por ver, no hace falta especular; el cuatro de mayo lo sabremos.

Partimos de la fragmentación de los dos campos. Por un lado, de las tres derechas, PP, VOX y Ciudadanos, cuyos dirigentes insisten en que renegociarían su estatus de aliado con el PP en el caso de que consigan representación en la Asamblea. Por otro lado, de las tres fuerzas progresistas, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, una vez garantizado que las tres acceden a representación institucional, en un sistema proporcional y pendientes de su reequilibrio interno.

Pues bien, las posibles alianzas se definen por los dos bloques que deben pactar la gobernabilidad en su interior: derechas e izquierdas. Veamos algunos motivos e implicaciones para derrotar a las derechas y establecer un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.

La continuada gestión institucional del Partido Popular durante el último cuarto de siglo se puede resumir en cuatro ejes: políticas neoliberales y de recorte de los servicios públicos; incremento de la desigualdad social y la precarización laboral, vital y habitacional de las mayorías sociales; degradación democrática derivada de la corrupción demostrada y la manipulación mediática e institucional, y conservadurismo reaccionario, centralista y antifeminista.

A la consolidación de esas políticas, el proyecto que representa Díaz Ayuso añade un doble riesgo: la radicalización derechista con la entrada y normalización gubernamental de VOX, y la afirmación de ese modelo neoliberal y reaccionario para toda España. Bajo esa estrategia intenta la hegemonía electoral de las derechas en las próximas elecciones generales, una nueva alianza con los grupos de poder (económicos, mediáticos e institucionales) y el desplazamiento de las fuerzas de progreso. Es dudoso que, aunque gane en la Comunidad de Madrid, ese viraje ultraconservador hacia la derecha (y el españolismo antinacionalista periférico) le facilite ampliar su espacio electoral en el conjunto de España. Parece que contiene el ascenso electoral de VOX en Madrid (no en el resto de España), pero es contraproducente para acceder al Gobierno en las siguientes elecciones generales.

Esa limitación para recuperar suficiente electorado centrista sería el parcial conflicto con Casado, el líder del PP, y algunos de sus barones que persiguen el poder pero intentando combinar las dos barajas: la involución derechista de la mano de VOX, con concesiones a su discurso para recuperar parte de su electorado, y cierta imagen de centroderecha para no dejar ese espacio centrista en manos del PSOE y ante su deseada debacle de Ciudadanos.

En todo caso, contando con el bloqueo de sus relaciones con las derechas nacionalistas (vasca y catalana) y a nada que las fuerzas progresistas no cometan grandes errores, las derechas y su proyecto regresivo lo tienen difícil para el acceso a la gobernabilidad del Estado. Su objetivo mínimo se quedaría, como hasta ahora, en torpedearla desde su buque insignia de la Comunidad de Madrid. Y ello por mucho que maquillen con palabras hermosas como ‘libertad’ (para los poderosos) sus políticas de desigualdad y segregación.

Hay que derrotar ese plan, no solo por sus implicaciones de giro derechista e involución social y democrática para la gobernación y la institucionalidad de España (y modelo a vender en Europa), sino por el desastre socioeconómico y vivencial que conllevaría para las mayorías sociales madrileñas. Se merecen (nos merecemos) una nueva vía de progreso para la sociedad y las instituciones de Madrid, una oportunidad de avance social y democrático, un refuerzo de la representatividad de las fuerzas progresistas y de izquierda, una nueva dinámica de convivencia, igualdad y solidaridad.

Se trata de afrontar, desde un proyecto progresista y solidario de país, los grandes retos presentes: atajar la crisis sanitaria y socioeconómica; relanzar la modernización económica, productiva y medioambiental; fortalecer la cohesión social, la igualdad de género y la protección pública, y regenerar y democratizar la vida institucional y la regulación de la plurinacionalidad.

Solamente cito un factor fundamental para garantizar el cambio de progreso: la activación cívica y electoral de la gente joven, cuya mayoría, particularmente de chicas, está sufriendo una especial vulnerabilidad social y precariedad laboral que afecta a la incertidumbre de sus trayectorias vitales y que necesita respuestas creíbles en materias como la sociolaboral, la habitacional y la igualdad de género. Es la base social fundamental de las izquierdas transformadoras y fuerzas progresistas. Hay que vencer el riesgo de su desafección o pasividad sociopolítica y electoral. Es, quizá, el elemento clave para garantizar una participación activa en este proceso y vencer el proyecto reaccionario de las derechas. Es la reafirmación de lo que llamo un nuevo progresismo de izquierdas, ecologista y feminista.

Lo que se ventila este cuatro de mayo en Madrid es la alternativa entre la involución social y democrática y el avance de progreso y sus implicaciones en los dos ámbitos, regional y estatal. Falta por explicar los reequilibrios y acuerdos internos en cada bloque, en particular del campo progresista, con su impacto a nivel estatal y de cara a la consolidación (o no) del gobierno de coalición y las expectativas para la próxima legislatura. Habrá que volver sobre ello.