Por Llum Quiñonero Hernández

En enero de 1977 en las cárceles españolas había alrededor de 350 mujeres repartidas en diferentes penales; la mayoría, acusadas de adulterio, aborto o prostitución. Una cifra desproporcionadamente pequeña en relación a los casi 9.000 que sumaban los varones adultos. Un dato que lleva a equívoco sobre las mujeres reclusas si no se dirige la mirada a la amplia red de centros de internamiento de los que disponía, en exclusiva para mujeres, el Patronato de Protección a la Mujer, nacido en 1941, para redimir a mujeres descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer.

El Patronato, convertidos sus centros en cárceles morales, sobrevivió a la Constitución y aún a la llegada del PSOE al gobierno. La invisibilidad de tanta represión hizo posible que tuviera que esperar definitivamente hasta 1985 para desaparecer, tras la constitución de los gobiernos autonómicos. Tras el golpe militar de 1936, según avanzaba la ocupación de las fuerzas golpistas, miles de mujeres fueron detenidas, fusiladas, obligadas al destierro y al exilio; por ser republicanas, calificadas más allá de lo político, como desechos sociales, enfermas mentales, peligrosas y depravadas morales. Una vez acabada la guerra, que en muchos territorios fue a la vez que el golpe de estado, a las mujeres con derechos que habían amanecido con la República había que extirparlas del cuerpo social. Las cárceles de mujeres no bastaban para su objetivo de regeneración social y recuperación de lo que en lenguaje franquista llamaban raza hispana; ni bastaba la ley, ni la escuela, ni las parroquias y su control doctrinal. Tampoco bastaba la prensa y radio del Movimiento, ni la Sección Femenina, ni la Guardia Civil. Necesitaban someter la vida, los cuerpos, las tareas de las mujeres y devolverlas, bajo control, al hogar, a la crianza, a la dependencia paterna o marital, para dar hijos a la patria, deber sagrado de la maternidad. El Patronato de Protección a la Mujer sería la herramienta, la infraestructura disciplinaria para someter a cuantas no cumplieran el nuevo orden, la nueva moral, a una constante sobrevigilancia y reclusión.

El hogar como destierro, el Patronato, como castigo

La dictadura construyó su modelo de sociedad a partir de la represión y control de las mujeres, médula de su doctrina. Para la inmensa mayoría, el destierro al hogar, sometidas a padres, maridos, hermanos… y para todos, la absoluta a exacerbación de las identidades de género y su segregación; convertidos hombres y mujeres en opuestos absolutos. Y quienes de aquellas que no encajaran en su esquema serían calificadas como perversas, peligrosas y débiles mentales, susceptibles siempre de ser aisladas para ser redimidas. La maternidad como misión y la castidad como virtud, tal era el género femenino normativo del franquismo. La sexualidad de las mujeres se vio condenada, perseguida, reducida y mermada a la estricta y discreta satisfacción de los maridos con fines reproductivos. Para re-cristianizar y controlar a las mujeres se levantó una amplia red de centros para sacar de la circulación a aquellas que incumplieran la norma. También los científicos y psiquiatras adheridos al nacionalcatolicismo, avalaron el sometimiento femenino:

“Las mujeres sanas, afirmaba Antonio Vallejo-Nágera, carecen de deseo sexual”. Así lo explica en su libro Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza (1937) publicado en plena guerra civil:

“En las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo, si las influencias externas no quebrantan la virginidad (...) es el amor lo que la impulsa en más del 60 por 100 de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega, y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico”.

El Patronato de Protección a la Mujer fue piedra angular de las políticas de internamiento para mujeres entre 15 y 25 años. Con él, la dictadura construyó un entramado de infraestructuras para asegurar la aplicación y cumplimiento del régimen moral totalitario, basado en el control de las ideas y, sobre todo, de la sexualidad, del cuerpo femenino. Se perseguía, denunciaba y anulaba, cualquier manifestación de la sexualidad de las mujeres, entendida por supuesto como heterosexualidad.

A la cabeza del Patronato, dependiente de ministerio de Justicia, Carmen Polo. No hay más que ver la composición de su organigrama, según el decreto ley de creación publicada en el BOE el 20 de noviembre de 1941, todo el Estado estaba allí representado: el ministerio de Justicia, el aparato militar, el eclesiástico, el judicial, incluida la Sección Femenina. Y reproducido en cada Junta Provincial.

Entre 1941 y 1952 el Patronato, aunque perseguía un amplio abanico de comportamientos morales “desviados” como denotan los informes y memorias de sus actuaciones, puso especial énfasis en la reclusión de prostitutas, entendidas de una manera laxa. Sin embargo, hasta 1956, los burdeles fueron tolerados por la ley y las prostitutas que en ellos trabajaban (no así las que lo hacían por libre, carne de cañón del Patronato) recibieron –a pesar del estigma-- atención sanitaria, en pro de un control de las enfermedades venéreas que iban en aumento.

La iglesia avalaba la posición basándose en San Agustín: "...las prostitutas son a la ciudad lo que las cloacas al palacio. Suprimid esta cloaca y el palacio entero se convertirá en un lugar infecto”.

Del mal necesario, la dictadura pasó a penalizar la prostitución, su abolición. La sexualidad femenina era el problema antes y después. En 1956, fue aprobado el decreto ley que prohibía las casas de tolerancia y declaraba ilícito el ejercicio de la prostitución. Y a la vez que la sociedad cambiaba, las leyes represivas se recrudecían. En 1961, la prostitución entraba como delito en el Código Penal.

En las instalaciones del Patronato, desde su creación, siempre hubo espacio para internamiento de las jóvenes díscolas; aislamiento y disciplina religiosa cotidiana en los internados, misas, silencio, limpieza y rosario y, llegado el caso, obligadas a trabajos, la mayoría sin remunerar, para empresas externas. Las jóvenes díscolas de buena familia tenían también cabida en el Patronato, servidas por las descarriadas sin recursos.

Fugas, crisis, suicidios

Una cantidad de mujeres, aún sin cuantificar en su totalidad, fueron recluidas a lo largo de sus 45 años de existencia. Miles, pasaron parte de su juventud entre las paredes de los más de 900 centros propios y de centenares de congregaciones religiosas colaboradoras (entre ellas y de forma destacada las Oblatas y las Adoratrices), del Tribunal Tutelar de Menores y del Patronato que gestionaron por toda la geografía española; jóvenes recluidas sin más condena que el juicio moral de quienes las tutelaron y privaron de todos sus derechos. Queda también por analizar cuántas de éstas fueron a parar a psiquiátricos o quedaron ingresadas en ellos, abandonadas, por iniciativa de sus padres o maridos, especialmente a partir de los años sesenta, cuando las nuevas corrientes psiquiátricas pusieron a la orden del día para las más rebeldes las camisa de fuerza químicas a base de neurolépticos o electrochocs.

A partir de los setenta, las fugas acabaron siendo noticia frecuente y los suicidios de las internas, habituales; dados a conocer, especialmente en los últimos años, cuando alguna prensa comenzó a hacerse eco de la tragedia que tardó demasiado en ser escuchada.

Tras conseguir la categoría de organismo autónomo, el Patronato tuvo la potestad suficiente para proceder con absoluta impunidad. Las jóvenes y sus familias sabían cuándo las jóvenes ingresaban pero quedaba en manos del Patronato, de las religiosas, su salida. Desaparecido el horizonte de libertad y atravesada la experiencia de un internamiento culpabilizante y castrador, las crisis personales eran el pan de cada día.

Peligros para la honestidad

Para captar a su descarriadas, las celadoras del Patronato, además de las recomendadas por curas y autoridades civiles, mantenían una vigilancia constante en cines, bailes y espacios que consideraban peligrosos. En los primeros ocho meses de existencia, el Patronato acogió en sus 14 centros a 427 mujeres. En 1951, la cifra ascendía a 3.360 internas: Abandonada, pobre, fugada, rezan los informes. Eran huérfanas, solteras, viudas, huían del hambre o de los malos tratos en una España desolada.

En el apartado que denominan «Tónica humana de nuestras niñas» el informe de 1967 dice: «Predomina el stock de niñas taradas», “desviadas por sus deseos de afectividad y de libertad”.

Con la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que fue aprobada el 4 de agosto de 1970, se persiguió abiertamente “a quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, el gamberrismo (sic)…”. Y, por supuesto, a quienes ejerzan la prostitución, los mendigos, los vagos habituales, los que fomenten o comercialicen material pornográfico, los toxicómanos y ebrios habituales ... y todo ello penado a partir de los 16 años. Gamberras, pandilleras, toxicómanas, putas, lesbianas habían entrado por la puerta grande del delito, nombrando penalmente a lo que ya estaba ejerciendo el Patronato.

En 1965, cuarenta mil internadas

En 1965, la cifra total de internas ascendió, según datos aportados por la historiadora C. Guillén, hasta las 41.335 mujeres, ingresadas en un solo año, con Madrid (10.070), Barcelona (2.746) y Córdoba (1.890) a la cabeza

Mientras la calle comenzaba a reclamar cambios y libertades, los centros de reclusión crecían en el silencio opaco de la represión moral en sentido inversamente proporcional.

Buena parte de la abundante documentación del Patronato ha desaparecido, se destruyó, se perdió, desapareció. Quedan las memorias que acreditan la amplitud, la gravedad de la represión acometida contra decenas de miles de mujeres. ¿Cuántas en total? Queda en manos del presente poner luz ante tan graves daños. Esperemos que la nueva Ley de Memoria Democrática, aún a debate, sea capaz de promover investigaciones, que pongan luz, faciliten el acceso a los archivos y hagan Justicia ante tan abundantes y graves delitos cometidos por instituciones, muchas de las cuales, siguen en activo, y sus responsables siguen vivos, como vivas están buena parte de sus víctimas. La Justicia, espera y espera la verdad de lo sucedido y por supuesto, la reparación que merecen, que merecemos todos.