La Transición es un terreno propicio para las leyendas. Durante años, los medios nos administraron la sopa boba del discurso oficial, la fábula prodigiosa de la concordia y el pacto entre diferentes. Dicen que un puñado de prohombres tocados por la gracia de Dios nos obsequió con el nuevo régimen de libertades. Igual que un niño pide que le lean una y otra vez el mismo cuento, el pueblo llano gozaba con aquel folletín televisado, la muerte de Franco, la sonrisa de Suárez, la peluca de Carrillo, libertad sin ira libertad, la apertura de las urnas, el bigote marcial de Tejero, quieto todo el mundo, la noche de los transistores y la intercesión salvífica de Juan Carlos I.

Con el tiempo, la reputación intachable del soberano terminó por desmoronarse. Bajo la máscara de la campechanía, emergió el fantasma sospechoso de las comisiones y las sombras fiscales. La opinión pública se hacía de cruces entre noticias de amantes furtivas y cacerías africanas. El disgusto general fue tan unánime que el CIS aparcó sus encuestas para ahorrarle a la Zarzuela el embarazo. Si el mito feliz del juancarlismo había resultado ser un fraude, ¿quién nos garantizaba que la narrativa institucional del 23-F fuera cierta? ¿Quién iba a asegurarnos que la intercesión salvífica del rey no fue una tramoya, un embeleco, una farsa real, un truño historiográfico?

En estas, va el Gobierno de Sánchez y anuncia que sale a la luz toda la papelería del 23-F. No toda, es verdad, sino todo lo reunido hasta la fecha: informes con membrete, conversaciones con la capitanías e incluso algunas fotos. Eso sí, ni hablar de audios ni vídeos. Esta hojarasca documental tiene un valor notable, pero no definitivo. Por un lado, la historia no solo se alimenta de partes oficiales sino también de testimonios discretos. Por otro lado, un Estado dispone de mecanismos solventes para eliminar pruebas comprometedoras, o mejor aún, para no dejar constancia formal de las comunicaciones más sensibles.

Total, que abrimos el cofre del tesoro y encontramos mucha paja y mucha cháchara anecdótica de guion de Cuéntame. “Me cago en la leche”, dice Tejero desde los teléfonos del Congreso. “Dile a Pedro que le diga a Milans que no se fíe nada de Armada, que lo que quiere es ser presidente al precio que sea”. En un documento remitido por Sabino Fernández, por ejemplo, se adjunta la tarjeta comercial de una sastrería militar. Al leer en vertical la primera letra de cada oferta, descubrimos un mensaje en clave: “Tejero”. Al final va a resultar que los golpistas no solo eran unos descarados sino también unos cachondos.

Lo del descaro era un asunto ya sabido. En los meses previos al golpe, la voluntad de marginar a Suárez suscitó un consenso inédito entre los sectores más dispares. Ramón Tamames, para escándalo de Carrillo, llegó a reclamar que un militar tomara el mando. En nombre del PSOE, Enrique Múgica y Joan Raventós se reunieron con Armada en Lleida. Es inverosímil creer que Felipe González no estaba al tanto. Según el periodista Antxón Sarasqueta, Alfonso Guerra telefoneó a Marcos Vizcaya para saber si el PNV estaba por la labor de ingresar en un gobierno de concentración regido por un uniformado.

La desvergüenza llegó a tal extremo que el periódico El Alcázar se permitió publicar de víspera una portada premonitoria. Una imagen del Congreso de los Diputados vacío ilustraba la noticia. “Todo dispuesto para la sesión del lunes”, rezaba el titular. La letra pequeña predijo hasta la hora del golpe. En aquellas mismas páginas, los militares díscolos habían difundido llamadas veladas a terminar con el sistema de partidos. “Hay que salvar a España”, concluía un artículo del colectivo Almendro. Lo que la prensa llamó “ruido de sables” era en realidad un estrepitoso rechinar de afiladores.

Si fue todo tan visible, ¿cómo es que nadie lo vio venir? ¿Por qué los servicios secretos que habían abortado la Operación Galaxia fueron incapaces de prever el tejerazo? Uno de los folios desclasificados revela que seis agentes del CESID estaban en el ajo. En otra página, los servicios de inteligencia plantean como algo más que un rumor que la monarquía mantuvo encuentros discretos con los autores del golpe. Dicen que la Casa Real envió a sus recaderos. Después, cuando Jaime Milans del Bosch exigió hablar sin intermediarios, Juan Carlos I habría pedido que la monarquía no saliera dañada en el intento. Esta información encaja con aquella frase que Jesús Palacios atribuía al rey: “A mí dádmelo hecho”.

Nos gusta creer que el dato mata el relato, pero algunas narrativas son tan convenientes y seductoras que resisten cualquier intento de verificación. Los archivos del 23-F constatan que los golpistas tenían intenciones homicidas: “el primer tiro al aire y el segundo a dar”.  A partir de ahí, las interpretaciones divergen. Varias cabeceras subrayan hoy que uno de los generales consideró un fallo haber dejado libre al Borbón. Que Juan Carlos I era el bueno de la película, vamos. Un viejo dossier del Ministerio del Interior, por su parte, acusa a la “derecha radical” de haber querido implicar a la monarquía en el golpe con el único propósito de evadir sus responsabilidades.

¿Prueba esto que el rey desconocía lo que se estaba cociendo? No. Prueba que la extrema derecha lo utilizó como coartada y que el Gobierno trató de protegerlo. La televisión pública, en manos entonces de Fernando Castedo a propuesta de UCD, contribuyó a consolidar la figura del monarca como un decidido héroe democrático. No obstante, los documentos desclasificados muestran que Juan Carlos I reprobó a Milans del Bosch ya de madrugada, después de su discurso público. Es decir, que la intervención del rey no fue inmediata y tajante, como quedó en el imaginario colectivo, sino tardía y a expensas de haber asegurado la lealtad de las capitanías.

Uno de los documentos más jugosos relata precisamente la evolución montaraz de los militares. El Ministerio del Interior reconoce que el Ejército empezó aceptando al rey porque representaba una continuidad con el legado de Franco. Así, la obediencia al nuevo régimen era una forma de rendir “tributo a la memoria de su líder indiscutido”. Con el tiempo, sin embargo, muchos militares se enojaron con el deterioro de “determinados valores morales” y “las exaltaciones separatistas”. Las cosas cambiaron, dice el legajo, gracias a que Calvo-Sotelo reforzó la “lucha contra el terrorismo” y el “control autonómico”. La democracia de los generales.

Ahora que cunde la fiebre desclasificadora, es de recibo descerrajar la ley de secretos oficiales. Que se desclasifiquen por fin los documentos sobre la masacre del 3 de marzo en Gasteiz. Que se sepa el papel del Estado en la matanza de Montejurra. Que se esclarezca el terror de los sanfermines del 78. Que se divulguen los expedientes sobre la muerte de Manuel José García Caparrós. Que se vean las costuras parapoliciales del Batallón Vasco Español. Que salgan a flote los papeles de los GAL y arrojemos claridad sobre los crímenes gestados en Intxaurrondo. El mito de la Transición, colosal leyenda de papel, ya no soporta muchas más confidencias.