2017 se cerró con 1.200 personas fallecidas en 1.067 accidentes de tráfico. Se trata de los peores datos en cinco años y desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se han centrado en una nueva ley de tráfico para atajar esta situación. De cara al próximo mes de febrero, la DGT prevé tanto reformar los exámenes como revisar el carnet por puntos. Ni un ápice de crítica al estado de las carreteras.

Analizando correctamente la información estadística, pareciera que desde la Administración Pública se hubieran dormido en los laureles, abrazados a que, gracias a la mejora de la red viaria, se hubiera pasado de las cerca de 6.000 víctimas mortales que se registraban en 1989.

La realidad es que la inversión en carreteras por parte de la Administración Pública se ha desplomado hasta situarse a niveles de los años 80. En la actualidad, apenas ronda el 0,4% del PIB y el Gobierno de Rajoy ni siquiera publica cifras de los años 2014 y 2015, que fueron los peores de la serie.

El apenas 0,45% del PIB que invierten hoy en día tanto el Gobierno central como las Comunidades o las corporaciones locales se sitúa muy lejos del 1,09% que llegó a registrarse en los años 90. La inversión específica destinada al mantenimiento de las carreteras desde el ministerio de Fomento ni siquiera alcanza los 900 millones de euros, una cifra que parece pobre considerando que desde los años 80, cuando se destinaba el mismo porcentaje del PIB, la red estatal de carreteras contaba con alrededor de 11.000 kilómetros de carreteras menos.

Sólo en los últimos 10 años, la inversión por parte de la Administración central en reparaciones ha caído, prácticamente, un 60%. Mientras las cifras de muertos en carretera asciende, la inversión que prevé el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) 2012-2014 se desploma, pasando de los 883 millones de 2016 a los actuales 832 millones. Ya en 2014, este mismo espacio dedicó un artículo a las chapuzas del Gobierno en este asunto. La situación no ha mejorado.

Más privatización

El abandono de las carreteras españolas en materia de mantenimiento se ha convertido en una oportunidad de negocio para el sector privado. Ello será posible gracias al Gobierno de Rajoy, que con su macroplan de inversión extraordinaria, fundamentalmente dirigido a autovías, pondrá encima de la mesa 5.000 millones de euros.

Tras el fracaso de la concesiones de las autopistas radiales que terminó por nacionalizar las pérdidas del sector privado, el nuevo sistema que de nuevo le abre las puertas a éste consiste en el pago diferido de las obras adjudicadas en 30 años –no pagar hasta que no entran en funcionamiento y en función de las labores de conservación y mantenimiento que se realicen.

Un modelo que en cinco años espera afectar a unos 2.000 kilómetros de los 20 corredores más importantes de España, pero que no resuelve el abandono de conservación de las carreteras secundarias, que es donde más accidentes mortales se producen. De hecho, este macroplan en vías de alta capacidad únicamente cubre al 10% de las vías, pues las carreteras convencionales suponen el 90% del total. Por estas vías convencionales circula alrededor del 40% del tráfico y, sin embargo, registra cerca del 70% de las víctimas mortales, lo que supone casi un 5% más que en 2016.

Estudios como el llevado a cabo por la Asociación Española de la Carretera (AEC) han identificado hasta 42 tramos de vía de especial peligrosidad distribuidos en 24 carreteras (887 Km especialmente peligrosos) repartidos en once Comunidades Autónomas. Este mismo informe pone de manifiesto que, si se invirtieran sobre 730 millones de euros sobre 1.121 kilómetros de carreteras convencionales, cada tres años el número de personas fallecidas se reduciría en cerca de 70, mientras que el de heridas lo haría en 212 personas.