En este espeluznante asunto de la presunta violación de una inspectora de Policía por parte del director adjunto operativo del cuerpo, José Ángel González, hay una patada en la boca a los negacionistas de la violencia de género. Una de esas patadas desdentadoras que nos dejan bien a gusto incluso a los pacifistas.

Los torrentianos sucesos que ahora se investigan datan del 23 de abril de 2025. Superada por el constante acoso posterior a la agresión, con amenazas verbales y persecución laboral, la víctima acude el 2 de junio al Punto Violeta de Rivas-Vaciamadrid. Para que nos entendamos: una inspectora integrada en la cúpula, en la élite policial, tiene que acudir en secreto a uno de esos garitos infrafinanciados, perrofláuticos y feminazis para pedir protección, asesoría legal y atención psicológica. El diablo habita en los detalles. Y este detalle es precioso. Gracias, diablo.

La víctima trabajaba y tenía a sus amigos en las más altas esferas de la seguridad nacional. No era cualquier novata en periodo de adaptación. Y no se fio de ninguno de sus compañeros, en teoría adalides oficiales de la seguridad ciudadana. Si los uniformados se tienen miedo entre ellos, cómo no se lo vamos a tener nosotros, dirán algunos. 

Esta veterana policía no acudió a comisarías ni jefaturas. Eludió por pánico los cauces reglamentarios. Se refugió en un punto violeta. Ahí reside la diabólica belleza de esta, en lo demás, sucia y truculenta historia. 

Los puntos violeta son objeto de mofa y befa por parte de populares, negacionistas, machirulos transversales y/o ultras desde su nacimiento, que fue espontáneo y hace ya más de una década. Asociaciones vecinales y colectivos feministas decidieron montar mesas en verbenas y festivales para que las mujeres se defendieran entre ellas, sin encomendarse ni al cura ni al ministro. Se habían ya popularizado las drogas de sumisión sexual y, por razones inexplicables, sanos y bellos jóvenes las utilizaban para violar a mujeres, niñas y a veces chavales, en plan manada.  

Volviendo a los detalles que nos regala el diablo: entre los cinco condenados de la Manada de los San Fermines de 2016 hay un militar y un guardia civil. Dos de cinco. No extraña que hasta las inspectoras de Policía prefieran ir a un punto violeta para denunciar agresiones sexuales que acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, solo por cuestiones estadísticas.  

Con el sometimiento (quizá también químico) del PP a las fasciomachistadas de Vox, en muchos ayuntamientos se están eliminando esos puntos violeta por decreto, con cualquier excusa absurda. Los grandes enemigos de la brava y corajuda derecha española son unas voluntarias, psicólogas y miembros de Cruz Roja asesorando a mujeres con miedo o, simplemente, con ganas de conocer más mecanismos de defensa. No hace falta tanta adarga para tan poco fiero enemigo, amigo Abascal, aunque te quedan mejor las adargas que las camisas, todo hay que decirlo. 

En 2021, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, convirtió los puntos violeta en materia de BOE. Era una iniciativa muy ambiciosa que requería "un intenso trabajo interinstitucional", explicó. Y en ese detalle también se escondió el diablo, aunque esta vez malignamente. 

Confiar cualquier política feminista a la complicidad interinstitucional, en la España municipal y autonómica de PP y Vox, es adánico, edénico, quimérico y muchas esdrújulas más.  

No goza uno de mucho espíritu legislador, pero barrunto que tampoco sería tan difícil para el Gobierno decretar la obligatoriedad de instalar puntos violeta en fiestas populares y eventos de riesgo. Implementarlos como una medida de seguridad más, con personal mínimo y especializado según aforo. Y, por supuesto, voluntarias/os. Muchas promotoras de conciertos ya lo hacen motu proprio y pagándolo de su bolsillo. Si el avaricioso sector privado lo considera rentable, no debe de ser muy caro.  

El caso de la inspectora de Policía que acude a un punto violeta y no a sus compañeros nos demuestra que, al menos para este tipo de casos, ni las policías confían en la Policía. Procuran amparo en un modesto, infravalorado, perseguido y asfixiado mecanismo civil, y no en la poderosa maquinaria de seguridad estatal de la que forman parte. Paradojas veredes, querido diablo.