Parece mentira que la justicia británica haya rechazado la inmunidad del rey Juan Carlos cuando está claro que al rey Juan Carlos lo vacunaron por lo menos tres veces: la primera por nacimiento, la segunda por inyección constitucional y la tercera hace menos de un mes, cuando la Fiscalía española decidió comerse con patatas toda la investigación abierta sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a La Meca, el pastizal archivado en una cuenta de la isla de Jersey y las tarjetas black donadas generosamente por un empresario mexicano. Un montón de españoles pata negra y aduladores monárquicos exigía que, a su regreso a España, todos los malpensados y los republicanos contumaces hicieran una cola de doce kilómetros para arrodillarse ante su majestad y pedirle perdón. Lo que no tiene explicación lógica es que, siendo inocente desde la cuna, el rey Juan Carlos saliera por piernas del país como un atracador de bancos y se colocara a un continente y pico de distancia. A ver si es que los inocentes éramos nosotros.

Aparte de ese cariño cortesano que el pueblo español brinda a sus reyes desde los gloriosos tiempos de Fernando VII y el “vivan las caenas”, el PSOE, el PP, Vox y el resto de la derecha han blindado, que no brindado, cualquier posibilidad de abrir una comisión parlamentaria sobre estos y otros feos asuntos. Y eso que hace poco más de un año la ministra de Hacienda tachó la conducta del rey Juan Carlos de “reprobable, reprochable y nada edificante”.

Sin embargo, al igual que el resto del país, la justicia británica conduce por la izquierda y además sigue utilizando esos pelucones completamente pasados de moda que, en buena ley, corresponderían más bien a un monarca de pro, borbón concretamente. Aunque poca gente lo recuerda, fue en Inglaterra donde se inauguró la lamentable costumbre europea de decapitar soberanos, y mucho antes de Carlos I y contra todas las tradiciones de la época, Enrique VIII practicó el divorcio por las bravas de diversas y vistosas maneras, algunas de las cuales incluían el hacha.

Quizá por eso, por costumbre, en Londres también estuvieron a punto de juzgar a un ex gobernante extranjero, el dictador chileno Augusto Pinochet, a quien el recurso de impunidad tampoco le funcionaba fuera de casa y permaneció en arresto domiciliario durante casi año y medio, hasta que montó el numerito de la silla de ruedas y el dodotis para convencer al juez de que ya no era una bestia genocida sino un anciano chocho.

De momento, la defensa del rey emérito se ha topado con el chasco de que el estatuto de inviolabilidad no tiene cobertura en el extranjero, tampoco en Gran Bretaña, y menos aun en el caso de acoso a una súbdita británica. El Tribunal Superior de Londres ha tenido que explicar a los abogados que, si aplicaran el principio de inmunidad previsto por la Constitución española, el rey Juan Carlos podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes sin enfrentarse a ninguna consecuencia penal. Menos mal que llevaban la peluca apretada a fondo, porque se la llegan a quitar para dejar circular la sangre y se habrían dado cuenta de que acababan de definir la situación de la justicia en España.

Casi igual de divertida ha sido la explicación de que amenazar la vida de una mujer y de sus hijos “no entra en la esfera de actividades gubernamentales o soberanas”. En ese punto el juez le ha pedido a Corinna Larsen que especifique si los actos criminales que atribuye a Félix Sanz Roldán, director del CNI por aquel entonces, fueron a título personal o profesional, lo que es lo mismo que preguntar si James Bond tenía licencia para matar o sólo estaba matando en su tiempo libre. Con todas estas minucias, sumadas a su manía de hacer cumplir la ley a cualquier precio, parece que los jueces británicos no se dieran cuenta de que están armando un incidente internacional que podría desembocar en que el rey Juan Carlos tenga que pasar otras navidades entre palmeras o en un asalto a Gibraltar para dar a los monos la nacionalidad española.