El discurso que Felipe VI jamás pronunciará

Me dirijo a vosotros y vosotras cuando vivimos unas circunstancias verdaderamente excepcionales con el regreso a España de su Majestad el Rey Don Juan Carlos tras dos años de huida a la dictadura de Emiratos Árabes. Unos hechos que han empañado nuestra convivencia democrática y ante los cuales, con el saber agridulce de quien os habla por el regocijo del reencuentro con mi padre atenuado con mi deber primero como Jefe del Estado, quiero trasladaros unas reflexiones.

Nuestra Constitución, en su artículo-1, dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” y como tal, se fundamenta en la igualdad de las personas y en que la garantía de que los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico. Sin embargo, la realidad nos revela que esta salvaguarda de nuestro sistema democrático está en riesgo.

El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes y no de los hombres y, por este motivo, cuando una persona escapa de los controles políticos, parlamentarios e, incluso, del mismo control social por los propios ciudadanos, sólo queda una garantía para la democracia: el control jurisdiccional, que dota de eficacia a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en todo cuanto afecta a los hechos cometidos por su Majestad el Rey Don Juan Carlos tampoco se ha dado este control porque los pilares estaban viciados de inicio. La inviolabilidad del rey contemplada en nuestra Carta Magna, en cuya redacción se evidencian vestigios de cuarenta años de cruel dictadura, lamina cualquier intento de legitimar la Justicia igual para todos y mina la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Mi padre, el rey emérito, se ha aprovechado de tal circunstancia, alterando la convivencia pacífica de la sociedad. Observo con gran preocupación cómo una parte de la sociedad, confundida quizás por la admiración y afecto a la Corona, disculpa y obvia comportamientos indeseados e indeseables que nos alejan de la democracia plena que deseamos ser. Cuando quien debería mostrarse ejemplar comete graves ofensas al amparo de una ley desigual, esta contribución individual que no veo en algunas personas resulta trascendental.

Así pues y en aras de la coherencia con mis propias palabras hacia vosotros, he de compartir mi más profunda decepción por el irrespetuoso proceder de su Majestad el Rey Don Juan Carlos y su negativa a dar cualquier tipo de explicación al pueblo español, poniendo en jaque nuestra misma estabilidad social. La historia nos enseña que el autoritarismo y la arbitrariedad no conforman el camino hacia la democracia y libertad y, por ello, la actitud mostrada por el rey emérito es más despreciable si cabe.

Mi padre ha defraudado al pueblo español y con el propósito de no hacerlo yo, traicionando la esperanza legítima de hombres y mujeres en un futuro de convivencia y progreso, insto a nuestro poder legislativo a eliminar el amparo jurisdiccional bajo cuya protección el rey emérito delinquió impunemente. Nuestro Estado de Derecho debe alcanzar los altos ideales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político inherentes a la dignidad de la persona.

No puedo obviar, además, que en ese afán por avanzar y mejorar la sociedad moderna que somos y convencido de que un Estado de Derecho exige un respeto efectivo al imperio de la ley igual para todas y todos, así como la plena protección de los derechos fundamentales de la persona, pongo mi cargo a disposición del pueblo español para que vote en referéndum el modelo de Jefatura de Estado, resolviendo el hurto al derecho a decidir que España padece desde 1978. Sólo así avanzaremos y recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, porque España es un gran país; un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades.

Gracias a todos y todas.