El odio, como el amor, es un sentimiento humano que ningún código penal va a evitar. Ni se puede obligar a amar ni se puede prohibir odiar. Todos hemos odiado a jefes, compañeros de trabajo, líderes políticos o sindicales, personajes públicos o personas de nuestro entorno. Es inevitable, no se puede decretar la abolición del odio y tipificarlo en el código penal. Esto no obsta para que algunos grupos que han sido objeto de odio colectivo (judíos, gitanos, homosexuales, mujeres…) gocen de protección, habida cuenta de experiencias históricas que muestran cómo han sido objeto de estigmatización calificándolos de ladrones, degenerados, criminales… hasta conseguir que su hostigamiento e incluso su exterminio sea tolerado por el cuerpo social más extenso porque este los percibe como infrahumanos, y por tanto carentes de derechos. Así, los genocidios han contado con el recurso de estigmatizar antes de exterminar. Parece normal que calificar perversamente a un colectivo o a un individuo por su pertenencia al mismo sea castigado, dada la dilatada experiencia de genocidios que tiene la Humanidad. En ese contexto es comprensible y deseable que los colectivos vulnerables obtengan una protección que evite que puedan ser agredidos grave e impunemente.

Cosa distinta es que nuestro gobierno del PP vaya estirando jurídicamente la noción de odio hasta alcanzar a cualquier expresión disidente un poco subida de tono. Tampoco es que sea un invento pepero, el PP no inventa nada, no hace más que seguir la estela de represión que se va extendiendo por toda Europa y Estados Unidos. Eso sí, el PP es alumno aventajado en todo lo que se refiera a represión, igual que en lo que se refiera a hacer negocios turbios con lo público (la conspiración contra lo público debería ser delito, pero este delito ni está ni se le espera en el código penal, habrá que esperar a una sociedad justa) y a otros estropicios sociales.

Subidos a la ola de represión cuya cobertura viene dada por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “humillación a las víctimas del terrorismo”, “ofensa a los sentimientos religiosos” e “incitación al odio”, que se van estirando como el chicle, algunas asociaciones, sindicatos y otros grupos, cuya agresividad denota con excesiva frecuencia un odio sádico hacia sus críticos, se han aficionado a poner querellas contra todo el que los cuestione, sea por vía de argumentos, sea por vía de canciones, sea por vía del humor.

Algunos ejemplos pueden ilustrarnos. No parece que los gobiernos israelíes, que supuestamente representan a la población israelí, tengan mucha simpatía por los palestinos, a los que si no odian, lo parece bastante. Sin embargo, son ellos los que acusan de odio y de terrorismo a los palestinos. Los gobiernos israelíes cuentan con la solidaridad de los aparatos judiciales en diversos países, como el nuestro. Así, pudimos leer en la prensa hace pocos meses que la fiscalía consideraba que un acuerdo aprobado por Compromís, PSOE y Canviar Xeraco-Podemos llamando al boicot de los productos israelíes podía ser constitutivo de un delito de odio. Y la fiscalía se quedó tan ancha, así son los torquemadas de la justicia.

Pero la justicia española, que tiene no dos sino varias varas de medir, no considera que haya nada parecido al odio cuando el obispo de San Sebastián compara con el Daesh a un grupo que no le resulta muy simpático… ¿los pederastas?, ¡no!; ¿los corruptos?, ¡no! Se trata de los “ateos radicales”. Yo, que soy ateo desde hace muchos años, no tengo ni idea de qué es ser ateo radical, pero tengo alguna idea de lo que son los católicos radicales o los musulmanes radicales, ambos adversarios de cuidado. Estos pueden asesinarte, los otros pueden arruinarte la vida con una querella, y eso que predican el amor al prójimo, como si los no religiosos no fuéramos capaces de amar al prójimo, y sin poner querellas a los que nos odian.

En una entrevista de Cristina Fallarás a Lidia Falcón en este mismo periódico el pasado 31 de marzo, esta matiza muy bien la diferencia entre una amenaza y un mal deseo hacia una persona. Si dices a alguien –explica- “te voy a matar”, puede haber un delito claro de amenazas, pero si dices “me gustaría verte muerta”, la cosa cambia radicalmente, y considerar esta expresión delito es entrar en un terreno irrespirable para la libertad de expresión.

Una de los últimos episodios de nuestro bien engrasado aparato judicial (aunque en algunos asuntos parece que se atasca con mucha facilidad) es llamar a declarar a la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce por unos comentarios en unos tweets que suscribiríamos decenas de miles de personas, pero que a varios sindicatos policiales les parecen constitutivos de delitos de injurias, calumnias e incitación al odio. De paso, se querellan contra Monedero y contra Ramón Espinar, este último por decir que no hemos estado a la altura de los Derechos Humanos en cuanto a tratamiento de inmigrantes.

De continuar por este camino, los sindicatos policiales, poco dados a aceptar las críticas de los ciudadanos ante posibles abusos policiales, pronto empezarán a poner querellas a relatores de Naciones Unidas, al Defensor del Pueblo y a todo lo que se les ponga por delante, porque, de hecho, las actuaciones policiales abusivas y que reflejan racismo institucional han sido recogidas en informes de órganos de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de SOS Racismo e incluso de Cáritas y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. Un estudio de la Universidad de Valencia en colaboración con varias instituciones constataba el racismo y la xenofobia institucional en las identificaciones policiales por rasgos étnicos. Es un estudio de 2013, quizás algún sindicato policial debería querellarse por incitación al odio, aunque la querella se complicaría: habría que querellarse con la editorial que lo publicó, con el coordinador del estudio, con las instituciones que lo financiaron (Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana, HURI-AGE). ¿Cómo es posible que la justicia acepte a trámite una querella de este tipo?

No sé si algún miembro de estos sindicatos que han denunciado estaba también en el grupo de whatsapp que hace unos meses saltó a la prensa por unos comentarios que rezumaban algo más que odio contra la alcaldesa de Madrid y otras personas. Como ejemplo: “Ojalá sea ella una de las víctimas la próxima vez. Ella y el indeseable de su marido” [esto, tras los atentados de Cataluña], a lo que añade otro simpático compañero: “Su familia primero xfavor”, seguido de otro mensaje lleno de cordialidad: “Ojalá explote la sexta con todos ellos dentro q ese día este también pablo iglesias y rufian” [reproduzco los mensajes tal cual, sin corregir la ortografía]. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid no veía delito en estas conversaciones, parece ser que el juez era un amante de la libertad de expresión… de estos policías. Seguro que la mayor parte de sus compañeros tampoco veían ahí más que sana libertad de expresión.

Los colectivos vulnerables pueden ser estigmatizados por rasgos étnicos, por orientación sexual, por género… lo que no vemos en ningún sitio es el odio por profesión, como quiere nuestro ministro de interior y nuestros cuerpos policiales, además de las jerarquías eclesiásticas. Uno puede tener expresiones de odio hacia los peluqueros, los taxistas, los carniceros o los toreros, y no hay rastro de delito en ello, pero cuidado con odiar a policías, guardias civiles, militares o religiosos. ¿A qué viene esta hiperprotección en una sociedad pretendidamente democrática? Sin embargo, estos mismos ofendidos quieren barra libre para odiar a Carmena, a Garzón, a Espinar o a Rommy Arce. Lo grave no es esto, lo graves es que cuenten con la connivencia de la justicia.