Opinión
Dos fronteras, dos Europas
Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM.
La Unión Europea lleva varios años aprendiendo a hablar el lenguaje de las amenazas híbridas. Sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación, interferencias electorales, drones sobre infraestructuras críticas y, también, instrumentalización de los movimientos migratorios forman ya parte del vocabulario de seguridad europeo. El Consejo de la UE volvió a recordarlo el pasado marzo al incluir expresamente la instrumentalización de la migración entre las amenazas híbridas contra las que la Unión debe estar preparada para actuar.
Sin embargo, no todas las fronteras europeas parecen merecer la misma interpretación. La comparación entre lo sucedido durante los últimos años en la frontera oriental y la crisis de Ceuta de los días 30 y 31 de julio resulta especialmente reveladora. Ante Rusia y Bielorrusia, Bruselas ha construido rápidamente un marco europeo de seguridad. Ante Marruecos, en cambio, la crisis se ha gestionado fundamentalmente como un problema bilateral entre Madrid y Rabat.
La diferencia es difícil de justificar únicamente por la naturaleza de los acontecimientos.
Desde 2021, cuando el régimen de Lukashenko comenzó a facilitar la llegada de migrantes hacia Polonia, Lituania y Letonia, la Unión interpretó aquellos movimientos como una operación deliberada de instrumentalización de seres humanos. Posteriormente, la presión migratoria en las fronteras de Finlandia, Estonia o Polonia con Rusia se ha incorporado al mismo marco. La Comisión habla abiertamente de “guerra híbrida” y la legislación europea permite adoptar medidas excepcionales cuando un tercer Estado utiliza los movimientos migratorios para desestabilizar a un Estado miembro.
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La frontera oriental se ha convertido así en frontera europea en el sentido político más fuerte del término. Una amenaza contra Finlandia, Polonia o Lituania es interpretada como una amenaza contra la Unión.
Con Ceuta ha sucedido algo distinto.
Conviene distinguir cuidadosamente dos momentos. Durante los días 30 y 31 de julio se produjo una retirada o una inacción extraordinaria de las fuerzas de seguridad marroquíes que hizo posible el cruce masivo de decenas de miles de personas. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional señala una situación de permisividad y recoge incluso indicios de que algunos gendarmes orientaron a personas hacia determinados puntos de paso. Eso no permite afirmar que el Gobierno marroquí organizara la operación. Hasta ahora no existen pruebas públicas que permitan atribuir al Majzén la planificación de la crisis. Pero tampoco permite reducir lo sucedido a una concentración espontánea e incontrolable ante la frontera.
Al mismo tiempo, sería igualmente equivocado presentar a las personas que cruzaron como participantes conscientes en una operación contra España. La mayoría eran ciudadanos marroquíes movilizados por una combinación explosiva de desinformación, rumores y desesperación social. La falsa interpretación de que una sentencia del Tribunal Supremo español permitiría permanecer en territorio español a quienes consiguieran alcanzar Ceuta se difundió rápidamente por las redes sociales. Cuando comenzaron a circular imágenes mostrando que era posible cruzar, miles de personas percibieron una ventana de oportunidad. Muchas no tenían un proyecto migratorio previo. La oportunidad creó la migración, no al revés. Esto importa porque la instrumentalización de la migración no convierte automáticamente a los migrantes en instrumentos conscientes. Precisamente la lógica de estas operaciones consiste en utilizar las expectativas, necesidades y vulnerabilidades de personas reales para alcanzar objetivos políticos.
Después llegó una segunda fase. Marruecos volvió a controlar su frontera, aceptó devoluciones y comenzó a colaborar con España de acuerdo con los mecanismos bilaterales existentes. Esa cooperación ha resultado esencial para reducir rápidamente el número de personas que permanecían en Ceuta. Y probablemente ahí se encuentre una de las claves para comprender la prudencia del Gobierno español. Madrid necesita a Rabat.
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La política migratoria europea lleva años construyéndose alrededor de una paradoja. Para recuperar el control de sus fronteras, la Unión Europea ha transferido una parte creciente de ese control a terceros países. Turquía, Libia, Túnez, Egipto, Mauritania o Marruecos se han convertido en piezas esenciales de la arquitectura migratoria europea. Pero externalizar el control significa también externalizar capacidad de decisión. Cuanto mayor es la dependencia de un tercer Estado para impedir salidas, aceptar devoluciones o controlar rutas, mayor es la capacidad de ese Estado para convertir esa cooperación en un instrumento de presión. Y Ceuta ha mostrado esa vulnerabilidad con una claridad extraordinaria.
El Gobierno español parece haber optado por no europeizar políticamente la crisis porque hacerlo habría obligado a plantear una pregunta incómoda: qué ocurre cuando uno de los principales socios migratorios de la Unión deja temporalmente de ejercer el control que Europa le ha delegado. España sí ha solicitado finalmente asistencia operativa de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo. Pero europeizar la gestión de las consecuencias no equivale a europeizar la interpretación política de sus causas.
La comparación con Alemania, en este sentido, resulta especialmente significativa. Después de que a comienzos de agosto apareciera en el aeropuerto de Leipzig/Halle un dron equipado con explosivos, el ministro alemán del Interior afirmó que Alemania afronta prácticamente a diario formas de guerra híbrida que incluyen espionaje, sabotaje, ciberataques y operaciones encubiertas de desestabilización. Las sospechas se dirigen hacia Rusia, aunque la autoría concreta continúa siendo objeto de investigación. La respuesta ha sido reforzar las capacidades antidrones y situar el episodio dentro del marco general de la amenaza híbrida contra Europa.
¿Por qué un episodio sospechoso en Leipzig se integra inmediatamente en la seguridad europea mientras una apertura de facto de la frontera exterior de la UE durante horas permanece fundamentalmente encapsulada en las relaciones hispano-marroquíes? La respuesta tiene que ver con la geopolítica.
La UE ha concentrado desde 2022 una parte enorme de sus recursos políticos, militares y conceptuales en la amenaza procedente del Este. Es comprensible. Rusia libra una guerra contra Ucrania y desarrolla actividades híbridas contra Estados europeos. Pero esta concentración ha generado también una jerarquía de amenazas en la que las preocupaciones de seguridad de los Estados de la frontera sur aparecen sistemáticamente subordinadas.
Existe además otra incomodidad. Marruecos no es Rusia. Es un socio estratégico de Estados Unidos, mantiene una cooperación militar creciente con Israel y ocupa una posición central en la política occidental hacia el Magreb y el Sahel. Cuestionar su papel implica introducir tensiones dentro de una arquitectura de alianzas que Europa considera necesaria para su propia seguridad.
Aquí aparece una contradicción adicional. Varios Estados europeos profundizan simultáneamente su dependencia de la tecnología militar israelí. Finlandia, por ejemplo, ha prolongado hasta 2034 su marco de cooperación en investigación, desarrollo y adquisición de material de defensa con Israel, además de haber adquirido el sistema antimisiles Honda de David, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos. El acuerdo finlandés fue firmado en 2023, aunque su existencia se conoció públicamente a finales de agosto de este año por un valor cercano a los 317 millones de euros. Otro ejemplo, Grecia acaba de firmar un acuerdo de unos 3.000 millones de euros para construir con tecnología israelí su nuevo escudo de defensa aérea.
La cuestión, por tanto, no consiste en sugerir una conspiración entre aliados ni en establecer causalidades que no pueden demostrarse. Consiste en observar algo mucho más sencillo, esto es, que las amenazas nunca se interpretan en un vacío político. Se definen también en función de quién las produce, qué relaciones estratégicas existen con ese actor y qué costes tendría enfrentarse a él.
La UE ha aprendido a identificar la instrumentalización de la migración cuando procede de sus adversarios. Le resulta mucho más difícil hacerlo cuando la vulnerabilidad nace de la relación con sus socios. Y ese es precisamente el problema que Ceuta debería obligarnos a discutir. Una frontera exterior cuya seguridad depende de la voluntad de cooperación de un tercer Estado no es una frontera plenamente controlada. Es una frontera negociada. Mientras esa cooperación funciona, la externalización parece eficaz. Cuando se interrumpe, aunque sea durante unas horas, aparece la dependencia y la vulnerabilidad que permanecía oculta.
La frontera sur no necesita menos Europa. Necesita que Europa aplique allí los mismos criterios de seguridad, solidaridad y responsabilidad política que considera imprescindibles en su frontera oriental. Porque Ceuta no es únicamente la frontera de España con Marruecos. Es también frontera exterior de la Unión Europea. Y la seguridad europea no puede depender de dónde empieza el mapa ni de quién se encuentra al otro lado.
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