La exclusión digital entre las personas de mayor edad es un hecho. Esta situación puede llegar a suponer una vulneración de derechos, dado que cada vez más se prestan multitud de servicios exclusivamente de forma digital. No proporcionar opciones no digitalizadas en la relación con la Administración Pública, la banca, las compras, la cultura o el ocio puede llevar, en el mejor de los casos, a una pérdida de autonomía porque se precisa de una tercera persona y, en el peor, a una exclusión que aumenta más el aislamiento que muchos de nuestros mayores ya padecen. Es el edadismo digital.

El INE considera que usar internet de manera frecuente es acceder al menos una vez a la semana –puedo oír desde aquí su risotada al leerlo-. Pues bien, a pesar de que no se trata de una asiduidad para tirar cohetes, las últimas estadísticas evidencian que mientras que la franja de edad de 16 a 64 años no baja en ningún caso del 90%, cuando se salta al rango 65-74 años sólo las mujeres superan ligeramente el 78%. Para edades superiores a los 75 años, sencillamente, no hay datos, a pesar de que la esperanza de vida media en España se sitúa en los 84 años.

Así pues la primera discriminación con que nos topamos es la estadística. Para resolver la brecha digital entre las personas más mayores es preciso disponer de datos que muestren esa realidad. Unos datos que, como sucede con otras franjas de edad, deberían esta desglosados y, a ser posible, sin establecer un tope superior.

Un grupo de profesoras e investigadoras (Mireia Fernández Ardèvol, Sara Suárez Gonzalo e Isabel Sáenz Hernández) de la Facultad de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicado este año un informe en el que advierten de esta brecha digital que, muy especialmente, se da en personas mayores de 75 años. Aunque su estudio centra la mirada en Catalunya, sus conclusiones son perfectamente extrapolables al resto de la población.

Una de las primeras realidades que expone la investigación es que si la pandemia aceleró los procesos de digitalización tanto de la Administración Pública como de las empresas por motivos obvios –superar el confinamiento y las posteriores restricciones-, la brecha digital entre las personas mayores también se acentuó más.

Tal y como señala el informe, “la brecha digital es interseccional, ya que las desigualdades digitales, sociales y económicas se entrecruzan entre sí”. En este sentido, las autoras se refieren a la brecha sociodigital para ilustrar que esta desigualdad digital es otro tipo de desigualdad socioeconómica. El nivel educativo e, incluso, el género tienen mucho que ver también en esta brecha por lo que, como expone el estudio, “ser mujer, pensionista o tener un bajo nivel educativo se asocia a niveles de uso de internet por debajo de la media”. El dibujo que presentan las cifras del INE coincide, revelando que a medida que se eleva el nivel de estudios, también lo hace el porcentaje de usuarios frecuentes de internet, destacando que la brecha de género más alta según nivel de estudios se sitúa en la franja de quienes tienen menos que educación primaria, con un valor de 17,8 puntos a favor de los hombres.

En cuanto a los usos, nuestros mayores utilizan internet fundamentalmente para comunicarse a través de aplicaciones mensajería instantánea. Sin embargo, las investigadoras destacan cómo en Catalunya existe un gran diferencia entre la franja de 65-74 años, donde el 100% que utiliza internet lo hace por este motivo, frente a los mayores de 75 años, donde la cifra desciende al 41%. Otros servicios como la banca on-line apenas supera el 21% en los mayores de 75 años, frente al 62% del rango 65-74 años.

La última estrategia España Digital 2026 contempla diversas iniciativas para reducir la brecha digital de las personas mayores, dentro del Programa Europa Digital (DIGITAL) que proporciona financiación estratégica para responder a retos como éste. En esta línea, por ejemplo, iba encaminada la creación de una red de 1.050 centros de capacitación digital, dotada con casi 30 millones de euros para las Comunidades Autónomas. Esta iniciativa iba especialmente dirigida a personas mayores de 55 años con bajo nivel educativo y con un objetivo de formar a cerca de 55.000 personas al año. Una formación, además, que ha de ser continua dado el ritmo de innovación pues, como destaca el estudio, “cada innovación que triunfa en el mercado puede excluir a las personas que no tienen capacidad para hacer un uso autónomo e informado”.

Y es que la alfabetización digital es una de las principales barreras, pero no la única, también lo es el poder adquisitivo para poder pagarse una conexión a internet o dispositivos con los que conectarse, sin olvidar un diseño universal para asegurar que el máximo número de personas pueda utilizarlos sin necesidad de adaptaciones específicas. Las investigadoras de la UOC ponen como ejemplo de esto último el caso de la banca on-line, que continúa sin un equilibrio entre competencias y diseño universal.

En este escenario, repasando las recomendaciones que realizan Fernández Ardèvol, Suárez Gonzalo y Sáenz Hernández, no sólo basta con articular acciones, planes y estrategias que garanticen el reconocimiento de las tecnologías digitales e internet como bienes públicos de acceso universal, también urge desarrollar programas para dotar a las personas mayores de competencias digitales y que tengan una continuidad, extender la sensibilización al sector privado y promover un diseño inclusivo. Resolver las carencias económicas que también tiene este colectivo es otra de las grandes asignaturas pendientes.

Las autores destacan que en esta vorágine digital no dejen de prestarse servicios analógicos que eviten los efectos negativos de la digitalización forzada y garanticen los derechos básicos de toda la ciudadanía, especialmente en lo referido a servicios esenciales.