Estamos en una etapa de incertidumbre política y electoral. Existe la incógnita de la duración del actual Gobierno y la posibilidad de elecciones anticipadas. La duda es sobre el sentido de la próxima mayoría parlamentaria y el posible cambio de ciclo político. El clima político es el de una campaña preelectoral prolongada, con su tensión y competencia.

Según los estudios demoscópicos existen lecturas contradictorias. La mayoría de las encuestas de agencias privadas publicadas en medios de derecha ofrecen una amplia mayoría parlamentaria a las derechas estatales (PP y Vox), en torno a 200 escaños. En contraposición, el CIS, más claramente, y 40dB, ofrecen la posibilidad de victoria de las izquierdas estatales (PSOE y Sumar), con apoyo nacionalista.

La idea dominante es que la derecha cree en su victoria en las próximas elecciones generales, que no para de pedir. No obstante, su ansiedad deviene de que las izquierdas pueden ganarlas, si tienen condiciones favorables, aciertan con sus estrategias y, particularmente, si superan la división electoral de la izquierda alternativa.

El debate gira en torno al agotamiento del ciclo político e institucional de progreso, el posible cambio derechista y reaccionario y la división de la izquierda del Partido Socialista y su impacto. Se trata de abordarlo con rigor.

Desde prácticamente el primer día, el Gobierno de coalición progresista ha sido desacreditado por la oposición sistemática de las derechas de PP y Vox, que lo han tachado de ilegítimo, contrario a España y su ciudadanía. Pero, además, machacan la idea de que iba a ser breve y, cada poco tiempo, reclaman elecciones generales anticipadas, pensando en ganarlas y abrir una nueva etapa de involución derechista.

Ya se ha pasado la mitad de la legislatura y el presidente del Gobierno insiste en que convocará elecciones en el año 2027, con la consiguiente frustración de las derechas y su ansia de recambio del poder gubernamental, que suponen al alcance de su mano. No obstante, dada la composición parlamentaria, las derechas estatales no tienen capacidad para ganar una moción de censura y los socios de investidura -de momento- tampoco están interesados en hacer caer al Ejecutivo.

La decisión de adelantar las elecciones generales está en manos del presidente Pedro Sánchez. Y éste solo las va a convocar si tiene posibilidades de ganarlas, o si la gobernabilidad se hace insostenible, tal como promueven las derechas políticas, mediáticas y judiciales, utilizando todos los resortes de su poder, que es mucho. Es decir, según indiquen los datos demoscópicos sobre el coste social del bloqueo institucional, la (des)legitimación gubernamental y su expectativa electoral, que confluyen en la decisión presidencial de anticiparlas (o no).

Se dibuja un elemento decisivo para no dar por finalizado este ciclo político y reeditar una etapa progresista: la credibilidad de las izquierdas sobre una agenda transformadora real y su fuerte compromiso para continuarla en la próxima legislatura. Ello permitiría la activación social y electoral progresista y la disminución de la tendencia abstencionista o desafecta de izquierdas, considerando que hay muy poco trasvase electoral hacia las derechas. El Partido Socialista parece que tantea una línea discursiva más confrontativa con las derechas, pero está por ver si su estrategia es suficiente para frenar el acoso derechista, a todos los niveles, y legitimarse y consolidar su electorado.

La cuestión es que esa dinámica de progreso solo va a ser posible si, al mismo tiempo, se genera una amplia reactivación cívica por una agenda social y democrática, como ha demostrado el masivo movimiento solidario con Palestina y contra el genocidio del Estado israelí. La solución vendrá más del campo sociopolítico y cultural, no tanto del ámbito institucional.

Además de la incertidumbre sobre la relación de fuerzas entre las derechas estatales y las izquierdas y fuerzas progresistas o democráticas, existe otra gran dificultad para garantizar la continuidad de la gobernabilidad de las izquierdas: la división de la izquierda del Partido Socialista, particularmente entre Sumar y Podemos, que anuncian su presentación electoral por separado, con pretensiones de su respectiva primacía. Casi todas las encuestas ofrecen un porcentaje, entre ambas formaciones, algo superior al 10%, es decir, solo un poco inferior al conseguido, de forma compartida, el 23J (12,3%); incluso el último CIS les da ese mismo porcentaje.

A pesar de las tensiones y la división en ese espacio de izquierdas diferenciado de la socialdemocracia, y tras los tres millones de votos conseguidos en las últimas generales, a lo largo de estos dos años todavía mantienen, con un nivel de participación similar al de 2023, según el conjunto de encuestas, un suelo de más de dos millones y medio de votantes. Ese campo electoral parece consistente y se resiste a ir hacia el PSOE, la izquierda nacionalista o la abstención, aun con una bolsa significativa de votantes indecisos. La distribución aproximada y duradera de ese electorado básico es de más de millón y medio para el conjunto de Sumar y en torno a un millón para Podemos, o sea, en una proporción de seis y medio a tres y medio, aunque en escaños aumentaría la distancia.

De momento, por lo que se comprueba en estos dos años, en un contexto externo desfavorable, no hay suficientes mimbres políticos y organizativos en los liderazgos del conjunto de la izquierda alternativa, política y social, para evitar su división y su declive representativo y de influencia reformadora, institucional y político-cultural.

Son evidentes las dificultades para afrontar los retos políticos, estratégicos y orgánicos y poder remontar esa dinámica y levantar una trayectoria consecuente en beneficio de la mayoría social y generar nuevas perspectivas de cambio de progreso frente a la amenaza derechista.

La división se confirma por ambas partes, que se reafirman en sus respectivas hipótesis y estrategias, exigen su primacía política y expresan sus prevalentes expectativas electorales. La demoscopia todavía no aporta suficientes pruebas creíbles, frente a las cerradas opciones. Queda la experiencia de las elecciones autonómicas anticipadas de Andalucía y Castilla León. Los núcleos dirigentes, en todo caso, deberán asumir sus responsabilidades ante los efectos de sus decisiones.

Solo cabe, aparte de contar con la débil consistencia de las estructuras orgánicas existentes, la respuesta sociopolítica desde abajo y desde afuera, en la medida que se active una amplia movilización cívica, con el refuerzo de una estrategia transformadora, una regeneración cultural y democrática y la reestructuración plural de las élites asociativas y partidarias.

Colectivamente, habrá que aprender de los errores y sus consecuencias, evitar un desgaste mayor y reconstruir el espacio alternativo y su representación. Los liderazgos se generan y se recomponen al afrontar las encrucijadas estratégicas y demostrar su capacidad articuladora. Estamos a las puertas de un cambio de ciclo. Las crisis también constituyen una oportunidad. Veremos.