A nadie bien informado debería sorprender que, medio siglo después de la muerte del dictador y con una lentitud elefantiásica en la construcción democrática, aún coleen leyes franquistas que, entre otras cuestiones, como la laicidad o un referéndum sobre la monarquía, también han impedido conocer en profundidad la dictadura de Franco, su tránsito a la democracia o la vasta lista de violaciones de derechos humanos ejecutadas por el caudillo y sus cómplices; también posteriormente por los que le sobrevivieron y le sobreviven. De Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, que ostentó varias responsabilidades con Franco en el poder, durante la Transición y aun en democracia -sin que se nos cayera la cara de vergüenza-, recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en 1977 anunció la destrucción de documentos policiales para limpiar el expediente a quienes habían sido presos y presas políticas una vez aprobada la ley de amnistía. Obviamente, no había tal buena voluntad en el responsable de la matanza de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, sino la retorcida intención de llevarse por delante pruebas de las citadas violaciones de derechos humanos por parte de los franquistas.

La ley de Secretos Oficiales en España data de 1968 y es en 2025, 57 años después, cuando el Gobierno de coalición ha aprobado en Consejo de Ministros un texto de reforma que ahora tendrá que pasar por el Congreso y que, seguramente, no cuente con el apoyo de la (ultra)derecha de PP y Vox por estrictas razones de consanguinidad con el difunto Manuel Fraga, compañero franquista de Martín Villa, antecesor de Feijóo en la Presidencia de la Xunta de Galicia y al que hoy dejan en pañales muchas de las proclamas inhumanas de Santiago Abascal. 

Los y las mejor pensadas del PSOE y Sumar sostienen que, una vez pase el trámite parlamentario y si se aprueba, la reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales, que pasaría a llamarse ley de Información Clasificada, nos permitirá disponer de datos tan relevantes como los que afectan al golpe de Estado del 23-F -con su "elefante blanco" y todo- o al terrorismo de los GAL de "X", igualmente de Estado. Sobre los crímenes de la dictadura o la Transición, los interlocutores de esta plumilla se muestran más escépticos; al fin y al cabo, Martín Villa siempre estaba allí y siempre estuvo aquí. 

El proyecto de ley de Información Clasificada incluye algo muy positivo, que aunque parece de sentido común, no se contemplaba: las violaciones de derechos humanos no son materia clasificable en ningún caso. Hemos tenido que llegar a 2025 para asumir semejante obviedad y, lo que es peor, hemos estado convencidas de vivir en una "democracia plena" que no consideraba este detalle durante medio siglo. Si la ley sale adelante, y teniendo en cuenta este punto sobre derechos humanos, tal vez podamos acceder a la información clasificada sobre por qué Aznar nos metió en un guerra ilegal en Irak y confirmar si había (o no) alguna razón más que la de besar la bota con la que Bush jr. pisoteó Naciones Unidas. También podríamos saber del giro de 180 grados que ha dado este Gobierno con la soberanía del Sáhara, poniéndose del lado de Marruecos. Incluso, de aquellas relaciones con el genocida Estado de Israel que no acabamos de romper del todo.

Son muchas cosas y no conviene hacerse ilusiones con el secreto de la oficialidad en asuntos tan delicados como los expuestos cuando, aún hoy, por ejemplo, resulta imposible enterarse de quiénes son todos los asesores de los ministerios del Gobierno, como ha denunciado la plataforma Civio tras un largo trabajo de investigación y reclamaciones al Consejo de Transparencia. La propuesta de reforma de la ley de 1968, además, sigue apostando por las sanciones en caso de revelación de información clasificada, aunque las rebaje a administrativas (multas) en función del derecho a la libertad de información, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Esta contradicción (¿sanciones al derecho constitucional a la información?) tendrá que explicarse muy bien o eliminarse, sin más, pues podría retrotraernos a momentos muy oscuros relacionados con los casos Assange o Snowden, entre otros. Hay trabajo.