En las últimas semanas el debate sobre quién es el responsable de la desigualdad rampante, sobre todo, en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, señalando a los jubilados como privilegiados o a los migrantes como aprovechados, frente a los jóvenes, boomers, y otras víctimas de la situación, no hace más que esconder y tratar de ocultar a los verdaderos responsables del porblema. Algo así como señalar a la luna, para que no miremos el dedo. 

Los causantes de la situación son precisamente y a su vez, los que señalan los supuestos privilegios de los jubilados, y los que no dicen ni mú sobre el hecho de que los salarios de los jóvenes sean devorados por los precios de los alquileres o las hipotecas, aunque sí se les suele escuchar poner el grito en el cielo cuando se plantea la posibilidad de regular los precios de la vivienda. Y es entonces, cuando reaparecen, unas veces diciendo que habría que privatizar el sistema de pensiones porque "la cosa" es insostenible y otras veces diciendo que eso de regular no funciona, que ellos lo saben y que lo dicen "los expertos", que aquí lo que resuelve la situación es enfrentar a nietos, hijos y abuelos entre ellos y, por supuesto: construir, construir y construir.

Llegados a este punto, conviene dejarlo claro: que no nos engañen.

El problema no es entre jubilados y boomers, ni entre "los de aquí" y "los de fuera", ni siquiera entre okupas, inquilinos y pequeños propietarios, el problema es de clase. Es de quienes acumulan y poseen casi todo, frente a las mayorías sociales que no tienen capacidad de tener casi nada.

Los migrantes de segunda o tercera generación, los jóvenes, boomers, e incluso los jubilados que son ahora sus padres y cuyo "privilegio" pasa por hacer tuppers, ayudar a pagar a sus hijos el alquiler, o hacer posible la conciliación frente a la ausencia de políticas públicas reales, forman parte de la misma clase social. No son enemigos, ni siquiera, aunque tengan un pequeño apartamento en la playa y eso sea algo, con lo que, los de nuestra generación, jamás podamos soñar. Son aliados, y deben serlo frente a quienes no lo son, bancos, fondos buitre, rentistas y multipropietarios que acumulan más de cinco viviendas y que, por cierto, han aumentado un 121% en la última década como ha apuntado el investigador del CSIC Javier Gil en la revista Papers, 110 (4) "De la burbuja inmobiliaria a la generación inquilina: propiedad, alquiler y rentismo tras la crisis de 2008", y demostrará en el estudio que  publicará próximamente.

El debate de la redistribución, que muchos no quieren reabrir, tiene que poner el foco en los grandes patrimonios que pagan muy pocos impuestos y que incluso están subvencionados y dopados para especular.  Estas clases están protagonizando un creciente acaparamiento de vivienda, un bien de primera necesidad, no sólo sin ningún tipo de impedimento sino promocionados y dopados institucionalmente.  

No en vano, el peso de las rentas del trabajo en algunas zonas nobles de Madrid está por debajo del 50% de los ingresos, mientras que en barrios populares llega a superar el 85%. La línea divisoria no es la edad ni la nacionalidad, es la clase social.

Resulta ilustrativo que los programas de televisión de prime time y las redes sociales estén plagados de esos relatos alimentados por la ultraderecha que enfrentan a la ancianita que complementa su pensión con la precariedad del inquilino que no puede asumir una subida del doble del alquiler, en lugar de ilustrar cómo ya son cada vez más los inquilinos que se organizan y se plantan ante rescisiones unilaterales de contrato o deciden organizarse para demandar colectivamente las prácticas abusivas del rentismo ante los tribunales.

Resulta ilustrativo que, a su vez, los que prometen solucionar mágicamente el problema de la vivienda, únicamente a través de la construcción de más viviendas, sean los mismos que llevan viviendo desde hace décadas de la sopa boba de la especulación; bancos, constructoras, promotoras e inmobiliarias y rentistas aspiracionales como los "inmobros".

Se hace pues imprescindible una articulación social y política en torno a intereses comunes de las clases populares frente a quienes parasitan el trabajo de otros y pretenden enfrentar a los últimos contra los penúltimos.  

Más lucha de clases y menos guerra entre pobres. Sólo teniendo claro esto podremos estar más cerca de la justicia social.